La última de las dificultades que enfrenta el gobierno de Macri es la del Impuesto a las Ganancias. Si bien durante la campaña el presidente se comprometió a derogar este tributo que se aplica a los trabajadores, hasta ahora no lo hizo e, incluso, para el próximo año propuso aumentar el mínimo no imponible sólo 15%. Su propuesta fue rechazada por la oposición, que, cuando se une, es mayoría en el Congreso y que aprobó un proyecto unificado que prevé aumentos mayores a ese mínimo. La ley pasará ahora al Senado y en el gobierno se ha manejado la posibilidad de vetarla si es aprobada con las actuales características.

La vicepresidenta Gabriela Michetti calificó a los opositores de irresponsables, en particular al diputado Sergio Massa, en quien el macrismo creyó haber encontrado un aliado al comienzo de su gobierno. Macri dijo que Massa es poco confiable y lo trató de impostor. El presidente afirmó que la oposición estaba haciendo demagogia porque había aprobado aumentos que el gobierno no podía aceptar si quería hacer una planificación fiscal responsable para el año que viene. Por su parte, Michetti dijo que durante 2016 Macri se ha esforzado en “ordenar” la situación económica y financiera para que 2017 sea “un año de crecimiento”.

Esa aseveración recuerda la afirmación que hizo Macri en mayo: “El segundo semestre va a ser mejor, créanme. La inflación va a bajar drásticamente”. El “segundo semestre” es parte ahora de varios chistes en Argentina, todos referentes a esperar cosas que nunca llegaron. Sí llegaron, en cambio, la pérdida de puestos de trabajo estatales y privados, y los escándalos de las empresas off shore en cuyos directorios figura el presidente.

La falta de mejoras económicas y el aumento de las tarifas de los servicios públicos -provocado por la eliminación o baja de los subsidios estatales- han llevado al gobierno a perder popularidad, según las encuestas. De acuerdo con un sondeo de Management & Fit publicado por el diario Clarín, 20% de los argentinos considera que la baja de los subsidios a los servicios públicos fue la peor medida económica del primer año de gobierno de Macri, mientras que 16% cree lo mismo del acuerdo con los fondos buitres. Más de la mitad de los consultados -52%- opina que Macri no cumplió con sus promesas de campaña y 27% sospecha que “no sabe cómo cumplirlas”. Los integrantes del equipo económico también han sufrido las consecuencias de los problemas económicos de Argentina. La popularidad del ministro de Hacienda, Alfonso Prat- Gay, descendió de 67% a 50% y su desaprobación creció de 15% a 32% entre abril y octubre. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, perdió 10% de popularidad entre abril y octubre, y llegó a 40%, mientras que su desaprobación pasó de 25% a 36%.

La opinión de la gente dista de la que tiene el propio Macri sobre su gestión. Consultado sobre qué nota le pondría a su primer año de gobierno, dijo que le daría un ocho.

Hubo varias áreas en las que los cambios impulsados por Macri fueron rechazados por diversos sectores de la población, en algunos caso por promesas de campaña incumplidas. Dos de esas áreas son los casos de ciencia y de derechos humanos.

Una de las noticias durante la conformación del gabinete de Macri fue que se mantendría el titular del Ministerio de Ciencia y Tecnología del gobierno de Cristina Fernández, Lino Barañao. En una conferencia, Barañao argumentó que Macri se había comprometido a mantener las políticas del gobierno anterior en el área: un presupuesto cada vez mayor para el desarrollo científico y tecnológico, y más recursos humanos. Durante la campaña Macri llegó a comprometerse, en una publicación en su perfil de Facebook, a duplicar esa inversión. Sin embargo, en su primer proyecto de ley para el presupuesto de 2017 hizo lo contrario y definió un recorte de casi 20% de los recursos del presupuesto nacional destinados a los organismos públicos vinculados con el área.

En materia de derechos humanos, distintas organizaciones sociales han denunciado retrocesos, el último de los cuales fue el traslado de los militares condenados por delitos de lesa humanidad a Campo de Mayo, un centro penitenciario VIP que había sido cerrado en setiembre de 2013 por “condiciones deficitarias de seguridad” y por reiteradas denuncias de organizaciones sociales de que los presos estaban recluidos en condiciones privilegiadas. El diario Página 12 accedió a los documentos que solicitan estos traslados, que argumentan que las cárceles comunes están sobrehabitadas y por eso se envía a los militares a esas instalaciones.

El fin de semana, organizaciones de derechos humanos harán una movilización por el aniversario del regreso a la democracia, en la que reclamarán por la continuidad de los juicios por los delitos de la dictadura y manifestarán su rechazo al “desmantelamiento de las políticas de memoria”.