Mientras se desarrollaba el juicio político mediante el cual se destituyó a la presidenta Dilma Rousseff, otro enfrentamiento legal se llevaba adelante en los tribunales brasileños. En mayo Ricardo Pereira de Melo recurrió a la Justicia brasileña para denunciar que había sido destituido de su cargo como titular de la EBC por el presidente en funciones. Melo argumentó que según la ley que creó la EBC, firmada en 2008 por Luiz Inácio Lula da Silva, los presidentes de la empresa tienen un mandato de cuatro años y sólo pueden ser removidos si cometen un acto ilegal o si reciben dos votos en contra del Consejo Curador, órgano de dirección de la entidad. La EBC gestiona dos canales de televisión -NBR y TV Brasil-, siete radios y tres páginas de noticias -entre ellas Agência Brasil.

Melo había sido designado por Rousseff sólo dos semanas antes de ser destituido, tras una extensa carrera en el periodismo que incluyó cargos editoriales y ejecutivos en la cadena Globo y el diario Folha de São Paulo, entre otros. El gobierno de Temer, cuando todavía era interino, designó en su lugar a Laerte de Lima Rimoli, que trabajó en la campaña presidencial de Aécio Neves -el candidato que compitió en 2014 con Rousseff- y fue jefe de comunicación de Eduardo Cunha -el ex presidente de la Cámara de Diputados que promovió el juicio político a la ex presidenta.

En sólo dos semanas como presidente de la EBC, Rimoli ordenó que se dejara de llamar “presidenta” a Rousseff -pese a que todavía no había sido destituida-, destituyó a centenares de periodistas y canceló la producción y emisión de algunos programas de información. Según Rimoli, la EBC había sido utilizada por el Partido de los Trabajadores para defender a la mandataria y era necesario “despolitizar” sus contenidos. También denunció que dentro de la empresa estatal había 11 gerentes y 30 coordinadores que no tenían personas a cargo, y criticó el “despilfarro”, pese a lo cual siguió cobrando su sueldo como presidente del organismo (unos 9.300 dólares) mientras no ejercía el cargo.

Tras la demanda judicial de Melo, el juez del Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli ordenó que el ex titular de la EBC fuera restituido en el cargo como medida provisoria mientras se estudiaba el tema a fondo en esa corte. En su fallo, Toffoli también advirtió que la ley que creó la EBC deja claro que no hay lugar para “la libre decisión de la Presidencia de la República de cambiar la dirección” sin los motivos presentes en la ley.

El gobierno apeló la medida provisoria de Toffoli mediante la Abogacía General de la Unión (AGU). En el documento presentado ante el Supremo Tribunal Federal, la AGU argumenta que es “notorio” que la designación de Melo fue hecha “en las vísperas del inevitable alejamiento de la presidenta Dilma Rousseff” y que su objetivo era “únicamente impedir que el futuro presidente pudiera hacer la nominación de acuerdo a criterios legítimos”. La AGU denuncia, además, que bajo la dirección de Melo la EBC “asumió, sin cualquier tipo de disfraz, la defensa indirecta” de Rousseff.

La misma línea siguen los argumentos del secretario de gobierno, Geddel Vieira Lima, que pidió públicamente el cierre de la EBC, a la que calificó de “emblema del aparato que el Partido de los Trabajadores instaló en el gobierno” que “sólo genera un desperdicio de dinero”. También Moreira Franco, uno de los asesores más cercanos de Temer, hoy encargado del programa de privatizaciones, ha defendido el cierre de la empresa, argumentando que “no tiene sentido” mantener medios de comunicación públicos con una programación similar a la de los privados.

Voces en discordia

La lucha del gobierno de Temer por destituir a Melo fue criticada por distintos organismos. Por un lado, el Consejo Curador, que dirige la EBC, reiteró su respaldo a Melo y manifestó en un comunicado que no había “amparo legal” para este cambio. A su vez, un comunicado firmado por la EBC afirma que el cambio dispuesto por el gobierno de Temer “viola [...] uno de los principios específicos de la Radiodifusión Pública, relacionado con su autonomía en relación con el gobierno”. También hubo un pronunciamiento de la Federación Nacional de Periodistas de Brasil, que alertó “sobre los peligros de romper la legalidad en esta y en otras situaciones de la vida nacional” y advirtió que “las normas legales son creadas para que las voluntades y los intereses particulares no se superpongan a los intereses colectivos de la sociedad”.

Incluso se pronunciaron la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante un comunicado conjunto firmado por los responsables de cada organismo de vigilar el respeto a la libertad de expresión, David Kaye y Edison Lanza, respectivamente. “La interferencia” del gobierno de Temer en la dirección de la EBC es “un paso negativo para un país conocido por su compromiso sólido con la libertad de opinión y de expresión”, manifestaron. En el texto también se “felicita” a Toffoli por restituir a Melo en su cargo, mientras se condena la “interferencia en la administración de una emisora pública nacional y, en particular, en su trabajo periodístico”. El texto concluye que “Brasil está atravesando un período crítico y precisa garantizar la preservación de los avances que se alcanzaron en la promoción de la libertad de expresión y de acceso a la información pública a lo largo de las últimas décadas”.

Por su parte, el propio Melo publicó una columna en el diario Folha de São Paulo en la que destaca el papel de los medios públicos en Brasil, en especial el de TV Brasil, a la que califica de “la mayor exhibidora de producción nacional”, con una “gran pluralidad de programas, con productos dedicados al público LGBT, a los negros, a los grupos feministas, a los jóvenes”, y dirigidos “a la reflexión sobre los grandes temas nacionales”. También destaca que fue el canal que más horas destinó a la transmisión de los Juegos Paralímpicos. “Intentar encontrar programas semejantes en la televisión privada es tiempo perdido, porque el mercado publicitario no se interesa en esos asuntos”, dice.

Melo reconoce que es necesario impulsar cambios en la EBC, aunque agrega que “eso no puede ser hecho con medidas provisorias autoritarias o intervenciones catastróficas”, sino mediante “el diálogo social, el mismo que se produjo antes de su creación”.

No queda así

Pero las críticas por el intento de destituir a Melo no amilanaron al gobierno de Temer, que, a 48 horas de convertirse en efectivo, volvió a intentarlo. El 2 de setiembre, mientras Temer estaba en China, el presidente interino -el titular de la Cámara de Diputados-, Rodrigo Maia, publicó un decreto en el Diario Oficial en el cual se sustituye nuevamente a Melo con Rimoli.

Además, cambia varias de las normas que rigen la EBC mediante una medida provisoria, un tipo de norma que entra en vigencia al ser publicada en el Diario Oficial aunque debe ser ratificada en el Congreso. La medida provisoria establece que el presidente de la EBC puede ser nominado y exonerado por el presidente de Brasil en cualquier momento de su mandato.

Otros de los cambios son la eliminación del Consejo Curador, integrado por 22 representantes -15 de ellos de organizaciones civiles, los demás del gobierno y el Congreso-, el traspaso de la EBC de la órbita de la Secretaría de Comunicación Social a la del Ministerio de Presidencia, y modificaciones en el Consejo de Administración de la empresa.

Las críticas hicieron hincapié en la eliminación del Consejo Curador, que hacía las veces de representante de las organizaciones civiles en la dirección de la empresa. En un comunicado, el consejo critica toda la medida provisoria señalando que “elimina la autonomía de la EBC respecto del gobierno para definir la producción, programación y distribución de contenido en el sistema público” de medios de comunicación. “El Consejo Curador fue responsable por demandar la creación de una franja de diversidad religiosa [...], de recomendar y exigir diversidad de género, raza, orientación sexual y accesibilidad en todos los contenidos [y] defender la cobertura de contenidos relacionados con los derechos humanos”, indica el comunicado, en el que también se anuncia que se recurrirá a la Justicia para intentar revertir esta decisión del gobierno.

La presidenta del Consejo Curador, Rita Freire, señaló en una nota publicada en Agência Brasil que la medida provisoria “demuestra” que Brasil vive “un estado de emergencia”, y agregó: “Las medidas tomadas no respetan los derechos de las personas ni la existencia de una sociedad democrática. Sin derecho a la comunicación, sin comunicación pública, no es posible la existencia de una sociedad democrática”, argumentó.

Acerca de la nueva destitución de Melo, su abogado, Marco Aurélio de Carvalho, dijo que se trató de “una medida absolutamente autoritaria” que “demuestra el poco respeto de este gobierno al Supremo Tribunal Federal”. Antes de publicar la medida provisoria el gobierno anuló la destitución de Melo que había aprobado en mayo, por lo cual Toffoli anuló la medida cautelar que dispuso ante aquella destitución, obligando a Melo a dejar su cargo.

El sindicato de trabajadores de la EBC y distintos organismos que representan a los periodistas brasileños reiteraron sus críticas al gobierno de Temer después de la publicación de la medida provisoria. El Frente de Defensa de la EBC y de la Comunicación Pública, integrada por estas y otras organizaciones civiles, dijo que recurrirá esta decisión del nuevo gobierno ante la Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y manifestó que esta medida “ataca frontalmente el carácter público de la EBC” y se encuadra en “un conjunto de ataques a la soberanía nacional, a la democracia y a los derechos laborales y sociales que el gobierno de Temer está anunciando”.

Al volver a ocupar la presidencia de la EBC, el 14 de setiembre, Rimoli despidió a 30 funcionarios, lo que el sindicato calificó de purga.