El déficit del sector público consolidado -que engloba al gobierno federal, los estados, municipios y empresas estatales- registró en 2015 el más alto nivel que muestra la serie desde que ésta se comenzó a publicar, en 2001. El rojo de las cuentas públicas alcanzó 151.000 millones de dólares, lo que equivale a 10,3% del Producto Interno Bruto (PIB), un crecimiento de 3,6% en tan sólo un año. El informe del Banco Central de Brasil publicado el jueves 29 indica además que en 2015 el déficit primario (la medición clave de la salud financiera de un país, que considera el resultado fiscal sin incluir el pago de intereses de la deuda pública) fue de 1,88% del PIB, el peor resultado para un año cerrado.

El resultado global de 2015 está relacionado con la recesión que se abate sobre la economía norteña y que ha perjudicado la capacidad del gobierno federal, los estados y los municipios de recaudar impuestos y contribuciones. Las medidas para recortar el gasto y elevar los ingresos no consiguieron generar los ahorros que buscaba el gobierno de Rousseff para cerrar la brecha presupuestaria.

Es más, el ajuste fiscal llevado a la práctica por el entonces ministro de Hacienda, Joaquim Levy, tuvo el efecto de confirmar que la economía se encontraba estancada y con bajas expectativas de crecimiento, lo que recursivamente afectó la recaudación fiscal y, de esta manera, abultó el déficit que se quería combatir.

Según los números del Banco Central, la deuda neta de todo el sector público -la diferencia entre la deuda pública total y los activos que el Estado tiene para cobrar- subió de 33,1% del PIB en diciembre de 2014 a 36% del PIB en el último mes de 2015. Por su parte, la deuda bruta también creció el año pasado, lo que afectó y continuará afectando la calificación de la deuda que realizan las agencias que miden el riesgo país. En diciembre de 2015 la deuda bruta alcanzó 66,2% del PIB en comparación con el 63,4% de fines de 2014.

El empeoramiento de los datos fiscales -déficit y deuda- genera temor entre los inversores, y la alta inflación lleva a las autoridades a subir las tasas de interés; esto, a su vez, aumenta lo que paga el Banco Central a compradores de títulos públicos, y esto repercute en el déficit fiscal consolidado.

Pra frente

“Queremos dar continuidad al equilibrio fiscal porque, de lo contrario, todo el sacrificio que se hace, y el que ya se hizo, nos va a ser exigido nuevamente de aquí a unos pocos años”, dijo Rousseff en la última reunión del Consejo de Desarrollo Económico, el jueves 28.

En esa oportunidad, Rousseff insistió en que la fase más difícil del ajuste ya fue superada, y aseguró que ahora “la coyuntura política” requiere que los diferentes actores tengan “disposición al diálogo y [a la] búsqueda de convergencias mínimas”. El consejo reúne a 92 personas procedentes de los ámbitos empresariales y sindicales, así como a representantes de movimientos sociales e intelectuales, y fue convocado por Rousseff para tratar dos asuntos espinosos, además de insistir en la necesidad de retomar el crecimiento.

Medidas delicadas

De acuerdo a la presidenta, es necesario llevar adelante una reforma del sistema de jubilaciones, que no afecte los derechos adquiridos pero la vuelva sostenible en el tiempo. “No somos más un país de jóvenes que se podía permitir postergar indefinidamente una solución a sus desequilibrios previsionales”, dijo en la fundamentación del pedido.

A su vez, volvió a introducir en el debate la restitución de un impuesto a las transacciones financieras, conocido como CPMF, que había sido impulsado antes por Levy y que el sector empresarial rechaza. Sobre esta medida, Rousseff dijo que “es la mejor solución disponible, porque es fácil de recaudar, tiene bajo costo de fiscalización, un impacto bajo sobre la inflación y no es regresiva”.

Para tranquilizar a los empresarios presentes en el consejo, la presidenta aseguró que la medida será transitoria, y agregó: “Si hubiera otra alternativa tan eficiente para ampliar, en el corto plazo, los ingresos fiscales, yo y mis ministros estamos absolutamente disponibles a dialogar”.

La resistencia al nuevo impuesto también se hizo presente ayer en el Congreso, al que Rousseff compareció para presentar el Mensaje del Gobierno con el que abre sus sesiones este ámbito. Allí la mandataria reiteró que se trataría de una medida transitoria y aseguró que la restitución de este impuesto se debatirá “cuanto sea necesario con el Congreso y con la sociedad”, aunque pidió que se “tenga en cuenta” la “excepcionalidad del momento” que vive Brasil. “Es la mejor opción disponible en este momento”, afirmó. Rousseff fue silbada y algunos diputados opositores levantaron carteles en los que se leía “¡Fuera CPMF!”. El barullo fue tal que el presidente del Senado, Renan Calheiros, tuvo que hacer sonar la campana y pedir a los presentes que hicieran silencio ante la presidenta.

Agenda positiva

Tanto en el Consejo de Desarrollo Económico como en el Congreso, Rousseff pasó a la ofensiva y propuso una agenda “positiva”.

Así, el gobierno liberará nuevas líneas de crédito por 83.000 millones de reales (unos 20.000 millones de dólares) para infraestructura, agro, vivienda y capital de giro en las pequeñas y medianas empresas. Estas líneas de crédito estarán disponibles por medio de los bancos públicos BNDES, Caixa y Banco do Brasil.

Esta medida parece ir en la línea de un cambio de rumbo de la política económica, que comenzó con la elección de Nelson Barbosa como sucesor de Levy en el Ministerio de Hacienda. “Necesitamos normalizar la oferta de crédito en el país. El año pasado hubo una caída real en todas las líneas”, destacó Barbosa, y agregó que estas medidas no generan costos adicionales para el contribuyente porque simplemente ponen a disposición recursos que se encontraban ociosos. En una conferencia de prensa posterior al encuentro del consejo, Barbosa aseguró que los nuevos créditos no presionarán la inflación, porque no son recursos nuevos.

También hay petróleo

Adicionalmente, el gobierno de Rousseff planea extender los derechos de exploración de petróleo en zonas ya adjudicadas con el objetivo de fomentar la inversión, según anunció el ministro de Energía, Eduardo Braga, al diario Valor Económico en una entrevista publicada el viernes.

Además, se busca cancelar los derechos de exploración en áreas sin producción durante 180 días, sometiéndolos a una nueva subasta y prorrogando el régimen aduanero especial para equipos petroleros por 20 años más. Según Braga, las medidas generarían hasta 130.000 millones de dólares en inversiones en el sector petrolero, fuertemente afectado por la precipitada caída de los precios del crudo y las denuncias de corrupción en la estatal Petrobras.