Bachelet confirmó el domingo de noche, en cadena nacional, que enviaría al Parlamento el llamado Proyecto de Educación Superior, para iniciar su tramitación. “Con él cerramos el ciclo de leyes de la gran reforma educacional que iniciamos en 2014”, explicó la mandataria. En su discurso, Bachelet afirmó que el nuevo sistema aspira a “consagrar” la condición mixta de la educación -en la que cohabitarán los ámbitos privado y público-, aunque estará centrado en “las universidades del Estado”. La presidenta chilena también se refirió a los sectores que se oponen a la reforma, especialmente las federaciones estudiantiles y los rectores, estos últimos aglomerados en el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. “Sabemos que no es posible dejar a todo el mundo contento, porque hay muchas miradas diferentes en juego, pero la propuesta que enviamos [al Parlamento] es resultado de un amplio debate y de las opciones que guían mi gobierno”, dijo al respecto. Reconoció, además, que el actual sistema “tiene limitaciones, genera profundas discriminaciones, su desarrollo ha tocado techo y exige cambios”.
El proyecto no llena las expectativas de los estudiantes, que convocaron una nueva marcha para hoy y otra para el domingo, aunque no cuentan con autorización oficial. Critican que la iniciativa mantiene una lógica de mercado y deja la puerta abierta al lucro en la educación terciaria, además de que no cumple con la promesa del gobierno de la gratuidad universal. Es que la reforma marca el camino hacia la gratuidad universal, pero su avance estará vinculado a la capacidad de crecimiento de la economía chilena, lo que impone cierta incertidumbre sobre cuándo se llegará a la meta. Según estimaciones del gobierno, es posible que el objetivo no se complete antes de que Bachelet termine su mandato, en 2018. “Miles de estudiantes ya han podido comprobar que la gratuidad llegó para quedarse. Ahora queremos que quede establecido por ley que no hay vuelta atrás, que Chile conquistó un derecho permanente que se irá concretando gradualmente”, explicó Bachelet el día antes de enviar el proyecto al Parlamento.
La reforma decreta otros cambios en el sistema universitario. Uno de ellos es la acreditación de las instituciones: actualmente es voluntaria en rangos que pueden ir de dos a siete años; a partir de la aprobación del proyecto será obligatoria y se entregará por un plazo de ocho años. Además, establece un nuevo sistema de admisión, que estará a cargo de la Subsecretaría de Educación Superior y no del Consejo de Rectores, como ocurre actualmente. El domingo la presidenta dijo que esto implicará que se someta a revisión la llamada Prueba de Selección Universitaria.
La ministra de Educación, Adriana Delpiano, aseguró que el gobierno va a “acelerar” la aplicación de la nueva ley, para que las instituciones educativas “puedan iniciar el proceso para ser sin fines de lucro y avanzar en gratuidad”. El vocero del gobierno, Marcelo Díaz, dijo que la reforma será “uno de los grandes legados del gobierno”, y aclaró que se escribió “pensando en los chilenos y especialmente en los estudiantes”.
Una encuesta publicada ayer por la consultora Cadem reveló que 62% de los chilenos cree que el gobierno de Bachelet debe retirar o moderar las reformas impulsadas al principio de su gestión -la educativa, la tributaria y la laboral-, mientras que sólo 5% las dejaría tal como están. En tanto, 30% de los consultados optaría por profundizarlas, “porque han sido insuficientes”. Este sondeo también muestra que 65% de los entrevistados rechaza la gestión de Bachelet y 26% la aprueba.