El 60% de los brasileños está en contra de la Propuesta de Enmienda Constitucional 55 (PEC 55), que fue aprobada ayer en el Senado y que se prevé que sea promulgada mañana por el Congreso. La norma limita el crecimiento del gasto público por los próximos 20 años, y establece que cada año sólo puede aumentar lo mismo que la inflación del año anterior. Según la opinión de 62% de los brasileños, este congelamiento del gasto público causará más problemas que soluciones, sobre todo en la educación (51%) y el transporte público (47%).

El gobierno argumenta que los recursos destinados a los servicios públicos y a programas sociales son suficientes pero están mal distribuidos, aunque tampoco impulsa proyectos dirigidos a asegurar otra distribución. Sostiene, además, que el congelamiento del gasto impide que este se dispare por encima de la inflación, como pasó durante los gobiernos de Dilma Rousseff y de Luiz Inácio Lula da Silva, que, en épocas de bonanza económica, apostaron a los servicios públicos y los programas sociales.

El proyecto fue votado en las dos cámaras del Congreso dos veces, la última de ellas ayer, y las votaciones siempre fueron acompañadas por movilizaciones en contra de la iniciativa. Ayer miles de personas protestaron en una docena de ciudades contra la PEC 55. En Brasilia, cerca del Congreso, cientos de manifestantes se enfrentaron con la Policía, que los reprimió con gases lacrimógenos. Otros intentaron entrar a la sede de la conservadora Federación de Industrias del Estado de San Pablo, protegida por policías, y rompieron a pedradas parte de la fachada.

Los críticos con la propuesta aseguran que los miles de millones de reales que dejarán de invertirse en el sector público por la reforma repercutirán sobre todo en las personas con menos recursos, que contarán con peores servicios públicos y planes sociales.

En la segunda votación en el Senado la reforma constitucional recibió menos votos a favor que en la primera, 53 a 61. Varios senadores que antes habían respaldado la iniciativa ayer se ausentaron de la sesión y uno cambió su voto. Un asesor de Temer dijo a Folha de São Paulo, bajo la condición de que no se lo identificara, que el gobierno va a averiguar si estos senadores se ausentaron por diferencias con el proyecto y que va a aprovechar el receso parlamentario del verano para reunificar su base aliada. En las dos votaciones hubo senadores del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, al que pertenece Temer, que votaron en contra del proyecto. Estos senadores, entre los cuales están Kátia Abreu y Roberto Requião, respaldaron a Rousseff durante el juicio político y suelen votar en contra de las iniciativas del gobierno de Temer.

Un refuerzo

La aprobación de la PEC es un respiro para el gobierno de Temer, que atraviesa dificultades por las sospechas de que integrantes de su equipo, e incluso él mismo, están involucrados en actos de corrupción.

Son varias las noticias que se sucedieron en este sentido en las últimas semanas, varias de ellas después de que el domingo 4 salieran a las calles miles de brasileños a protestar contra la corrupción. El presidente del Senado, Renan Calheiros, será investigado por un presunto caso de corrupción cometido en 2007, y el lunes fue denunciado por la Procuraduría General por su supuesto involucramiento en el esquema de corrupción de Petrobras. Uno de los ex ejecutivos de Odebrecht, que acordó decir todo lo que sabe a cambio de una reducción de la pena, dijo que Temer pidió al menos un soborno al ex presidente de esa empresa, Marcelo Odebrecht, y mencionó como intermediarios al ministro de Presidencia, Eliseu Padilha, y al senador Romero Jucá, muy cercano a Temer. Estas denuncias se suman a otra que surgió dentro del propio gabinete: el ex ministro de Cultura Marcelo Calero dijo que Temer, Padilha y Geddel Vieira Lima -quien tuvo que renunciar a su cargo de secretario de Gobierno por esta denuncia- lo habían presionado para que modificara una decisión de uno de los organismos dependientes del ministerio.

Con este escenario de fondo, el presidente dedicó la jornada del lunes a reunirse con sus aliados. Después de los encuentros no hubo declaraciones oficiales, pero los diarios O Estado de São Paulo y Folha de São Paulo informaron acerca de la posición que llevó al encuentro el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) a partir de testimonios de integrantes del partido, que integra la alianza de gobierno. Los representantes del PSDB dijeron que no van a dejar de apoyar al gobierno porque quieren colaborar con la “refundación” del país, pero dejaron claro que consideran necesario que algunos de los principales aliados de Temer dejen el Ejecutivo como un gesto de “grandeza” que traería de vuelta la “calma” política.

Quien fue un poco más allá ayer, en la sesión del Senado, fue el jefe de la bancada oficialista, Ronaldo Caiado, de Demócratas, otro de los partidos que respaldan al gobierno. Sugirió que Temer tiene que renunciar y se deben convocar elecciones anticipadas. “Podemos llegar a esta última instancia para perseverar en la democracia, es un gesto mayor para demostrar que nadie gobierna sin apoyo popular. En este momento no podemos tener miedo a una anticipación del proceso electoral, de ninguna manera”, dijo Caiado en la sesión. Agregó que no está pidiendo expresamente la renuncia de Temer, pero sí que “tenga la sensibilidad que no tuvo Dilma” Rousseff, su antecesora: “No hay que provocar a las calles e insistir con una posición que no va a sobrevivir”, indicó.

Caiado aclaró que hablaba a título personal y no anticipando una decisión de su partido, aunque en Demócratas hay divisiones sobre si se debe seguir respaldando al Ejecutivo de Temer. También las hay en el Partido Socialista Brasileño (PSB), que atraviesa problemas internos desde la muerte de su líder, Eduardo Campos, durante la campaña electoral de 2014. Un sector, liderado por su presidente, Carlos Siqueira, considera que el partido debe permanecer en el gobierno, donde incluso ocupa cargos. Otro, encabezado por el ex candidato a vicepresidente por el partido, Beto Albuquerque, considera que “es la hora de salir” del gobierno. El partido, que fue aliado de Rousseff y defendió ideas más cercanas a la izquierda, considera que las propuestas económicas de Temer son demasiado derechistas.

El PSB no pidió la renuncia de Temer, pero sí lo hizo la oposición. Debería dimitir “por la falta de condiciones para gobernar”, según dijo el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado, Humberto Costa. Otra dirigente del PT, Fátima Bezerra, dijo que tiene que renunciar ahora mismo, ya que si lo hace antes de fin de año se harán nuevas elecciones, mientras que si lo hace en 2017 el nuevo mandatario será elegido por el Congreso. “No podemos permitir que el Congreso elija al nuevo presidente”, dijo Bezerra, recordando que más de la mitad de los senadores y diputados están siendo investigados por la Justicia.