A fines del año pasado comenzó a ganar lugar en los titulares de la prensa brasileña un segundo gran caso de corrupción que está investigando la Justicia, denominado Operação Zelotes. En el centro de la investigación está el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), un organismo que depende del Ministerio de Hacienda y establece las sanciones que se aplican a las empresas cuando éstas evaden impuestos. Se sospecha que los integrantes de el CARF aceptaron sobornos a cambio de anular esas sanciones (incluidas las multas), por parte de 70 empresas privadas, la mayoría del sector automotor. Como casi todos los casos de corrupción en Brasil, no se limita al pago de dinero entre las grandes empresas y los integrantes del CARF, sino que también envuelve a otras empresas y políticos (que no integraban el CARF), que habrían mediado en el pago de sobornos.
En otra bolsa
La presidenta Dilma Rousseff fue notificada formalmente ayer de una demanda que pide que sea cesada en su mandato. Ésta fue presentada el año pasado ante el Tribunal Superior Electoral por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que denunció que Rousseff abusó de la estructura del Estado durante la campaña y que ésta fue financiada parcialmente con dinero desviado de Petrobras, entre otras irregularidades.
Rousseff recibió la notificación ayer y tiene hasta el jueves 11 para presentar su defensa, al igual que su vicepresidente, Michel Temer, quien está incluido en la misma demanda.
El PSDB pidió en su denuncia que si Rousseff y Temer son encontrados culpables y su mandato es cesado, asuman en su lugar los hoy senadores Aécio Neves y Aloysio Nunes, que conformaban la fórmula presidencial que perdió las elecciones el año pasado.
La palabra “zelote” refiere a quien finge tener celos, y se emplea en este caso porque los integrantes de la CARF pretendían cuidar, o celar, los intereses de Brasil, explicó la Policía Federal, que acuñó el término. Se investigan 74 procedimientos desde 2005 que, según las estimaciones de la Justicia, habrían generado un daño a las arcas del Estado de 1.500 millones de dólares en multas que fueron evadidas por las empresas. Entre otras, en la investigación aparecen Ford, Mitsubishi, Petrobras y Santander, así como otras reconocidas empresas brasileñas y extranjeras, incluido el grupo de comunicación RBS, que trabaja con la cadena O Globo en algunos estados brasileños.
Se trata, según la investigación judicial, de una red de corrupción que funcionó de forma activa al menos desde 2005, e incluso cuando alguno de los integrantes de la CARF dejaba el cargo porque finalizaba su mandato, designaba a alguien de confianza para que continuara con este tipo de procesos. Sin embargo, según la Justicia, la red dio un paso más y sobornó a funcionarios del gobierno para que promovieran o votaran dos medidas parlamentarias que beneficiaron a esas empresas con exenciones tributarias. Justamente por estas medidas la Policía pidió que declararan en la investigación tanto Lula como la actual presidenta, Dilma Rousseff, quienes eran en ese entonces presidente y ministra de Presidencia.
Lula compareció ante la Policía en enero y dijo que no sabía nada de esta red de corrupción. En el mismo sentido, Rousseff sostuvo en un escrito que se dio a conocer ayer que no tenía información al respecto ni “nada para declarar”.
Ayer se filtró en los medios de comunicación un oficio enviado a la Justicia por uno de los delegados de la Policía Federal que investiga el caso, Marlon Cajado. En él se indica que hay indicios sobre el involucramiento de dos funcionarios, el periodista Fernando César de Moreira Mesquita, que trabajaba en el Senado, y Lytha Spíndola, quien es investigada por el presunto cobro de sobornos en la época en la que era asesora del Ministerio de Presidencia cuando éste era dirigido por Rousseff. Cajado agrega que cuenta con documentos que “apuntan a eventuales colaboraciones de otros funcionarios” en la trama, por lo que se seguirá investigando a otros trabajadores del Estado. Entre ellos se menciona a Lula pero no a Rousseff.
El abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, criticó ayer que el documento de Cajado se haya filtrado a los medios, algo que suele pasar cuando en este tipo de investigaciones se involucra al ex presidente, y aseguró que “no hay nada que justifique” esta averiguación y mucho menos que Lula haya pasado a ser considerado “investigado” en vez de “testigo”.
Al igual que otras investigaciones judiciales, ésta avanza por medio de la investigación pero también de las revelaciones de los acusados, que se ven beneficiados con la reducción de penas. Con estas informaciones la Policía va reconstruyendo la trama y se entera de cifras de soborno y personas involucradas. Fue mencionado por uno de los delatores el hijo de Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva; según la versión del delator, él habría recibido 2,5 millones de una de las empresas involucradas en esta trama de corrupción como pago por haber hecho una mediación. Cuando Lula fue interrogado por la Policía, varias preguntas se referían a si él estaba al tanto de que su hijo recibiría ese dinero y a si la mediación de Luiz Cláudio había sido entre las empresas y él. Lula dijo que no estaba al tanto de eso.
Ésta es la segunda operación que lleva adelante la Policía en la que Lula aparece como “investigado”; la primera estuvo vinculada a la red de corrupción de Petrobras. Según los indicios de la Policía, un apartamento de la ciudad de Guarujá que figura a nombre de la constructora OAS sería en realidad de Lula, quien lo habría recibido como parte del pago de un soborno. El ex presidente rechazó estos indicios, por los que podría ser acusado por corrupción y blanqueo de dinero.
También ayer la Justicia decidió reabrir una tercera causa, que había sido cerrada meses atrás, por presuntas irregularidades en la compra, por parte de la Fuerza Aérea, de 36 cazas de combate a la empresa sueca Saab. En este nuevo caso podrían verse involucrados tanto Lula, quien comenzó las gestiones para esta compra, como Rousseff, quien la firmó como presidenta.