Después de más de una década de negociaciones, Argentina alcanzó un acuerdo con los últimos acreedores a los que dejó de pagar en 2001 debido a la crisis económica. Daniel Pollack, designado por el juez estadounidense Thomas Griesa para mediar entre los fondos buitres y el gobierno argentino, brindó los detalles del acuerdo ayer en una conferencia de prensa. 85% de los acreedores de Argentina que impulsaron la demanda en su contra en Estados Unidos aceptaron la propuesta del gobierno de Mauricio Macri, que consistía en el pago de 75% de la deuda, “en efectivo y en dólares”. Pero para aceptar esta propuesta también exigieron que Argentina se haga cargo de los gastos legales por el juicio que llevaron adelante, que suman 235.000.000 millones de dólares.

Pollack informó que el plazo para hacer el pago vence el 14 de abril, aunque puede ser extendido si las partes coinciden en hacerlo. Para pagar, Argentina hará una venta de bonos de deuda en la que los fondos buitres se comprometieron a “no interferir”, dijo. La emisión de bonos, que se hará en los próximos días, será por 12.000 millones de dólares, y no 15.000, tal como se había dicho anteriormente.

Según los medios argentinos, el gobierno de Macri quería destinar 12.000 millones de dólares a pagar la deuda y reservar otros 3.000 para que el Banco Central pudiera utilizarlos a discreción para evitar vaivenes en el precio del dólar. Sin embargo, renunció a hacerlo para endeudarse menos.

Pese a este acuerdo, los principales fondos buitres pidieron a la Justicia estadounidense que no levante las medidas cautelares que rigen contra Argentina, que le impiden pagarles a los acreedores que aceptaron las reestructuras en 2005 o 2010. Hoy habrá una audiencia para que Griesa defina este punto.

Congreso bajo vigilancia

Argentina “debe llevar este tema al Congreso” para que se cumpla el acuerdo, dijo Pollack. Dos leyes aprobadas por el gobierno de Cristina Fernández impiden que Argentina ofrezca -tal como está haciendo el Ejecutivo de Macri- condiciones de pago mejores a las que se ofrecieron en 2005 y 2010, que fueron aceptadas por 93% de los acreedores. Las leyes Cerrojo y Pago Soberano deben ser derogadas para que la administración de Macri pueda pagarles a los fondos buitres. “El juez va a seguir muy de cerca” ese debate parlamentario, agregó el mediador.

El Congreso retoma hoy sus sesiones habituales. En el Legislativo el gobierno tiene la mayor bancada gracias a la conformación de un interbloque que une a legisladores de Propuesta Republicana, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Sin embargo, individualmente el Partido Justicialista es el que tiene mayor presencia, aunque está dividido por la escisión de un bloque de entre 15 y 20 diputados.

Si bien el oficialismo tiene la bancada más grande, no tiene la mayoría necesaria para aprobar leyes, por lo cual debe contar con el apoyo de la oposición para llevar adelante sus iniciativas.

Según los medios argentinos, el bloque escindido del Partido Justicialista, el Frente Renovador y la coalición oficialista otorgarían los votos necesarios para derogar las leyes de Fernández. En este sentido, el senador coordinador de la bancada de Cambiemos, el radical Ángel Rozas, dijo que confía en que “la racionalidad política va a primar por encima de los fundamentalismos”.