En el marco de una reunión que los 28 representantes de la UE tuvieron el lunes con Turquía para buscar soluciones a la crisis de los refugiados, el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, dijo que su país está dispuesto a readmitir a todos los inmigrantes que no recibieron asilo en Europa, así como a todos los que fueron interceptados en sus aguas territoriales. A cambio, Davutoglu pidió que se duplique el financiamiento de la UE a su país hasta 2018, se agilice el proceso de adhesión de Turquía al bloque europeo y se eliminen las visas a los ciudadanos turcos que viajan a Europa. Los líderes europeos aceptaron el acuerdo, que deberá ser ratificado la semana que viene en la cumbre del Consejo Europeo, a la que asistirá el primer ministro turco.

Las condiciones de este acuerdo alarmaron a distintas organizaciones sociales y de derechos humanos, que el martes hicieron público su malestar. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) centró su inquietud en la devolución masiva de inmigrantes. “Me preocupa mucho cualquier acuerdo que implique una devolución masiva de personas desde un país a otro sin aplicar las garantías de protección de refugiados según la legislación internacional”, dijo el martes el alto comisionado de ACNUR, Filippo Grandi, ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El responsable de ACNUR en Europa, Vincent Cochetel, explicó por su parte que “la expulsión colectiva está prohibida por la Convención Europea de Derechos Humanos, y un acuerdo que parece que establece la expulsión directa de extranjeros hacia un país tercero no es compatible con la legislación europea ni con la legislación humanitaria internacional”. Cochetel, además, manifestó que le preocupa que la UE “establezca un acuerdo con un país tercero que tiene menos garantías que uno de los estados miembros” y señaló que “está cansado de escuchar hablar de inmigrantes irregulares” cuando 91% de los que llegan a las costas griegas son sirios, iraquíes, y afganos que están huyendo de un conflicto, “por lo que tienen derecho a protección internacional”. Los dos representantes de ACNUR coincidieron en que una persona que busca asilo sólo puede ser devuelta si cuenta con las garantías de protección necesarias, un punto del acuerdo que, según cuestionaron, todavía desconocen.

Amnistía Internacional calificó la propuesta de “golpe mortal al derecho de buscar asilo” e insistió en que presenta “defectos morales y legales”. La organización dijo en un comunicado que enviar a la gente de vuelta a Turquía en vez de “hacer esfuerzos incondicionales para la reubicación” muestra una actitud “alarmante y miope”.

La directora de Amnistía Internacional en Europa, Iverna McGowan, agregó que este acuerdo es “peligrosamente deshumanizante” y que además “no ofrece ninguna solución sostenible a largo plazo”. Por otro lado, la organización consideró que Turquía no es un “país seguro” para los inmigrantes, ya que “ha devuelto refugiados a Siria” y “no cuenta con un sistema de asilo en pleno funcionamiento”. McGowan agregó que “muchos refugiados en Turquía viven en condiciones terribles, sin una vivienda adecuada, y cientos de miles de niños refugiados no pueden acceder a una educación formal”.

Human Rights Watch, por su parte, coincidió en que Turquía no es un país de asilo seguro para acoger inmigrantes, y, en un comunicado divulgado el martes, criticó al gobierno turco por ser el único en el mundo que, a pesar de haber ratificado la Convención de Refugiados en 1951, aplicará una limitación geográfica para que sólo los ciudadanos provenientes de Europa puedan adquirir el estatus de refugiados en el país. A la vez, mostró su preocupación por “el deterioro de la situación de los derechos humanos en Turquía” e instó a la UE a “abordar urgentemente estas cuestiones” con Ankara. Un día antes, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, salió de un encuentro con el primer ministro turco diciendo que, a pesar de estar “en pleno desacuerdo” con el gobierno de Turquía en algunas cuestiones, su cooperación es necesaria para “ayudar a los refugiados”. Human Rights Watch agrega en el texto que el acuerdo pone en juego no sólo el “sistema de asilo de la UE”, sino “la integridad de los valores europeos”.

Por otro lado, la organización Médicos sin Fronteras denunció la actitud “cínica” e “inhumana” de los líderes europeos al pactar un acuerdo que “reduce las personas a meros números, negándoles un trato humano y desechando su derecho a buscar protección”, según criticó Carlos Ugarte, integrante de la filial del organismo en España. “Es obvio que Europa está dispuesta a hacer cualquier cosa, incluso poner en peligro derechos humanos esenciales y principios de la legislación sobre refugio y asilo, para detener el flujo de refugiados y migrantes a Europa”, agregó. Ugarte pidió a los líderes europeos que dejen de alimentar una crisis “que han contribuido a crear con sus propias políticas” y proporcionen “la única respuesta realista y humana”, que en su opinión es “un camino seguro y legal y protección y asistencia humanitaria a quienes la necesitan”.

Poniendo el foco en que 40% de las personas que llegan a las costas de Grecia son niños, niñas y adolescentes, UNICEF también mostró su preocupación por el acuerdo y pidió a las autoridades europeas y turcas que cumplan con la ley internacional que obliga a proteger a los menores, especialmente a aquellos que tienen el derecho de exigir protección internacional.

Todo legal

El representante de Migración y Asilo de la Comisión Europea, Dimitris Avramópulos, aseguró el martes que el acuerdo “cumplirá con la ley europea y la internacional”, en un intento por calmar las aguas.

En un debate que se realizó ayer en el Parlamento Europeo, Manfred Weber, el jefe del Partido Popular Europeo -que reúne representantes de partidos de derecha de distintos países-, aseguró que con este acuerdo “empieza a verse una solución concreta y duradera para poner fin al contrabando de personas y a la inmigración irregular”. Sin embargo, advirtió que Turquía “debe cumplir con todas las normativas” para que la UE pueda brindar las compensaciones que exigió a cambio.

El líder de la bancada socialdemócrata, Gianni Pittella, dijo que el acuerdo “representa un paso necesario”, pero “no puede ser una cortina de humo que justifique todo lo que se hace con los refugiados”. Además, avisó a Turquía: “No es un cheque en blanco, porque debe respetar todas las normas del derecho internacional”. Sin embargo, este tema dividió a los socialdemócratas europeos. Integrantes del Partido Socialista Obrero Español, por ejemplo, manifestaron su desacuerdo con este plan. Los representantes liberales en el Parlamento Europeo lo apoyaron, mientras que para la vocera de la bancada de izquierda, Gabriele Zimmer, el acuerdo con un país que “está lanzando bombas a los kurdos que luchan contra Estado Islámico” es “inaceptable”.