Aunque la decisión de la Suprema Corte de Justicia todavía no es oficial, el referéndum que dejará en manos de los italianos la reforma constitucional que propone Renzi es un hecho. Al menos, eso informó la prensa italiana durante todo el fin de semana. El tribunal dispuso de 30 días para examinar las firmas recolectadas a favor de convocar a la consulta, aunque tomó su decisión el viernes, una semana antes de que terminara el plazo. La campaña a favor del Sí a la reforma de la Constitución, liderada por el primer ministro italiano, logró superar ampliamente el mínimo de 500.000 firmas requerido por la ley, según informó el diario La Repubblica.

El proceso hacia el referéndum constitucional quedará activado una vez que la Corte haga el anuncio oficial. De acuerdo con los requisitos del tribunal, el primer paso es la verificación de las firmas. Luego, el presidente italiano, Sergio Mattarella, tendrá que firmar el decreto de la convocatoria. A partir de ese momento, el gobierno contará con 60 días para fijar la fecha del referéndum, que puede ser cualquier domingo entre el 2 de octubre y el 11 de diciembre. Los medios italianos aseguran que Renzi ya manifestó su preferencia por fijar la consulta el 27 de noviembre, lo que le daría al PD más de tres meses para hacer campaña.

Las modificaciones impulsadas por el primer ministro, y aprobadas por el Parlamento en abril, tienen como objetivo aumentar la estabilidad política, revertir el inmovilismo legislativo y reactivar la economía del país. También será una prueba importante para Renzi, que en los últimos meses amagó con renunciar a su cargo si en el referéndum gana el No. En un principio, Renzi estaba convencido de que una derrota en el referéndum lo obligaría a “irse a casa”, pero su discurso se volvió más ambiguo en los últimos días. La semana pasada, el dirigente dijo que su futuro político “no debería estar condicionado a este referéndum”. Además, el líder del PD dio a entender que en ese escenario renunciaría a su puesto como jefe de gobierno, pero mantendría el cargo como secretario de su partido, según informó el diario italiano La Stampa.

Por lo pronto, los sondeos no favorecen a Renzi. La última encuesta publicada por la RAI reveló que, si el referéndum tuviera lugar ahora, 54% de los ciudadanos votaría No.

En los planes

Renzi y el PD proponen modificar varios puntos de la actual Constitución italiana. Una de las medidas más importantes -y también controvertidas- es la que pretende ponerle fin al bicameralismo perfecto, gracias al cual la Cámara de Diputados y el Senado tienen exactamente la misma fuerza. Un desacuerdo entre las dos dificulta, por ejemplo, la votación de un primer ministro en el Parlamento. Quienes respaldan la reforma sostienen que este sistema se convirtió en un obstáculo para la legislación, ya que apenas un cuarto de las enmiendas llegan a ser aprobadas. El bicameralismo perfecto causó, en muchas ocasiones, largos debates y un fuerte inmovilismo legislativo, con leyes paralizadas durante años por la incapacidad de ambas cámaras para ponerse de acuerdo.

La reforma también limita los poderes del Senado, que se convertirá en una cámara con representación regional sin capacidad para legislar en cuestiones nacionales. Sólo la Cámara de Diputados “ejerce la función de dirección política, la función legislativa y aquella de controlar el trabajo del gobierno”, según el texto oficial. Esto significa, en otras palabras, que las leyes serán aprobadas únicamente por Diputados. Hay excepciones: el Senado podrá involucrarse en la legislación que tenga que ver con el Estado y con la Unión Europea. Por lo demás, su función central es “representar a las entidades territoriales”.

La cámara alta también reducirá su número de escaños: contará con 100 senadores, en lugar de los 315 que la integran actualmente. Si se aprueba la reforma constitucional, además, los diputados tendrán más competencias en asuntos de defensa, y la aprobación de las leyes de amnistía e indulto dependerá sólo de ellos. Los senadores, por su parte, dejarán de percibir un salario, aunque mantendrán los fueros parlamentarios.

Así las cosas, el Senado no podría impulsar una moción de censura en contra del gobierno, y las regiones no podrían vetar proyectos de transporte, energía e infraestructura de interés nacional, por ejemplo. De hecho, la reforma transfiere al Estado algunas de las competencias que ahora están divididas con las regiones, como la seguridad social, la protección del medioambiente y la seguridad, la protección civil, el patrimonio cultural y el turismo. Otras cuestiones, como la protección de la salud, las políticas sociales, la seguridad alimentaria y el sistema educativo, podrán seguir siendo administradas por las regiones.

Por otro lado, la reforma suprime definitivamente las provincias, por lo que el país quedaría constituido sólo por “los municipios, las ciudades metropolitanas, las regiones y el Estado”.

Unos y otros

Los partidos opositores con más fuerza en Italia se oponen a la reforma constitucional y respaldan la campaña por el No, de cara al referéndum. El mayor detractor de la iniciativa es el Movimiento 5 Estrellas del cómico Beppe Grillo, un partido que se presenta como “antisistema” y que ganó hace unas semanas las elecciones generales en Roma y Turín, dos de las ciudades más importantes del país. Grillo alegó, en varias ocasiones, que si la reforma fuera aceptada, “perjudicaría al federalismo italiano” y el gobierno pasaría a tener “demasiados poderes”, debilitando así el equilibrio de fuerzas de la Constitución. En la misma línea, Forza Italia, el partido dirigido por Silvio Berlusconi, se opone a una reforma constitucional que percibe como un intento del primer ministro por “destruir la democracia”.

En abril, cuando la reforma fue aprobada en el Parlamento, el partido de extrema derecha Liga Norte dijo que la formación no apoyaría un texto “inconstitucional” que Renzi “usa como pasarela política”. La Liga Norte aparece como el tercer partido en las encuestas de intención de voto para las elecciones de 2018, detrás del Movimiento 5 Estrellas y del PD, que se vienen turnando en los dos primeros lugares.

En tanto, quienes defienden los cambios en la Constitución aseguran que la reducción de las potestades del Senado permitirá que el Estado funcione mejor y que el Parlamento legisle de forma más rápida y eficaz. Si se aprobara esta reforma, Italia asistiría a la primera modificación oficial constitucional desde 1947.