Fiscales del estado de San Pablo que desde hace dos años investigan a Luis Inácio Lula da Silva presentaron ayer cargos contra el ex presidente de Brasil. Sospechan que le pertenece a su familia un departamento lujoso frente a la playa de la ciudad de Guarujá, que, según ha dicho Lula, nunca fue suyo y que oficialmente está registrado a nombre de la empresa de ingeniería OAS. Los funcionarios de la Fiscalía acusaron ayer a Lula de lavado de dinero y de ocultamiento de patrimonio, según informaron distintos medios de Brasil. De acuerdo con el diario Folha de São Paulo, si la Justicia acepta la denuncia, Lula quedaría en calidad de procesado de manera automática.
Además del dirigente del Partido de los Trabajadores, la lista de personas que fueron acusadas ayer por este caso incluye a su esposa, Marisa Letícia, al hijo mayor de ambos, Fábio Luís, y a varios responsables de OAS, entre ellos, el ex presidente de la empresa José Aldemário Pinheiro Filho. Esta firma es investigada también en el caso de corrupción de Petrobras. En el caso de la propiedad en Guarujá, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, OAS pagó una reforma por más de 200.000 dólares, y los investigadores intentan determinar si el apartamento fue utilizado para ocultar el pago de coimas a Lula.
Además de esta investigación que lleva adelante la Fiscalía de San Pablo, la Fiscalía Federal indaga si Lula es dueño de otra propiedad. Por eso, una de las estrategias de la defensa apunta a cuestionar que en dos ámbitos distintos se investiguen “los mismos hechos”. Anoche, el Instituto Lula negó los cargos en un comunicado en el que acusó a uno de los fiscales, Cassio Conserino, de ser parcial y de haber prejuzgado al ex presidente cuando en enero “anticipó” esta denuncia a la revista Veja.