Varios líderes del Partido de los Trabajadores (PT) informaron que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva asumirá el Ministerio de Presidencia, un cargo de primera línea del Ejecutivo de Dilma Rousseff.

La decisión del gobierno de incorporar a Lula dio paso a dos lecturas. Por un lado, implica que cualquier acción judicial en su contra debe ser autorizada por el Supremo Tribunal Federal (STF), ya que pasó a tener un fuero privilegiado. Por eso, la oposición dijo que se busca obstruir la acción de la Justicia y anunció que recurrirá a los tribunales para denunciarlo. Sin embargo, el ministro del STF Marco Aurélio Mello recordó en declaraciones a los medios que esa corte ya condenó a varios políticos y dijo que es un “error” pensar que será “benevolente” con Lula.

La otra lectura apunta a que la llegada de Lula fortalece al gobierno de Rousseff. Con un poder de negociación superior al de la mandataria, el dirigente podría darle mayor estabilidad a la coalición de gobierno. Esto valdría tanto para que el Ejecutivo recupere el respaldo pleno del PT como para que retome la buena relación con su principal aliado, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Este partido resolvió el fin de semana que en los próximos 30 días definirá si reformula su relación con el gobierno.

Los medios brasileños hicieron consultas con dirigentes del PMDB sobre cómo influye la llegada de Lula al Ejecutivo. Varios de ellos hablaron, pero pidieron que sus nombres se mantuvieran en reserva. Sobre la base de esas declaraciones de allegados, O Globo informó que para el presidente del PMDB, el vicepresidente Michel Temer, la llegada de Lula empeora la situación. O Estado de São Paulo, también en consultas con dirigentes del PMDB, informó que en la cúpula del partido reina la sensación de que Rousseff estaría “abdicando” y cediendo el mando a Lula.

Esta lectura puede ser respaldada por otro aspecto de la llegada del ex presidente a la Explanada de los Ministros: según los medios de Brasil, Lula pidió a Rousseff “carta blanca” para participar en la articulación de la base aliada, sobre todo en el Congreso, y presidir el Consejo de Desarrollo Económico y Social, un organismo fundado por él y que integra a representantes del gobierno, de empresarios y de trabajadores. Algunos medios informan que Lula también exigió a Rousseff cambios en las políticas económicas, para recuperar el respaldo pleno del PT.

Estaba previsto que el ingreso de Lula al gobierno se diera en la jornada de ayer, que fue clave, porque se revelaron las declaraciones que hizo ante la Justicia el senador y ex líder de la bancada de la base aliada en el Senado Delcídio Amaral, que llegó a un acuerdo de reducción de pena a cambio de revelar información sobre la corrupción en Petrobras. En ese marco, testificó que Lula y Rousseff intentaron frenar el avance de la Justicia en el caso Petrobras y además involucró a casi todos los principales dirigentes políticos de Brasil en casos de corrupción.

Amaral dijo que el actual ministro de Educación, Aloízio Mercadante, que fue mano derecha de Rousseff, intentó sobornarlo para que no colaborara con la Justicia, y que al hacerlo actuó como “emisario de la presidenta”. Dijo que no aceptó el acuerdo porque no tenía garantías de que le entregaran ese dinero. Mercadante negó haber hecho tentativas de este tipo y dijo que el encuentro que mantuvo con un asesor de Amaral (en el que se habría realizado el ofrecimiento) se dio exclusivamente por su propia iniciativa. Por su parte, Rousseff se desentendió del encuentro en un comunicado en el que dice que repudia “con vehemencia e indignación” la tentativa de involucrarla en episodios de este tipo.

Según varios medios brasileños, la Procuraduría General va a abrir una nueva fase de la operación Lava Jato a raíz de las declaraciones de Amaral. En ella se podría pedir el inicio de investigaciones contra la presidenta, entre otros.