El presidente interino de la Cámara de Diputados de Brasil, Waldir Maranhão, aceptó un recurso presentado por el gobierno y la Abogacía General de la Unión que pedía la nulidad de la sesión legislativa del 17 de abril, en la que fue aprobado el inicio del juicio político a la presidenta con el respaldo de 367 diputados y la oposición de 137. En su decisión, Maranhão tomó en cuenta las denuncias de algunas irregularidades en el procedimiento, así como el argumento contra el mandato que algunos partidos dieron a sus legisladores, que quedaron obligados a votar a favor del juicio político. El titular de la cámara consideró que esto implicó una irregularidad, porque los diputados debían votar “de acuerdo con sus convicciones personales y libremente”.
Maranhão pidió al Senado que devuelva el proceso a la cámara baja para repetir la votación, una decisión que jamás habría tomado Eduardo Cunha, el dirigente opositor que presidió la Cámara de Diputados hasta el jueves, cuando fue apartado del cargo por el Supremo Tribunal Federal debido a los procesos judiciales que enfrenta, vinculados con el caso Petrobras. Para el gobierno y la Abogacía General de la Unión, el proceso de juicio político comenzó como un intento de venganza de Cunha.
La decisión de Maranhão llegó cuando ya estaba previsto que mañana el Senado votara si abrir o no el juicio político, y cuando todo hacía prever que el proceso comenzaría, que la presidenta sería apartada del cargo por hasta 180 días, y que en su lugar quedaría el vicepresidente Michel Temer. La noticia de que Maranhão había suspendido el proceso fue celebrada en filas oficialistas pese a la cautela de Rousseff, quien advirtió que había que tener presente que todavía estaba en curso un “golpe contra la democracia” y contra las políticas sociales de su gobierno.
“Ganamos tiempo para reorganizarnos”, dijo el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Lo que ocurrió es una demostración de que el proceso presidido por Eduardo Cunha fue viciado”, agregó. También el jefe de bancada del Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado, Humberto Costa, celebró la decisión de Maranhão. Dijo que si se convocara una nueva votación el PT trabajaría para revertir “el marcador”.
También Cunha opinó sobre la decisión de Maranhão, a la que calificó de “absurda”, “irresponsable” y “antirreglamentaria”. A las críticas se sumaron el principal partido opositor, el Partido de la Social Democracia Brasileña, la Orden de Abogados de Brasil y el Partido Demócratas. Uno de los diputados de Demócratas, Pauderney Avelino, afirmó ayer que presentaría un recurso para que el Supremo Tribunal Federal anulara esa decisión, porque el juicio político “ya salió del ámbito de la Cámara de Diputados y se trata de un proceso jurídico perfecto”.
Al conocer la noticia, el presidente del Senado, Renan Calheiros, convocó una reunión urgente con los jefes de bancada. Poco después, la prensa brasileña informó que el Senado desconocería la decisión del nuevo titular de Diputados y mantendría el cronograma previsto para la tramitación del juicio político.
En la Cámara de Senadores, Calheiros dijo que la resolución de Maranhão es “extemporánea”, que se tomó “cuando el Senado ya discute el asunto desde hace varias semanas”, cuando “hubo diez sesiones que consumieron casi 70 horas de trabajo” y cuando una comisión especial ya emitió su informe. Agregó que esa decisión “no puede ser aceptada”, porque “no se puede aceptar que se juegue de ese modo con la democracia”. Dijo además que la posición de Maranhão no puede imponerse al voto de 367 legisladores. En una declaración a la prensa, el presidente interino de Diputados le contestó a Calheiros que él no jugó con la democracia en ningún momento, que su decisión está basada en las normas de Brasil y que lo que intenta es corregir “vicios” que en el futuro podrían no ser subsanables.
Calheiros habló en una sesión que había sido convocada para cumplir con uno de los pasos del proceso de juicio político, que consistía en escuchar la lectura del informe que remitió la comisión especial que trató este tema y que recomendó seguir adelante con el proceso. Estaba previsto también que en esa instancia se confirmara si la votación de los senadores respecto del comienzo del juicio en la cámara se iniciará mañana, en cuyo caso se prevé que termine el jueves. Para que el proceso comience deberá aprobarlo la mayoría simple de los 81 integrantes del Senado.
Sobre el fondo del asunto se pronunciaron ayer el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, y el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Roberto Caldas, en la Comisión de Derechos Humanos del Senado de Brasil. Allí Almagro dijo que la denuncia contra Rousseff no presenta indicios de delitos de responsabilidad, que son los que se pueden argumentar para iniciar un juicio político.
Caldas, que es brasileño, coincidió con Maranhão en que se cometió una irregularidad cuando muchos diputados manifestaron su posición acerca del juicio político antes de que se formalizara el proceso en esa cámara. Dijo que “la formación de opinión debe ser realizada después de todo el procedimiento legal de un juicio” y que en ese momento los diputados estaban actuando “como jueces y no como parlamentarios”. De acuerdo con la agencia de noticias Efe, Caldas agregó que “el mundo jurídico internacional se asustó al ver a los parlamentarios anunciando previamente sus votos”, porque quien lo hace “no puede juzgar”.
En distintas ciudades, manifestantes a favor y en contra del juicio político protestaban ayer en repudio a la decisión de Maranhão o la de Calheiros.
A pesar de la postura del presidente de la cámara baja, este mismo optó por revocar su propia decisión ayer a la noche. En una carta enviada a Calheiros ayer a la noche, Maranhão anunció que derogaba la anulación del juicio político a Rousseff.
Ajeno
Mientras los presidentes de las dos cámaras del Parlamento tomaban decisiones contrapuestas acerca del juicio político, el vicepresidente Michel Temer se preparaba para un escenario en el que Dilma Rousseff sea apartada del cargo y él quede en la presidencia. Según informaba ayer el diario Folha de São Paulo, Temer acordó con su equipo la reducción del número de ministerios de 32 a 23. La decisión implica fusionar carteras: Comunicaciones con Ciencia y Tecnología, y Desarrollo Social con Desarrollo Agrario, por ejemplo. Otras instituciones pierden el rango ministerial, como la Abogacía General de la Unión o el Banco Central.
Temer tampoco acusó recibo, al menos públicamente, de la protesta de unos 1.000 integrantes del Movimiento de los Sin Tierra que ocuparon una estancia en el interior de San Pablo, en el municipio de Duartina. De acuerdo con la agencia Efe, el movimiento explicó en un comunicado que “el objetivo de la ocupación es denunciar las conspiraciones golpistas de Temer, muchas veces articuladas desde dentro de la propiedad”, la hacienda Esmeralda. Los militantes afirman que allí Temer mantuvo varias reuniones para negociar la conformación de un futuro gobierno.
