La mano derecha

Los pedidos, que fueron presentados hace al menos una semana, y que ayer dio a conocer el diario de la cadena O Globo, incluyen al presidente suspendido de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, el presidente del Senado, Renan Calheiros -uno de los pocos líderes del PMDB contrarios al juicio político a la presidenta Dilma Rousseff-, el ex presidente José Sarney (que además es presidente honorario del PMDB), y el presidente interino del partido, el senador Romero Jucá. Este último es mano derecha de Temer y fue ministro de Planificación del gobierno en funciones hasta que se divulgó una conversación en la que aseguraba que la asunción de Temer permitiría frenar la operación Lava Jato, que investiga el esquema de corrupción en Petrobras.

Los cuatro están acusados de interferir en la investigación judicial. En el caso de Cunha, el fiscal Janot pide un régimen de prisión bajo el argumento de que sigue interfiriendo a pesar de que ya fue apartado de la presidencia de la Cámara de Diputados. En los otros tres casos, Janot se basa en las grabaciones de conversaciones telefónicas que fueron difundidas por los medios y en las declaraciones que hizo ante la Justicia el ex presidente de Transpetro (una unidad de Petrobras) Sérgio Machado, que alcanzó un acuerdo de delación premiada por el cual revela la información que conoce a cambio de una reducción de la pena. En sus declaraciones ante la Justicia, Machado también dijo que él recibió sobornos de grandes empresas a cambio de favorecerlas con millonarios contratos públicos, y que ese dinero lo redistribuyó entre los miembros del PMDB que colaboraron con su designación en el cargo. Dijo que le entregó a Calheiros, Sarney y Jucá dinero correspondiente a coimas derivadas del esquema de corrupción de Petrobras de entre seis y ocho millones de dólares.

Además, Janot pidió al STF que Calheiros sea separado de su cargo como presidente del Senado porque este le permite ejercer presión para bloquear la investigación. Este pedido es muy similar al que Janot hizo en el caso de Cunha, para apartarlo de la presidencia de Diputados, y que fue aceptado por el STF. Si se dispone lo mismo para Calheiros, y deja la presidencia del Senado, el cargo sería asumido por el actual vicepresidente, el senador Jorge Viana, del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Dilma Rousseff. El presidente del Senado es el encargado de llevar adelante el juicio político contra la mandataria.

Los cuatro afectados por el pedido de Janot aseguraron que no son responsables de lo que se los acusa. Ante el plenario del Senado y en un comunicado, Calheiros dijo que “siempre que hay exageraciones, excesos y desproporcionalidades, conceptos como democracia, Constitución [...] o presunción de inocencia pierden prestigio”. Dijo a los senadores: “No debemos preocuparnos por los excesos que cometen contra nosotros, sino cuando se cometen contra la institución”. El titular de la cámara agregó: “Más que nunca es necesario ejercitar la separación de poderes y esperar con tranquilidad la decisión del STF”.

Durante la sesión de ayer manifestaron su solidaridad con Calheiros los líderes de las bancadas de senadores de los partidos que integran el gobierno de Temer, así como Humberto Costa, del PT, quien dijo que el Senado ha sido conducido con “ponderación y tranquilidad”. El líder del gobierno en el Senado, Aloysio Nunes, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), aseguró que no hay motivos para un pedido de prisión contra Calheiros, y pidió que el juez del STF que quedó a cargo de tomar una decisión, Teori Zavascki, se pronuncie con rapidez.

Jucá emitió un comunicado en el que consideró “absurdo” el pedido de prisión en su contra y dijo que las acusaciones de Janot no tienen asidero, mientras que Sarney dijo que se siente “perplejo, indignado y sublevado” por la solicitud de Janot.

Los pedidos de prisión también generaron reacciones en el STF y en la sede de gobierno, Planalto. El juez Gilmar Mendes criticó la filtración de información a los medios de comunicación. Sin responsabilizar a Janot, dijo que la Procuraduría había pedido que la solicitud se mantuviera en secreto, pero luego esa información apareció en la prensa. “Eso es jugar con el Supremo, y es preciso repudiarlo de manera muy clara. Quien está haciendo esto está cometiendo un delito”, dijo.

En Planalto el tema fue tratado en una reunión entre Temer y sus ministros más cercanos y se decidió que no habrá un pronunciamiento oficial hasta que Zavascki tome una decisión. Si esta es adversa a los acusados, la imagen del gobierno de Temer podría terminar de derrumbarse con el arresto de todos los líderes de su partido. Además, si el STF decide avanzar con las detenciones, dos senadores serían separados, de hecho, de sus cargos, con lo que habría dos votos menos favorables al impeachment. Por otra parte, una decisión de ese tipo respaldaría la teoría de los aliados de Rousseff de que el “golpe” contra la mandataria tenía como objetivo detener la operación Lava Jato, un argumento que seguramente sea utilizado cuando se desarrolle el juicio político.