“Desde el punto de vista de la política, el gran juez es el pueblo brasileño. Si quieren hacer un juicio político de mi gobierno, que acudan al pueblo brasileño y no al impeachment”, dijo el sábado en un acto la presidenta brasileña, Dilma Rousseff. De esta forma, la mandataria hizo por primera vez una referencia directa a la posibilidad de que se convoquen elecciones presidenciales anticipadas en Brasil.

La de las elecciones anticipadas fue una iniciativa de un grupo de 30 senadores -de varios partidos, entre ellos el Partido de los Trabajadores (PT)- que se oponen a que el gobierno quede en manos del vicepresidente Michel Temer, que se prepara para aplicar un paquete de medidas que cuentan con el apoyo de una derecha que no fue la ganadora de las elecciones. Estos senadores presentaron un proyecto de ley en la cámara alta que específicamente pide que se convoquen elecciones presidenciales para el 2 de octubre, cuando se eligen autoridades de los estados y los municipios. Para ser aprobada, esta iniciativa necesitaría los votos de dos tercios de cada cámara del Congreso.

En las últimas semanas los senadores se reunieron con el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, le enviaron una carta a Rousseff y pidieron el apoyo de los movimientos sociales. Algunos sectores respaldan la iniciativa, pero otros no están de acuerdo. “Estoy en contra, la presidenta tendría que renunciar para que tuviéramos una nueva elección, y eso sería aceptar el golpe”, dijo el presidente de la Central Única de los Trabajadores, Vagner Freitas, a la revista Carta Capital. La iniciativa también fue rechazada por Temer. En su opinión, la convocatoria a nuevas elecciones se trataría de un “golpe de Estado”.

El paso del tiempo puede llevar a que esta propuesta reúna más apoyo, ya que la separación de Rousseff del cargo, al menos por un tiempo, parece inevitable.

El camino del Senado

El viernes la comisión especial del Senado para el juicio político aprobó, con 15 votos a favor y cinco en contra, el informe presentado por el miembro informante, el opositor Antônio Anastasia. Allí se recomienda iniciar ese proceso contra Rousseff porque “la denuncia presenta los requisitos legales y formales exigidos por la legislación en vigencia”. La presidenta está acusada de haber maquillado los resultados fiscales de 2015 en lo que, según la oposición, es un delito de responsabilidad que amerita un juicio político. El gobierno y la propia Rousseff aseguran que no se cometió ningún tipo de delito.

Después de ser aprobado en la comisión, el informe pasa al plenario del Senado, donde se prevé que sea votado el miércoles, aunque la fecha no fue establecida oficialmente. Si el Senado aprueba que se lleve adelante el juicio político, Rousseff será separada del cargo por 180 días, durante los cuales se llevaría adelante el proceso y la presidencia sería asumida por Temer. Si este proceso concluye con una condena, Rousseff será separada del cargo.

Todas las previsiones hacen pensar que el Senado aprobará el inicio del juicio político, aunque resta saber por cuántos votos. La iniciativa necesita los votos de la mitad más uno de los 81 senadores, pero la oposición quiere contar con los dos tercios, porque esa es la mayoría necesaria para condenar a la presidenta.

El camino de la política

El juego no termina el miércoles, dijo Lula a sus allegados, según el diario O Estado de São Paulo, citando fuentes cuyos nombres no publicó. El ex mandatario conversó con varios senadores y considera que si el gobierno de Temer no tiene un comienzo exitoso, es posible revertir su postura y lograr que Rousseff sea absuelta al cabo de los 180 días.

Las posibilidades de éxito de Temer han disminuido en las últimas semanas. Al comienzo de este proceso el vicepresidente mantenía un discurso en el que se posicionaba como el líder de un proceso de unidad nacional en el que un amplio espectro de partidos políticos harían todo lo posible para sacar a Brasil de la crisis. Pero a medida que se acerca la posibilidad de liderar un gobierno, queda cada vez más claro que no será así: los partidos que estuvieron en la coalición de Rousseff le ofrecen su apoyo a cambio de cargos en el Ejecutivo, los de la oposición le ponen condiciones para darle su respaldo en el Congreso y las bancadas parlamentarias más grandes le exigen el apoyo a sus propias iniciativas. Temer primero dijo que formaría un gabinete preferentemente técnico y que reduciría el número de ministerios para disminuir costos. Después debió retractarse: necesita distribuir cargos entre sus aliados, por lo que no puede hacer una reducción ni designar técnicos.

Las perspectivas de Temer se complicaron aun más con la separación del cargo del ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. Esta caída trae incógnitas. Por un lado, Cunha demostró ser un gran negociador en la cámara baja, que consiguió votos para sus iniciativas, incluido el juicio político contra Rousseff, y su apoyo a Temer le garantizaba una base de votos en Diputados. Por otro, se especula sobre la posibilidad de que Cunha le pida asistencia a Temer para escapar del alcance de la Justicia y que tome represalias ante una negativa del vicepresidente. Esto tiene un antecedente: cuando la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados empezó a investigar a Cunha, él presionó al gobierno para que los diputados del PT lo respaldaran, bajo amenaza de impulsar el juicio político, tal como finalmente sucedió.