La lectura de la sentencia completa que da cierre a la investigación judicial por la masacre de Curuguaty, en la que murieron 11 trabajadores rurales y seis policías, estuvo marcada por los desencuentros entre los jueces y los abogados defensores. Hubo una discusión acerca del lugar en el que se haría la lectura -la defensa había pedido que se desarrollara en el salón de eventos del Palacio de Justicia y se eligió la explanada al frente del edificio- y por la presencia policial -había más de 1.500 funcionarios-, mientras decenas de manifestantes que acompañaban a los trabajadores rurales dirigían cánticos contra los jueces y fiscales.
La sentencia hace una cronología de las semanas previas a que la Policía fuera a desalojar las tierras conocidas como Marina Kue. Concluye que los trabajadores rurales ingresaron a esas tierras con el objetivo de ocuparlas, y cometieron así el delito de invasión de propiedad privada. Este delito se atribuyó a los 11 campesinos que fueron condenados, pese a que estas tierras son estatales. El Estado las reclama en la Justicia civil al grupo empresarial que las ocupa, Campos Morombí.
La sentencia señala que los trabajadores rurales contaban con armas blancas y de fuego y estaban practicando cómo utilizarlas durante la ocupación, por lo cual se les imputa el delito de conformar una organización criminal. Según el tribunal, los policías cayeron en una “emboscada” y los campesinos tenían “intención de matar”, dice la sentencia. No hubo condenados por la muerte de 11 trabajadores rurales.
Los jueces concluyeron que Rubén Villalba, el campesino condenado a 35 años de prisión como uno de los autores del asesinato del comisario Erven Lovera, fue el primero en disparar, y aseguraron que la investigación fiscal fue correcta y que no hubo montajes ni ocultamiento de evidencias, tal como han denunciado la defensa y organizaciones sociales paraguayas e internacionales.
Después de la lectura del fallo, trabajadores rurales bloquearon la ruta Las Residentas, que pasa por las tierras de Marina Kue, y anunciaron que seguirán allí hasta que se haga justicia. En la sentencia se condenó a los 11 campesinos a penas de cuatro a 35 años de prisión.