El gobierno vasco, la izquierda independentista (conocida como izquierda abertzale) y varios movimientos sociales se han dedicado en los últimos años a buscar un camino para el cierre del conflicto vasco, ante el silencio del gobierno central, sólo interrumpido por una negativa rotunda a participar en cualquier tipo de negociación con ETA. La ausencia de un interlocutor y la multiplicidad de puntos de vista han repercutido en la falta de avances claros y en la fragmentación de la izquierda abertzale, cuyos sectores tienen reclamos muy distintos.
Uno de los puntos en los que esto se ve más claramente es el de los presos de ETA. En enero se realizó, como todos los años en el País Vasco, una movilización multitudinaria en la que se reclamó que los presos sean trasladados a prisiones vascas, cerca de sus familias. Cada año estos pedidos despiertan más solidaridad, a tal punto que incluso algunas organizaciones que reúnen a las víctimas de ETA participaron en la marcha este año.
Además de la movilización convocada por la izquierda abertzale y movimientos afines hubo una marcha alternativa, organizada por el sector Amnistía Ta Askatasuna (ATA). En 2014 esta agrupación, a la que están unidos unos 90 de los 400 presos de ETA, empezó a criticar públicamente a EH Bildu, la coalición de la izquierda abertzale, por “haber renunciado a la amnistía” para los presos. “La izquierda abertzale oficial tiene menos militantes que cuando era ilegal y más liberados que nunca”, dijeron en diciembre en un comunicado -en referencia a los presos de ETA que ya cumplieron su condena-, y sin embargo no muestra su fuerza exigiendo la amnistía, que es “la herramienta más importante para mantener el carácter político del conflicto”, dice ATA.
La organización critica a EH Bildu porque a su criterio se ha “vendido” al sistema político y sostiene que el camino parlamentario “no aporta soluciones a las reivindicaciones de amnistía e independencia”. Algunos de los sectores de ATA impulsaron a fines del año pasado dos episodios de quema de ómnibus en lugares públicos. Este tipo de acciones llevaron a que la propia ETA, en una actitud inédita, emitiera un comunicado de repudio.
Otro camino
Públicamente EH Bildu no ha respondido a estos llamados de atención de ATA, y tampoco lo han hecho los partidos que lo integran, ni siquiera el más grande, Sortu. Sin embargo, discretamente la coalición ha impulsado en los últimos años el camino de los acuerdos puntuales en casos específicos para conseguir el acercamiento o incluso la liberación de presos vinculados a ETA.
Uno de estos acuerdos se alcanzó en enero y consistió en un pacto al que llegaron 35 dirigentes de la izquierda abertzale con la Fiscalía y con las víctimas. Los 35 eran juzgados por pertenecer a ETA, un cargo que se ha imputado en muchas oportunidades a políticos aunque sólo fuera por ejercer su actividad. A raíz de una denuncia presentada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y la agrupación Dignidad y Justicia, la Fiscalía los acusó de intentar revivir, entre 2005 y 2009, a la ilegalizada Batasuna, y pidió para cada uno de ellos penas de siete a diez años de cárcel.
Según el acuerdo alcanzado entre las tres partes, los acusados admitieron haber sido “instrumentalizados” por ETA en el pasado, con el objetivo de “que este reconocimiento contribuya a la reparación a las víctimas del terrorismo por el daño y sufrimiento que se les ha causado”, y asumieron un “compromiso con la renuncia a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia”. A cambio, sus penas se redujeron a un año y medio o dos de prisión e inhabilitación para asumir cargos políticos. En los hechos, esto implica que no irán a la cárcel, ya que el juez puede suspender la pena si la condena es de dos años o menos y quien la recibe no tiene antecedentes penales. Justamente, el acuerdo también establecía que los acusados no irían a prisión debido al “reconocimiento de los hechos” y su “voluntad de reparar a las víctimas del terrorismo”.
El acuerdo generó escepticismo y debates, pero también una mayoría de lecturas positivas, incluso desde las agrupaciones de víctimas. Quienes sí lo criticaron fueron ATA y otras agrupaciones similares, que lo consideraron una señal de la renuncia a la amnistía.
El presidente de Sortu, Hasier Arraiz, dijo que con este convenio “se ha conseguido cierta bilateralidad entre las partes: el Estado, las víctimas y la izquierda abertzale”. Además, planteó que “si hay voluntad de todas las partes” puede llegarse a este tipo de acuerdos para reducir las penas de los presos de ETA con el objetivo de “vaciar las cárceles y que nadie más tenga que ir a prisión por motivos políticos”. Agregó que “los pasos los decidirán los propios presos”, aunque tiene que tratarse de un proceso que “debe obedecer a decisiones colectivas, como ha sido siempre”.
Los dirigentes procesados, algunos de los cuales integraban la cúpula de Batasuna y todavía ocupan cargos destacados en la izquierda abertzale, se pronunciaron en el mismo sentido que Arraiz. “Los contenidos del acuerdo satisfacen a todas las partes y deben ser un modelo para continuar solucionando situaciones similares pendientes”, dijeron en una conferencia de prensa en la que leyeron un comunicado. El gobierno nacional no comentó el acuerdo, aunque sí lo hizo la Audiencia Nacional, que lo consideró positivo.
Desigual
Los avances en cuanto a las condenas a los presos por vínculos con ETA no son parejos: en enero la Audiencia Nacional rechazó un pedido del ex portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, para que cuando se cumpla su pena de prisión por presuntos vínculos con ETA, el 28 de marzo, también termine su inhabilitación política. Otegi es secretario general de Sortu y es uno de los pesos pesados de la izquierda abertzale, por lo cual su nombre es manejado, desde hace tiempo, para que lidere la lista de la coalición EH Bildu y sea, por lo tanto, candidato a lehendakari del País Vasco en las elecciones autonómicas de octubre. Pero eso no será posible, porque su inhabilitación para ejercer cargos públicos tiene vigencia hasta 2021.
Los abogados de Otegi argumentaron que hay un antecedente, el del parlamentario de Bildu Iker Casanova, que fue inhabilitado por la Justicia pero, como no se especificó para qué cargos, pudo participar en las elecciones y hoy ocupa su banca en el legislativo vasco. Tras el fallo desfavorable para su defendido, los abogados recurrieron al Tribunal Supremo y anunciaron que si es necesario irán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La negativa de la Audiencia Nacional a reducir la condena de inhabilitación de Otegi no sólo cayó mal en la izquierda abertzale, sino también en el gobierno vasco. El procesamiento de ese dirigente “pertenece a otra época” y “no tiene ningún sentido” que él siga inhabilitado cuando está en libertad, consideró el portavoz del gobierno, Erkoreka. Por su parte, Andoni Ortuzar, presidente del gobernante Partido Nacionalista Vasco, dijo a Radio Euskadi que “toda la salsa que está montando la Justicia española” por este tema “tiene el efecto político de colocarlo en las vidrieras”.
La defensa del dirigente manifestó la semana pasada: “Dada la importancia pública de Otegi no pueden descartarse maniobras políticas y jurídicas que traten de evitar su candidatura”.
Un empujón
En todo caso, no se descarta que Otegi juegue un papel destacado en la previa de unos comicios importantes para la izquierda abertzale, que viene perdiendo terreno. En las elecciones de diciembre EH Bildu obtuvo 36% menos de votos que en las anteriores elecciones nacionales, de 2011, y su presencia en el Parlamento español se redujo de seis a dos escaños. Además perdió varios de los municipios vascos en los que ganó en 2011, en su mayoría en manos de Podemos. Varios integrantes de la coalición han sido autocríticos con el resultado de las elecciones y han reconocido que sus dificultades para encontrar un cierre al fin del conflicto vasco los hace parecer inmóviles, lo cual los ha perjudicado.
Con este escenario de fondo ETA anunció la semana pasada que culminará su proceso de desarme antes de las elecciones de octubre. Así, ETA responde a un pedido que la izquierda abertzale hacía desde hace unos meses y que formalizó este mes en un documento que repartió entre sus bases militantes. Allí, se señalaba que “el Estado español no tiene voluntad política para la resolución” del conflicto y que esto es “una estrategia de Estado y no la política de un gobierno de determinado color o partido”. Ante esta situación, concluye: “No podemos seguir a la espera de la bilateralidad. No la descartamos, tenemos que reivindicarla, pero sin limitarnos políticamente a ello”.
En ese documento, publicado en la prensa el fin de semana y que todavía es debatido en la interna de la izquierda abertzale, también se plantea que tras el desarme y la disolución de ETA se debe proceder a la creación de una Comisión de la Verdad. Si bien se considera “imposible” armar un relato común sobre el conflicto en el País Vasco, sí se considera “necesario” buscar “unas bases mínimas compartidas”.
El anuncio de ETA sobre el desarme refiere a una acción que el grupo llevaría adelante por sí solo, sin la colaboración del gobierno, aunque con la supervisión del Comité Internacional de Verificación de este conflicto.
Dirigentes de la izquierda abertzale manifestaron su alegría por el anuncio, aunque también cuestionaron que se lleve adelante sin el reconocimiento del gobierno. Básicamente subrayan dos aspectos. Uno más conceptual es que ETA considera al gobierno su contrapartida en el conflicto y hacer un desarme sin que éste esté dispuesto a dar pasos similares (por ejemplo, terminar con la persecución) implica una gran renuncia. El otro, más práctico, es que para desarmarse ETA debe movilizar su arsenal, y existe el temor de que, cuando lo haga, sus militantes sean detenidos.