Quedó establecido ayer en el diario oficial de Venezuela el estado de excepción y emergencia económica que anunció el viernes el presidente Nicolás Maduro, y que según dijo le permitirá contar con el poder necesario para afrontar amenazas a su gobierno. De acuerdo al documento, este régimen se mantendrá por 60 días, y se dispuso debido a “las circunstancias de orden social, económico, político, natural y ecológico que afectan gravemente la economía nacional, el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la nación”. El decreto afirma que sectores políticos venezolanos aliados con “intereses particulares extranjeros arreciaron contra la economía” del país para promover el descontento y desestabilizar las instituciones.
Esta norma permite a las autoridades garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad, “incluso mediante la intervención de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los órganos de seguridad ciudadana, con la participación de los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución”.
Podrá, además, disponer de recursos para obtenerlos sin necesidad de “autorizaciones o aprobaciones de otros Poderes Públicos” y también “dictar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública” para garantizar el orden “ante acciones desestabilizadoras que pretendan irrumpir en la vida interna del país o en las relaciones internacionales de éste”.
El decreto, según su propio texto, entraría en vigencia ayer, con su publicación en el diario oficial, y sería remitido a la Asamblea Nacional, al Parlamento, para que lo apruebe, y a la Sala Constitucional del Supremo Tribunal de Justicia para que se pronuncie sobre su constitucionalidad.