Las solicitudes de Janot se basan en las delaciones del todavía senador Delcídio do Amaral, quien fue jefe de la bancada oficialista en el Senado hasta que fue detenido en noviembre, acusado de intentar frenar las investigaciones por la corrupción en Petrobras. Amaral fue detenido después de que un video mostrara cómo le ofrecía su ayuda al ex director de Petrobras Nestor Cerveró para huir del país. En ese entonces Cerveró estaba detenido, había llegado a un acuerdo para informar lo que sabía a cambio de recibir una reducción de la condena y, entre otras cosas, había dicho que Amaral había recibido sobornos del esquema de corrupción en Petrobras.

Amaral llegó al mismo acuerdo que Cerveró con la Procuraduría General (como lo hicieron también varios de los detenidos por el caso Petrobras) después de que el gobierno de Rousseff se negara a interceder para que lo liberaran. En su declaración ante la Justicia, Amaral dijo que el ministro de Educación, Aloízio Mercadante, actuó como emisario de Rousseff y se comunicó con sus asesores para intentar disuadirlo de llegar a ese acuerdo con la Procuraduría. También dijo que Rousseff designó a integrantes del Supremo Tribunal Federal (STF) y del Supremo Tribunal de Justicia con el objetivo de favorecer a los investigados por Petrobras. Acerca de Lula y de Cardozo, Amaral dijo que ellos también intentaron frenar la investigación sobre Petrobras.

Janot ya había pedido al STF autorización para investigar a Mercadante, y ahora hizo lo propio para investigar a Rousseff, Lula y Cardozo. Además de las declaraciones de Amaral, incluyó entre los argumentos del pedido que la investigación podría determinar si la designación de Lula como ministro de Presidencia -que se realizó a mediados de marzo y fue frenada en la Justicia- fue otro intento de eludir la actuación del Poder Judicial.

En el caso de Lula el procurador general fue un paso más allá y lo denunció por obstrucción a la Justicia, lo que deja al ex presidente en la misma situación que, por ejemplo, Eduardo Cunha, como “reo” en un proceso judicial. Esta es una situación posterior a la investigación preliminar (que es la que se solicita, por ejemplo, para Rousseff) y previa a la acusación. Janot argumentó este pedido también en los dichos de Amaral, que afirmó que fue Lula quien le pidió que se comunicara con Cerveró para “comprar su silencio”.

Estos pedidos de investigación se sumaron a otros presentados en estos días por Janot, que también incluyen al ex presidente (en el marco de otras investigaciones en torno a Petrobras), a varios ministros de Rousseff y a diputados opositores, como Cunha.

El ex presidente emitió un comunicado en el que aseguró que la acusación en su contra “carece de pruebas”, es “ofensiva e inaceptable” y se basa “únicamente en la palabra de un criminal”. Agregó que “indica sólo suposiciones e hipótesis sin cualquier valor de prueba”.

Por su parte, Rousseff dijo que las declaraciones de Amaral son “livianas y mentirosas”, y que tiene la “certeza” de que la investigación judicial “va a demostrar que el senador, una vez más, faltó a la verdad”. La presidenta también lamentó que la información sobre estos pedidos de investigación se filtrara a los medios de comunicación antes de ser informada oficialmente, y anunció que pedirá a la Abogacía General de la Unión que esto se investigue. “Esas filtraciones tienen una característica: vos filtrás, y si después se comprueba que no hay nada, el daño ya está hecho”, dijo, y consideró que se trata de algo “muy grave”.

Rousseff, que habló durante el acto de lanzamiento de un programa agropecuario, dijo que es extraño que estos pedidos de investigación se presenten la semana previa a que el Senado vote si acepta el pedido de juicio político en su contra.

En la sesión de ayer de la comisión especial del Senado que trata el pedido de juicio político, el miembro informante, Antônio Anastasia, presentó su recomendación al respecto. En su informe pide que se apruebe el pedido de juicio contra Rousseff, y enuncia sobre todo argumentos técnicos, no tanto políticos. Al presentar su informe, Anastasia dijo que el “presidencialismo sin la posibilidad de impeachment es dictadura”.