Cuatro ciudadanos paraguayos que denuncian haber sido víctimas de torturas por parte de militares presentaron un pedido de inconstitucionalidad contra una ley que desde 2013 autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en procedimientos en el norte de Paraguay.
Ramón Cardozo, Ignacio Sosa, Epifanio Cabañas y Gumersindo Toledo sostienen que fueron sometidos a torturas, allanamientos y otros procedimientos irregulares por parte de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC). Esta entidad fue creada en 2013 mediante una modificación en la Ley de Defensa Nacional, por iniciativa del presidente Horacio Cartes, que había asumido el cargo sólo unos días antes. Se encarga de combatir a la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo, que opera en el norte del país.
El Servicio Paz y Justicia de Paraguay acompañó el pedido de inconstitucionalidad y denunció que hubo graves violaciones de los derechos humanos de las poblaciones campesinas por parte de las FTC. La portavoz del organismo, Cristina Coronel, dijo a la agencia de noticias Efe que la actuación de este grupo es “incompatible con un Estado de derecho”. Por su parte, el estatal Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ha calificado el uso de la fuerza por parte de las FTC de “abusivo y arbitrario”.
Las casas de Cardozo, Sosa y Cabañas fueron allanadas en setiembre 2013, en el medio de la noche, por personas encapuchadas que se identificaron como militares y que los golpearon, además de retener y amenazar a sus familiares durante varias horas. Toledo, por su parte, se declaró víctima de torturas, golpes y simulacro de asfixia por miembros de las FTC en octubre de 2014.
Según Coronel, estos casos demuestran la actuación irregular de las FTC, que “provoca zozobra” en los habitantes del norte, quienes “una vez que oscurece ya no salen a la ca.