Desde que se conocieron los datos obtenidos por periodistas tras la filtración de 11,5 millones de documentos de la firma Mossack Fonseca, el gobierno de Panamá ha intentado defenderse con el argumento de que el país ya no es el paraíso fiscal que solía ser y advirtiendo que se perseguirán los delitos financieros. El presidente panameño, Juan Carlos Varela, dijo que habrá “cero tolerancia” ante cualquier hecho “que no se maneje con altos niveles de transparencia” y recordó algunas de las medidas que han tomado su gobierno y el anterior para aumentar los controles al sistema financiero de ese país. Entre otras cosas, se han creado nuevas entidades regulatorias, se firmaron acuerdos para compartir información tributaria con varios países -entre ellos Estados Unidos- y se actualizaron varias leyes en el marco de convenios con la OCDE, todo con el objetivo de que el país dejara de ser considerado un paraíso fiscal. Gracias a estas medidas, Panamá fue excluido de la lista gris de la OCDE en 2011 y acababa de ser removido, en febrero, de la del GAFI.

Sin embargo, estos avances pueden verse frustrados por las revelaciones que comenzaron el fin de semana y que pueden llevar a que Panamá tenga que establecer nuevos controles, lo que podría derivar en una reducción del sistema financiero que funciona en el país, que aportó casi 7,5% del Producto Interno Bruto panameño en 2015. A tal punto puede significar un retroceso, que ayer Francia anunció que volvería a incluir a Panamá en su lista de paraísos fiscales, mientras que el presidente estadounidense, Barack Obama, advertía que se está aprovechando el sistema legal panameño para cometer ilícitos. Por su parte, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, advirtió que Panamá “es el último gran reducto que sigue permitiendo la ocultación de fondos en paraísos fiscales”, y llamó al país a adoptar “de inmediato” los estándares internacionales.

“Panamá cambió. Estamos impulsando dramáticas reformas que no pueden ser ignoradas por la comunidad internacional”, dijo el ministro de Presidencia, Álvaro Alemán, quien advirtió que no van a aceptar “que se use a Panamá como chivo expiatorio” ni que se lo responsabilice por “las acciones y responsabilidades de terceros”. Agregó que “cada Estado debe hacer cumplir a sus empresas y a sus ciudadanos sus leyes y sus reglamentaciones”. Además, el vicecanciller panameño, Luis Miguel Hincapié, calificó de “irresponsable” la declaración de Gurría, a sólo “unos meses” de que Panamá fuera aplaudida en la OCDE por sus últimos cambios.

Con eco

Quien también criticó las reacciones que ha generado este escándalo fue Ramón Fonseca Mora, uno de los directivos fundadores de Mossack Fonseca. En entrevistas con varios medios de comunicación, Fonseca dijo que la firma recibe pedidos de los intermediarios (que pueden ser, por ejemplo, estudios de abogados o bancos) y a raíz de ellos crea sociedades anónimas en Panamá o en otros países. “No tenemos contacto con el beneficiario final”, que es quien eventualmente podría hacer un mal uso de las sociedades, dijo. Agregó que sí ejercen un fuerte control sobre los intermediarios para verificar que brinden todas las garantías del caso, y afirmó que ese intermediario es el responsable de conocer al cliente final y el origen de los fondos que se utilizan en la sociedad o en las cuentas bancarias vinculadas con ellas, así como de garantizar que se cumplan las leyes de su país de origen.

Fonseca también criticó que esta filtración golpee a Panamá y no a otros países en los que también se crea un gran número de sociedades por año, y puso como ejemplo a Reino Unido y Estados Unidos. “El mayor paraíso fiscal del mundo se llama Estados Unidos. Ellos no quieren competencia; con esto, ellos están, en mi opinión personal, buscando eliminar la competencia”, dijo, y agregó que “los traficantes” y “los lavadores” de dinero “tienen su dinero en Londres, Nueva York y Miami”. Continuó: “Yo puedo abrir una cuenta mañana en Nueva York prácticamente sólo con mi licencia de conducir”. El hecho de que las filtraciones sean exclusivamente sobre su estudio demuestra, a su entender, que se trata de “un ataque contra Panamá”.

Al norte y al sur

En Argentina siguen las repercusiones por el vínculo de Macri con una empresa offshore, que se habría acabado en 2008, cuando él era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El diario Clarín informó ayer, en base a fuentes cuya identidad no dio a conocer, que el gobierno cambió de opinión y la Oficina Anticorrupción sí investigará este caso. Anteriormente, la titular de esta oficina, Laura Alonso, había asegurado en Twitter que Macri no cometió ningún ilícito.

Ayer el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que el gobierno siente “una enorme tranquilidad” porque Macri “no tiene nada que ocultar”. Agregó: “Veo mucha confusión: el presidente no tiene ni cuentas ni activos no declarados, tiene presentadas las declaraciones juradas, es transparente respecto de su patrimonio”. Por otra parte, en Paraguay el diario ABC Color, que accedió a los documentos filtrados correspondientes a su país, reveló que uno de los yernos del dictador Alfredo Stroessner, Marco Antonio Mansur, y sus dos hijos abrieron una cuenta en Nevada por medio de Mossack Fonseca en 2003. Tres años después, Mansur fue detenido, y luego liberado, por ser el presunto líder de un esquema de contrabando de mercadería de Estados Unidos a Brasil.

También aparecen con dos empresas offshore (una en Nevada y la otra en las Islas Vírgentes Británicas) la esposa y uno de los hijos de quien fuera el ministro del Interior de Stroessner durante más de 20 años, Sabino Augusto Montanaro, quien fue acusado de crímenes de lesa humanidad. La apertura de las cuentas se hizo poco antes de la muerte de Montanaro (que también fue acusado de delitos económicos), en enero de 2011.

En Islandia se produjo ayer la esperada renuncia del primer ministro, Sigmundur David Gunnlaugsson, que mantuvo en secreto su relación con la empresa Wintris, una firma offshore que compró en 2007 junto con su esposa, a la que después le vendió su 50% por un dólar. Wintris, que no fue incluida en las declaraciones juradas de Gunnlaugsson, invirtió en bonos de tres grandes bancos de Islandia que colapsaron durante la crisis financiera. Desde que comenzaron estas revelaciones, el domingo, miles de personas se manifestaron reclamando la salida de Gunnlaugsson del gobierno.