El gobierno accedió a pagarles a los dos fondos aproximadamente 5.000 millones de dólares, que incluyen el capital, los intereses y “ciertos honorarios legales y gastos” que corresponden a los 15 años de litigio. Así lo afirmó Daniel Pollack, el mediador designado por el juez estadounidense Thomas Griesa para guiar las negociaciones entre Argentina y los holdouts que tienen sentencias a su favor en la Justicia de Estados Unidos.

De prosperar esta negociación, se cierra un acuerdo con 85% de los bonistas que permanecían en default. Sin embargo, como el propio Pollack recordó en esa oportunidad, “el acuerdo se termina si el pago no se hace antes del 14 de abril”, para lo que se requiere la derogación de las leyes que imposibilitaban la reapertura del canje de la deuda en default.

El ministro de Hacienda de Macri, Alfonso Prat-Gay, se adelantó a celebrar el preacuerdo diciendo que por primera vez en 15 años “Argentina empieza a salir del default”. El arreglo con los grandes buitres que lideraron la ofensiva judicial contra Argentina, que llevó al país al “default técnico” a mediados de 2014, es bastante más beneficioso que el que lograron bonistas menores. La quita que consiguió el gobierno argentino fue de 25%, menor que el 30% previsto en la propuesta original presentada por el gobierno. Además, el acuerdo con estos cuatro fondos buitres incluye gastos legales, algo que en los acuerdos anteriores no estuvo sobre la mesa.

Luego de ese megaacuerdo con fondos cuyos reclamos rebasaban unos impagables 9.000 millones de dólares, quedaba por resolver todavía 15% de las sentencias, en su mayoría de bonistas minoristas. La semana pasada, el gobierno argentino llegó a otro preacuerdo, con un nuevo grupo de siete tenedores de bonos impagos, por más de 190 millones de dólares.

A partir de los acuerdos, el gobierno de Macri cuenta con un plazo de seis semanas durante el que se propone derogar la denominada “ley cerrojo” y la ley de pago soberano, además de emitir nueva deuda para pagar los acuerdos.

Éstos, por sí mismos, en caso de concretarse de manera definitiva, no generan un efecto directo e inmediato sobre las condiciones de vida de los ciudadanos argentinos, aunque son vistos como una condición necesaria para acceder al financiamiento externo que permita llevar adelante obras de infraestructura, imperiosas en un país en el que las inversiones viales y en materia de energía están atrasadas. En filas del gobierno se sostiene que se abre la posibilidad de impulsar el plan Belgrano y el plan del Área Metropolitana de Buenos Aires, para el norte y la capital, respectivamente.

El acuerdo también es visto como condición para que las empresas privadas accedan a financiamiento externo y de esa forma pongan en marcha inversiones que, según sostuvieron economistas vinculados al gobierno, será el nuevo motor del crecimiento, en sustitución del consumo.

Sin embargo, la incertidumbre respecto de otras variables es suficiente para que las inversiones aguarden todavía un tiempo, incluso en caso de acceder a financiamiento. Por mencionar una, la aceleración de la inflación, vinculada con el aumento del tipo de cambio y la suba de las tarifas, pone a los sindicatos en la necesidad de reclamar salvaguardas de cara a la discusión de las “paritarias” -las pautas en los consejos de salarios-, y es difícil creer que la discusión se saldará sin conflictos. Con un panorama de desaceleración del consumo -público y privado-, caída de los precios de exportación argentinos y menor demanda brasileña, las expectativas tampoco juegan a favor de la inversión.

Por otra parte, interesa conocer el destino final de la “lluvia de dólares” de la que hablaba Macri durante la campaña: ¿se emplearán en obras de infraestructura, en una política industrial o será para recomponer el ruinoso nivel de reservas internacionales del Banco Central?

Esto o nada

“Si no se arregla con los holdouts, no se puede recorrer el camino del desarrollo”, dijo el presidente argentino, Mauricio Macri, el sábado de noche en una entrevista que le hizo el periodista Luis Majul. Por estos días, Macri se muestra activo y tajante en sus declaraciones, con lo que parece demostrar que en este tema no tiene plan B. Consultado sobre si el país sería inviable sin un acuerdo con los acreedores, respondió: “Sí, absolutamente”, y agregó que sin él se va al ajuste fiscal.

La entrevista apareció en momentos en que su gobierno intentaba convencer a los sectores de los partidos más cercanos, como el Frente Renovador de Sergio Massa y el Bloque Justicialista, de que acepten llevar adelante una sesión parlamentaria urgente en la que se vote la derogación de la “ley cerrojo” y la de pago soberano. La premura del gobierno se debe a que el viernes 11 el segundo circuito de la Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió el levantamiento del embargo contra Argentina -algo que había solicitado el gobierno de ese país- y habilitó nuevas instancias para que los acreedores que se oponen al levantamiento de las medidas cautelares puedan hacer oír sus argumentos, en particular los de aquellos bonistas que habían entrado voluntariamente en el canje.

Con la derogación de las leyes se busca dar una señal de voluntad de pago a los acreedores, aunque la decisión de la Cámara de Apelaciones siembra dudas sobre la posibilidad de que, aun cerrados los acuerdos, continúen presentándose otros bonistas (los que no ingresaron a los convenios pautados por Griesa) y Argentina continúe atrapada, incluso pagando a los bonistas que acordaron.

Para los principales dirigentes del Frente para la Victoria (FpV), lo que ocurrió con la decisión del viernes 11 fue la demostración de que “fue una pésima negociación”. Los legisladores del FpV reclamaron el lunes que se respetaran “los tiempos y las facultades del Congreso”. El presidente de la bancada kirchnerista en Diputados, Héctor Recalde, sostuvo la posición de que no debía haber ayer sesión parlamentaria para tratar la derogación de ambas leyes y reclamó que los negociadores argentinos continúen las tratativas “mandatados por el Congreso”.

El ex ministro de Economía y actual diputado por el FpV Axel Kicillof cuestionó con dureza el acuerdo y advirtió que “el ajuste ya empezó”. El legislador que estuvo a cargo de las tratativas con Griesa durante el gobierno de Cristina Fernández afirmó: “Las peores leyes de la historia argentina siempre fueron promocionadas con esta especie de extorsión sobre la opinión pública y sobre el Congreso, como diciendo 'hay que firmar esto porque si no, todo se va al bombo'. Como si eso fuera poco, dice que si lo firmamos vamos al paraíso”.