La ex presidenta argentina Cristina Fernández fue procesada por asociación ilícita y administración fraudulenta. El procesamiento se enmarca en la causa que investiga si durante sus gobiernos se desviaron fondos estatales mediante los contratos de obra pública asignados a Austral Construcciones, una empresa de Lázaro Báez, en Santa Cruz. Además del procesamiento, el juez Julián Ercolini ordenó el embargo de 10.000 millones de pesos argentinos (645 millones de dólares). Ercolini también procesó a otras diez personas, entre ellas el propio Báez y los ex funcionarios Julio de Vido y José López.
Basándose en los argumentos de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, el juez consideró que las obras públicas concedidas en Santa Cruz a Austral Construcciones no estaban dirigidas a “equilibrar” un “desarrollo geográfico regional que consolidara el federalismo”, sino a “apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”. En coincidencia con los fiscales, Ercolini indicó en su fallo que la asociación ilícita se creó durante el gobierno de Néstor Kirchner y se mantuvo en las administraciones de Fernández.
En sus declaraciones ante la Justicia por esta causa la ex presidenta aseguró que no se benefició a Austral Construcciones y exigió que se analizara el otorgamiento de toda la obra pública durante su gobierno para verificarlo, un pedido que fue descartado por los fiscales. La ex presidenta ya había sido procesada en mayo por el juez Claudio Bonadio en la causa conocida como “Dólar Futuro”, por el delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública”.