Uno de los principales asesores del presidente de Brasil, Michel Temer, renunció a su cargo ayer debido a la divulgación de declaraciones que involucran a varios integrantes del gobierno en la red de corrupción en Petrobras, incluido el mandatario. El asesor especial de la Presidencia, José Yunes, presentó su renuncia irrevocable ayer, después de que el diario Folha de São Paulo informara que en su declaración ante la Justicia Marcelo Odebrecht, ex presidente de la empresa constructora Odebrecht, confirmó que Temer le pidió una coima en 2014.

Odebrecht compareció ayer ante la Justicia y confirmó lo que dijo la semana pasada el ex ejecutivo de la empresa Cláudio Melo Filho: que Temer pidió al entonces presidente de la compañía una coima por diez millones de reales (unos tres millones de dólares). Tanto Odebrecht como Melo Filho coincidieron en la cantidad que solicitó y en que Temer fue quien hizo el pedido. Además, ambos señalaron que la mayor parte de esa plata se destinaría a la campaña de Temer, que en ese entonces era candidato a la reelección como vicepresidente de Dilma Rousseff, y el resto para la de Paulo Skaf, que se postulaba para gobernar San Pablo.

Según la información de Odebrecht y Melo Filho, que están imputados por delitos cometidos en el marco del esquema de corrupción de Petrobras, estuvieron involucrados en los pedidos o en la entrega de la coima Eliseu Padilha, ministro de Presidencia, Wellington Moreira Franco, encargado del programa de privatizaciones del gobierno, y Yunes, abogado de Temer en cuya oficina se habría entregado el dinero. A lo largo del día, los medios brasileños especularon con la posibilidad de que Moreira Franco y Padilha también renunciaran, pero oficialmente eso no sucedió.

Varios dirigentes oficialistas criticaron ayer que se filtren los documentos judiciales referentes a las investigaciones en curso. El vicepresidente del Partido de la Social Democracia Brasileña, Alberto Goldman, dijo que “no se pueden aceptar” las filtraciones, “porque de esa forma se pone a todo el mundo en la misma bolsa: a gente que no cometió crímenes ni irregularidades y a gente que cometió grandes crímenes y es responsable por lo que está pasando en el país”. Por su parte, el ministro del Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes advirtió que es posible que se anulen testimonios brindados a la Justicia si estos se publican en medios de comunicación. También exigió que dentro del Poder Judicial se investigue quién puede estar facilitando información.

A última hora de ayer, el presidente del Senado, Renan Calheiros, incluyó en el orden del día de la sesión de la cámara alta el análisis de urgencia de la Ley de Abuso de Autoridad. El proyecto fue presentado en 1997 por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso y penaliza que jueces y fiscales entreguen información a los medios. En 1997, cuando este proyecto fue aprobado en Diputados, se lo conoció como “Ley Mordaza”.