El ambiente de ayer en el Senado fue distinto del que reinaba en la Cámara de Diputados el domingo 17 de abril y que generó críticas, incluso entre quienes apoyan el juicio político, por la espectacularización de la votación y el exceso de argumentos que no tenían ningún vínculo con lo que se estaba votando. En la cámara alta, usualmente más sobria, resonaron críticas contra la presidenta, a la que se responsabilizó de la situación económica, de la corrupción en Brasil (pese a que ella no enfrenta ningún cargo ni investigación en este sentido) y hasta de liderar “un gobierno populista”. Pero también se oyeron varias referencias a un “golpe de Estado” y a los supuestos delitos de responsabilidad de los que acusan a Rousseff y que permitirían llevar adelante el juicio político.

En una sesión que duró más de 20 horas, se aprobó iniciar el juicio político con 55 votos a favor, 22 en contra y una abstención. La extensión de la sesión se debió a que prácticamente todos los senadores aprovecharon los 15 minutos con los que contaban para argumentar su voto.

La mayoría de los oficialistas, casi todos del Partido de los Trabajadores (PT), denunciaron lo que consideran un golpe de Estado contra los 54 millones de votos que recibió Rousseff hace poco más de 18 meses. La oposición retrucó ese argumento apuntando a la baja popularidad que tiene el gobierno en las encuestas, igualando su validez a la del resultado electoral, y criticando las decisiones económicas adoptadas por el Ejecutivo que, aseguraron, provocaron una mala situación económica.

“No es justo lo que están intentando hacer con la democracia brasileña. No están intentando cazar a la presidenta Dilma, sino a la soberanía del voto popular”, dijo el senador Jorge Viana, del PT. Una de sus correligionarias, Fátima Bezerra, aseguró que “este golpe de Estado comenzó cuando el Partido de la Social Democracia Brasileña [PSDB] no tuvo la grandeza de aceptar el resultado de las urnas”. Otra senadora, Ángela Portela, lamentó: “Estaremos interrumpiendo un proyecto generoso, que prevé inclusión, protección de las minorías, reducción de las desigualdades y crecimiento económico con justicia social”. “Impeachment sin justificación jurídica que le dé legitimidad es golpe”, dijo Vanessa Grazziotin, del Partido Comunista de Brasil, uno de los pocos que respaldaron a Rousseff en las elecciones y que continúan a su lado.

Al comienzo de la votación, los apoyos al juicio político fueron hasta cinco veces superiores que los rechazos. “Lo que estamos haciendo es interrumpir este ciclo dañoso, que comenzó con el deterioro del proceso populista, demagógico, bolivariano”, dijo Ronaldo Caiado, senador de Demócratas. Entre los discursos opositores más tajantes estuvo el de Aloysio Nunes, ex candidato a la vicepresidencia por el PSDB, quien aseguró: “La presidenta será apartada definitivamente, no tengo ninguna duda: ella perdió las condiciones para gobernar este país”. El senador Ataídes de Oliveira, también del PSDB, afirmó: “Creo que la culpa de todo este desastre es suya, Lula; fue usted quien puso a esta criatura a gobernar el país”. Aécio Neves, el líder del PSDB, criticó que el gobierno haya adoptado un discurso de “ellos y nosotros” y dijo: “Esa es una marca de los gobiernos populistas: siempre actúan con irresponsabilidad fiscal y, cuando fracasan, usan el viejo discurso de la división entre ellos y nosotros”.

También hubo senadores que acusaron a Rousseff de ser corrupta, como Lasier Martins, del Partido Democrático Laborista, quien se preguntó: “¿Será que Dilma no sabía nada?” sobre la red de corrupción en Petrobras. O quienes reclamaron nuevas elecciones, como Randolfe Rodrigues, de Rede Solidaridade, quien aseguró que los brasileños “no quieren la continuidad de la presidenta Dilma, pero mucho menos la de Temer”. Uno de los que votaron fue el senador Fernando Collor de Mello, que en 1992 tuvo que dejar la presidencia cuando enfrentó un juicio político por corrupción.

La votación dentro del Senado era acompañada en los alrededores del Congreso por cientos de manifestantes a favor y en contra del juicio político, que, una vez más, estaban divididos por un muro. Dos senadores, un opositor y una oficialista, denunciaron que la Policía Federal reprimió a quienes mostraban su apoyo a Rousseff. “¿Ya estamos viendo el efecto Temer?”, se preguntó la senadora del PT Regina Sousa.

Tres en línea

La jornada de la votación de ayer comenzó con tres de los grandes diarios de Brasil publicando editoriales claramente alineados con los argumentos que utilizó anoche la oposición. El diario O Globo dijo que es “innecesaria” la preocupación de países y organismos de la región acerca de la democracia brasileña, porque el juicio político contra Rousseff “es ejemplar”. Agregó que “se basa en crímenes de responsabilidad”, en la “ilegalidad” cometida por Rousseff, en referencia a que supuestamente maquilló los resultados fiscales.

Por su parte, O Estado de São Paulo opinó que “en la desesperada tentativa de aplazar el proceso de impeachment” Rousseff “terminó perdiendo lo que le quedaba de dignidad”. Afirmó que “se trata de un juzgamiento eminentemente político” cuyo desenlace “está sellado”, no sólo por el voto de los senadores, sino también “por la manifestación de la voluntad ampliamente mayoritaria del pueblo brasileño”, que ha manifestado su “repulsión” por “el gobierno lulopetista”.

El editorial de ayer de Folha de São Paulo hizo hincapié en que los mercados reaccionaron negativamente ante “la mera hipótesis” de que no se produjera el juicio político. El diario afirma que “esta etapa debe quedar atrás y no ser reforzada por aventuras torpes”.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, mantuvo una reunión con Rousseff el martes para manifestarle su apoyo. Después de ese encuentro dijo que consultará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la legitimidad del proceso, porque el organismo tiene “la responsabilidad de observar el funcionamiento de la democracia en el continente” y porque él no obtuvo “una respuesta jurídica contundente respecto del proceso de impeachment”. Almagro se reunió con representantes del Poder Judicial y de la Comisión de Derechos Humanos del Senado brasileño, donde aseguró, al igual que el presidente de la CIDH, Roberto Caldas, que el juicio político no tiene base jurídica.