El caso de los cinco jóvenes de Tierra Blanca se revela cada vez más parecido al de los 43 de Ayotzinapa. En ese caso, los estudiantes desaparecieron tras ser detenidos por la Policía; la versión oficial sostiene que fueron entregados al cártel Guerreros Unidos y que integrantes de ese grupo los asesinaron e incineraron sus cuerpos, que siguen sin aparecer. En el caso de Tierra Blanca, la Fiscalía de Veracruz dijo que su teoría es que sucedió lo mismo: los jóvenes fueron detenidos por la Policía, que los entregó a un grupo del crimen organizado.
Se desconocen las razones por las que se habría producido esta entrega; la versión se respalda en que uno de los detenidos es Francisco Navarrete, un presunto narcotraficante del cártel Jalisco Nueva Generación, el más poderoso en Tierra Blanca. Además de él, están detenidos siete policías, entre ellos el jerarca máximo de la Policía en ese municipio, Marcos Conde Hernández. Páginas de noticias como Sin Embargo y Animal Político informaron que Conde Hernández ya había sido vinculado con al menos 30 desapariciones forzadas cuando estuvo asignado a Cardel, otro municipio de Veracruz, entre 2012 y 2014. Con varias denuncias en su contra, fue trasladado a Tierra Blanca a comienzos de 2015.
Los familiares de los cinco jóvenes no están conformes con los avances de la investigación, y han expresado sus dudas siempre que les fue posible. Semanas atrás reclamaron por la ausencia de resultados en la Fiscalía de Veracruz y se informó que el caso había sido trasladado a la Procuraduría General de la República (PGR). Hacia allí se dirigieron el lunes con sus carteles en cartulinas de colores y una pancarta que dice: “Nos faltan 5”, para exigir respuestas. El sitio Animal Político relata que la tía de uno de los jóvenes, Rocío Arróniz, contó a la prensa que la PGR les dijo que nunca había llegado a investigar el caso.
El abogado de los familiares, Adolfo Estrada, dijo en una improvisada conferencia de prensa: “Nos han estado engañando durante 28 días. Nos hicieron creer que la PGR tenía la investigación del caso, pero aquí nos acaban de decir que no tenían nada, que todo se quedó en la Fiscalía de Veracruz”. Los familiares se fueron de la PGR con la promesa de que se les otorgaría, para hoy, una reunión con la procuradora de México, Arely Gómez. “Queremos que reciba a los padres de los cinco muchachos, con la intención de solicitarle por medio de un escrito que atraiga, ahora sí, la investigación del caso”, dijo Estrada. Entre otras cosas, pedirán que sea relevado de su cargo el secretario de Seguridad de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita.
Falta de confianza
Mientras Arróniz hablaba con los medios fuera de la PGR, otra familiar salió y la alejó del grupo, para contarle que mientras la PGR no les daba ninguna respuesta, la Secretaría de Gobierno publicaba un comunicado informando que habían sido identificados los cuerpos de dos de los cinco desaparecidos.
El comunicado dice que se informan los resultados obtenidos por la Fiscalía General del Estado de Veracruz: se encontraron los restos de dos de los cinco jóvenes desaparecidos en un rancho, al cual no se explica cómo se llegó, en el municipio de Tlalixcoyanse, a unos 50 kilómetros de Tierra Blanca. Allí se encontraron entre 300 y 400 cuerpos incinerados, así como “indicios de que se manipulaban drogas” y de que se cometían “otros ilícitos”.
El comunicado no lo indica, pero trascendió a los medios de comunicación que los cuerpos identificados corresponden a Alfredo González y Bernardo Benítez. Los padres no confían en esta identificación. Adriana González, hermana de Alfredo, aseguró que se trata de un intento del gobierno de “darle carpetazo al caso”. Bernardo Benítez (padre) dijo que van a pedir “una segunda y una tercera prueba”, seguramente al Equipo Argentino de Antropología Forense, para estar “totalmente seguros” de la información. También dijo que, si confirma que su hijo es uno de los fallecidos, “al menos” su familia va a poder darle “cristiana sepultura”.