El STF tomó esa decisión porque consideró que en esta causa podrían ser investigadas personas que tienen fueros, entre ellas la presidenta Dilma Rousseff, y que por lo tanto deberían ser investigadas por este tribunal. En las próximas semanas esa corte decidirá si parte de la investigación puede ser llevada adelante por Moro. Se prevé que esa definición llegue después de que el STF decida si rechaza o no la designación de Lula como ministro, tal como pide la oposición, algo que todavía no se sabe cuándo sucederá.
Todos los jueces del STF coincidieron, además, en que Moro no debería haber difundido el contenido de las conversaciones grabadas a Lula, tal como lo hizo hace dos semanas, y ordenaron que ese contenido sea puesto bajo reserva. Moro divulgó las grabaciones después de que Rousseff anunciara la designación de Lula como ministro de Presidencia y mientras miles de personas protestaban en las calles en contra de ese nombramiento.
La sesión del STF incluyó varias advertencias de sus integrantes a Moro. Entre otras cosas, los jueces consideraron que algunas grabaciones pueden ser anuladas como prueba porque se realizaron fuera del horario de escuchas ordenado por la Justicia. El magistrado Teori Zavascki dijo que “ante la situación” que vive el país y considerando la “conmoción social” que pueden generar los avances judiciales, es necesario que se investigue “dentro de las reglas de la Constitución”. Advirtió que “eventuales excesos” o “ilegalidades” pueden derivar en la anulación de toda una investigación judicial.
El magistrado ya se había dirigido en duros términos a Moro la semana pasada, cuando emitió el fallo preliminar. Después de esa instancia se hizo público un escrito que Moro envió al STF -a solicitud de este- para defender su postura. Allí Moro dijo que “comprende” que su decisión de difundir las grabaciones “puede haber generado polémicas y disgustos innecesarios”, y aseguró que “jamás” fue su intención “provocar tales efectos”, por lo cual se “excusa”.
Además, en ese escrito Moro interpreta la conversación entre Lula y Rousseff de una forma distinta a la de quienes vieron un intento de la presidenta de proteger a Lula y evitar que la Justicia actuara contra él: el juez interpretó que la gobernante no se ve involucrada en ningún intento de obstrucción de la Justicia y que, por eso, nunca consideró necesario enviar la información al STF.
La decisión del STF llegó mientras miles de brasileños se manifestaban en 20 estados bajo la consigna “En defensa de la democracia”. El presidente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y vicepresidente de la República, Michel Temer, fue una de las personas más criticadas, porque se cree que articuló la salida de su partido de la coalición de gobierno para trepar a la presidencia si Rousseff es destituida. A esto parecía hacer referencia Lula cuando decía, en un video que fue difundido ayer, que “no hay poder legítimo si la fuente no es el voto popular”.
Ayer el ex presidente mantuvo reuniones con políticos del PMDB, en un intento de evitar que abandonen la coalición de gobierno, tal como les ordenó hacer su partido el martes. Se prevé que a mediados de abril se vote en la comisión especial el juicio político y que después pase al plenario donde, según la oposición, los votos a favor del proceso permitirán que la iniciativa pase al Senado.
Por su parte, la ministra de Agricultura, Kátia Abreu, anunció en Twitter que los seis ministros del PMDB mantendrán sus cargos. El anuncio generó indignación en algunos sectores del partido, que manifestaron su intención de iniciar un proceso interno para expulsarla, aunque esto todavía no se ha definido. Sin embargo, también se levantaron otras voces fuertes: el presidente del Senado, Renan Calheiros, consideró que fue “precipitada” la decisión de salir del gobierno, opinó que “no fue un movimiento consistente” de todos los sectores del PMDB, uno de los cuales él lidera, y aseguró: “Yo no creo que el PMDB, sea cual sea el escenario, vaya a liderar una corriente opositora”.