Esta semana el gobierno de Venezuela tomó una serie de medidas políticas para combatir la escasez de productos básicos. El presidente Nicolás Maduro prorrogó por 60 días el estado de excepción y emergencia económica que le permite gobernar por decreto. Maduro hizo el anuncio el miércoles, y argumentó que la decisión es necesaria “dadas las circunstancias extraordinarias de orden económico, social, político, natural y ecológico que afectan gravemente la economía nacional”, según el texto publicado en el diario oficial.
Es la tercera vez que el decreto es prorrogado desde que se puso en marcha, a mediados de enero. Mediante la emergencia económica, Maduro puede disponer de recursos -públicos y privados- y tomar otras medidas para hacer frente a la escasez de productos de primera necesidad sin consultar al parlamento, la Asamblea Nacional. La medida fue prorrogada “a fin de que el Poder Ejecutivo pueda seguir brindando protección a los venezolanos contra la guerra económica”, indica el documento oficial. La oposición venezolana considera que la carencia de alimentos y medicinas y las fallas en los servicios públicos no son producto de una “guerra económica”, como argumenta el gobierno, sino el resultado de las políticas oficialistas y su efecto negativo en la industria local.
Además, Nicolás Maduro confió a las Fuerzas Armadas la distribución de alimentos, medicamentos y otros productos básicos como medida contra el desabastecimiento. En esa tarea tendrá plenos poderes el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. En el marco del decreto de emergencia económica, Maduro lanzó el lunes la “Gran misión abastecimiento soberano y seguro”, un programa social que, según explicó, estará dirigido por un “comando para el abastecimiento” conformado por él y la Fuerza Armada Venezolana, y encabezado por Padrino. “Esta gran misión va a concentrar los esfuerzos políticos económicos, institucionales, logísticos, nacionales, sectoriales, regionales, locales, en tres motores fundamentales” que son los sectores agroalimentario, farmacéutico e industrial, explicó.
La nueva medida establece que los militares coordinarán la distribución de alimentos, medicinas y otros productos esenciales, y podrán dictar resoluciones sobre la compra, comercialización y distribución de estos artículos. Según el documento, que también está publicado en el diario oficial, el programa tiene como objetivo “garantizar los derechos a la alimentación y la salud de los venezolanos”.
La misión de abastecimiento que propone Maduro transfiere amplias libertades a los militares sobre la economía venezolana y aumenta las competencias del superministro Padrino, que tendrá poder sobre todos los ministros, una potestad que antes era exclusiva del vicepresidente y del propio presidente. Estos aspectos fueron muy criticados por la oposición, que considera que la decisión de darle más poder a la fuerza militar implica una amenaza para la democracia.
El ministro de Defensa, en un intento de responder a las críticas, dijo que la intervención de las fuerzas de seguridad “es un asunto de disciplina, no de militarizar”. Agregó: “Yo soy un hombre formado en la ciencia y el arte militar, pero no me gusta el militarismo, no me gusta la intervención militar en los asuntos que no son de naturaleza militar”. En los últimos 15 años, Padrino escaló posiciones en el Ejército hasta convertirse en uno de los pocos hombres de confianza de Maduro.
El presidente venezolano aseguró que, una vez que empiece a funcionar este programa, la “guerra económica” será derrotada y se observarán mejoras en la economía del país, en especial en materia de abastecimiento.
La escasez de productos de primera necesidad llevó a que más de 35.000 venezolanos cruzaran a pie hasta Colombia el domingo para hacer surtidos de comida y medicamentos. Esto fue posible porque Maduro autorizó la apertura de la frontera por un período de 12 horas. El tramo que se abrió fue el que limita con la ciudad colombiana de Cúcuta, una de las fronteras más dinámicas entre Venezuela y Colombia, que el gobierno venezolano cerró en agosto para frenar el contrabando.