El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil autorizó ayer a la Procuraduría General a iniciar una tercera investigación sobre el presunto involucramiento del presidente de la cámara baja, Eduardo Cunha, en la red de corrupción de Petrobras. Esta tercera investigación se abre debido a las sospechas de que recibió unos 14.000.000 de dólares de tres de las empresas vinculadas con esa trama. En la causa conocida como Lava Jato, Cunha ya está acusado de corrupción y lavado de dinero por haber recibido 5.000.000 de dólares en coimas. Decenas de personas están acusadas en esta investigación, entre ellas varios ex presidentes de las empresas constructoras más grandes de Brasil.
Justamente ayer fue condenado a 19 años y cuatro meses de prisión el ex presidente de Odebrecht Marcelo Odebrecht por delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación criminal. También fueron condenados con penas que van de nueve a 19 años de prisión otros cuatro ejecutivos de la constructora, así como el ex director de Petrobras Renato Duque -el único de los ex directores que no firmó un acuerdo de delación con la Justicia-, que tendrá que pasar 20 años en prisión. A los seis condenados la Justicia les impuso además una multa de más de 60.000.000 de dólares.
La tercera investigación que recae sobre Cunha, que ya derivó en una acusación la semana pasada (aunque el STF todavía no la avaló), refiere a las supuestas cuentas secretas que Cunha tendría en Suiza. Estas cuentas derivaron en otra investigación contra Cunha, pero esta vez en el Congreso. Allí, la Comisión de Ética de Diputados aprobó la semana pasada investigar al presidente del hemiciclo por sospechas de que les mintió a sus colegas al negar la existencia de dichas cuentas. Cunha tuvo éxito ayer con un nuevo intento de demorar esta investigación: presentó ante la Comisión de Constitución y Justicia de Diputados una solicitud de suspensión argumentando que no se le permitió contar con una “amplia defensa”. Con la presentación, el proceso quedó, nuevamente, suspendido.
Envalentonados
El STF ocupa desde hace unos meses un lugar central en las noticias porque no sólo debe autorizar a la Procuraduría General para que investigue o acuse a quienes ocupan cargos políticos, sino que, además, debe definir cómo continuará el proceso de juicio político contra la presidenta Rousseff.
Dirigentes de la oposición han dicho a los medios de comunicación que consideran que los hechos del viernes -cuando la Justicia llevó por la fuerza a declarar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fue acusado de haber recibido beneficios de la red de corrupción en Petrobras- aumentan las posibilidades de que tenga éxito el proceso de juicio político contra Rousseff. Líderes de partidos opositores se reunieron el lunes con el presidente del STF, Ricardo Lewandoski, para pedir que esa corte se pronuncie rápidamente sobre los distintos recursos que se han presentado referidos al juicio político.
En un encuentro posterior, los líderes de partidos como el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Demócratas y el Partido Popular Socialista acordaron cuándo presentarán un nuevo pedido de juicio político. Lo harán después de que el STF habilite el acuerdo de delación premiada que habría pactado Delcídio Amaral, ex líder del gobierno en el Senado. Según la revista Isto É, Amaral dijo a la Justicia que Rousseff aprobó compras con sobreprecios mientras presidía el Consejo de Administración de Petrobras e intentó interferir en la investigación sobre la red de corrupción en la petrolera estatal mediante la designación de un juez para integrar el Supremo Tribunal Judicial. Rousseff desestimó ambas denuncias y la defensa de Amaral no confirmó que ésas hayan sido sus declaraciones.
El líder del opositor PSDB en Diputados, Antônio Imbassahy, dijo además que la oposición acordó impedir que se vote cualquier proyecto en el Congreso hasta que se forme la comisión especial para el juicio político.
El gobierno está esperando que esto suceda y, al igual que sus aliados, quiere enfrentar el pedido de juicio político cuanto antes, dijo en una reunión con líderes de los partidos políticos aliados el secretario de gobierno, Ricardo Berzoini.
En ese encuentro, el Partido Progresista (PP) sugirió que la presidenta cite al Consejo de la República, un órgano interministerial con presencia de la sociedad civil que la Presidencia puede convocar en momentos de crisis.
El PP no es el único que ve en dificultades al gobierno, también lo hace el principal aliado del Partido de los Trabajadores (PT), el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). La cadena O Globo informó ayer que varios líderes de este último partido en distintos estados se están movilizando para que en la Convención Nacional del sábado se someta a votación una resolución que consigne la “independencia” del PMDB respecto del gobierno en el Congreso. De esa forma, los ministros del PMDB podrían mantener sus cargos, pero los diputados y senadores tendrían libertad de voto. Según los promotores de la resolución, ésta cuenta con el apoyo de 60% de los delegados con derecho a voto en la convención, de más de la mitad de los diputados y de un tercio de los senadores.
Peligro de choque
Ésta probablemente no sea, hoy, la principal preocupación del oficilismo. En los últimos días, dirigentes del gobierno y del PT instaron a su militancia a no movilizarse este domingo, cuando se harán protestas a favor del juicio político contra Rousseff convocadas hace más de un mes. En la reunión con líderes aliados, Berzoini se refirió a este tema y dijo que hay preocupación en el gobierno por eventuales enfrentamientos entre unos y otros manifestantes.
Después de varias gestiones de militantes del PT en el gobierno y el Congreso, la Central Única de Trabajadores pidió a sus centrales estaduales que no convoquen a movilizaciones para el domingo. Lo mismo hicieron las direcciones del PT en distintos estados.
Por su parte, el gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, del PSDB, prohibió que se realice una movilización a favor del gobierno de Rousseff. “La situación política se agravó y el domingo estamos preparados aquí, en San Pablo, para ofrecer toda la seguridad para que la gente se pueda manifestar”, pero eso no es posible si hay dos movilizaciones en simultáneo, dijo Alckmin.