“Creo que ya para el 20 de julio habremos podido cerrar las negociaciones en La Habana”, dijo Santos el lunes, después del encuentro del Consejo Nacional de Paz, donde, además, el mandatario pidió que se empiecen a formar los consejos departamentales y municipales de paz. Entre otros, se encontraban allí el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, y el de Diputados, Alfredo Deluque, a quienes Santos agradeció por la aprobación de las leyes que establecen qué acciones vendrán después de un eventual acuerdo de paz. También estaban en el lugar varios representantes de los demás partidos políticos, excepto el uribista Centro Democrático, que se opone al acuerdo.
Esta es la segunda vez que se establece una fecha para el acuerdo de paz. La primera que manejaron las dos partes fue la del 23 de marzo, pero finalmente no se logró un acuerdo antes de ese día. En este caso Santos se pronunció en solitario, sin que las FARC acompañaran el anuncio de la fecha. El líder de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, dijo en su cuenta de Twitter que “la práctica ha demostrado que fijar fechas le hace daño al proceso”. Agregó: “Aunque avanzamos, todavía falta pelo pa’l moño”.
Mañana en La Habana comenzará el ciclo número 50 de los diálogos entre representantes del gobierno y de las FARC. Se está negociando sobre el último de los seis puntos de la agenda acordada desde el comienzo del diálogo: el desarme y la desmovilización de los guerrilleros. Pablo Catatumbo, uno de los negociadores de las FARC, dijo en Twitter que en Cuba están trabajando “arduamente para poder darles a los colombianos nuevas noticias de paz esta semana”. Por su parte, el senador Roy Barreras, uno de los negociadores del gobierno, dijo a Radio Caracol que “es probable” que en los próximos días se conozca el acuerdo sobre el cese del fuego bilateral. El diario El Espectador informó, citando fuentes cercanas a los negociadores, que Santos viajará a La Habana jueves o viernes para anunciar que se llegó a un acuerdo sobre el desarme y para anunciar un cese bilateral del fuego.
Ruidos en el ambiente
El anuncio de Santos con una fecha final fue hecho después de que el Congreso aprobara una reforma de la Constitución para incorporar a esta todo lo que acuerden el gobierno y las FARC una vez que los colombianos lo hayan ratificado. El gobierno quiere que esa ratificación se exprese en un referéndum, que ya tiene la aprobación del Congreso, pero las FARC quieren una asamblea constituyente.
Entre otras cosas, la reforma aprobada la semana pasada en el Congreso acorta los tiempos para enmendar la Constitución en la dirección de los acuerdos que surjan y otorga facultades extraordinarias al presidente para que tome medidas en el mismo sentido. La reforma avanzó ahora a la Corte Constitucional -este es un paso previo a la promulgación-, donde ya está la iniciativa para convocar a un plebiscito después de la firma de un eventual acuerdo. La ley establece que deben participar en ella 4,4 millones de colombianos, 13% del electorado, para que el resultado de la consulta se considere válido. El gobierno y los partidos de izquierda que apoyan los diálogos de paz buscarán que la asistencia sea masiva para que el resultado sea fuerte.
Quien ya está en campaña para esa consulta popular es el ex presidente Uribe, un férreo opositor del gobierno y de los diálogos con las FARC. Desde comienzos de mes Uribe impulsa una “firmatón”, reuniendo firmas en 30 ciudades contra las conversaciones de paz y la aprobación de un eventual acuerdo. Su partido, el Centro Democrático, todavía no resolvió si hará campaña para que en el referéndum se vote “No” o llamará a la abstención.
Otro de los opositores de un eventual acuerdo es el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, quien aseguró el lunes que Santos está haciendo un “chantaje” a los colombianos para forzarlos a aprobar el eventual acuerdo con las FARC. Ordóñez se refirió específicamente a que Santos dijo la semana pasada ante el Foro Económico en Medellín que si no se alcanza el acuerdo de paz con las FARC, estas “están preparadas para volver a la guerra”. El procurador opinó: “Es indudable que esto es una guerra psicológica a la que está sometida la sociedad colombiana”.