Funes solicitó asilo en Nicaragua porque considera que en su país están “en peligro su vida e integridad física”, así como la de su familia, “por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos” y por “su afiliación política”, informó ayer el diario oficial nicaragüense, La Gaceta, que confirmó que el asilo le fue otorgado. El ex presidente enfrenta un juicio en su país por enriquecimiento ilícito y actos de corrupción cometidos durante su gestión.
Este juicio civil comenzó después de que la Sala de Probidad concluyera que Funes y su familia no pueden justificar todos los gastos e ingresos que tuvieron durante su mandato, de 2009 a 2014. Entre otras cosas, aparecen vehículos a nombre de Funes y de dos de sus hijos valuados en casi 200.000 dólares, y el ex presidente saldó una deuda personal por una cifra similar. En total, la diferencia entre los ingresos y los bienes y el dinero de la familia es de 600.000 dólares. Si se encuentra culpable a Funes, se podría impulsar una causa penal en su contra.
En el marco de este proceso civil, también se investiga al ex presidente por presunto tráfico de influencias y negociaciones ilícitas. El medio digital El Faro informó que la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía investiga los préstamos otorgados por bancos públicos a algunos empresarios que son amigos de Funes o que financiaron su campaña. Se busca información en particular sobre varios préstamos otorgados por el Banco Hipotecario a distintas empresas vinculadas a personas del entorno cercano de Funes, en particular al empresario José Miguel Menéndez Avelar, conocido como Mecafé. Este empresario fue fundador de la agrupación Amigos de Mauricio, que promovió la candidatura de Funes en 2009, y recibió al menos tres préstamos del Banco Hipotecario durante su gobierno.
La gestión de Funes es centro de varias investigaciones paralelas en El Salvador, todas ellas dirigidas por la Fiscalía General. El titular del organismo, Douglas Meléndez, ha dicho que se propone demostrar que la tregua alcanzada entre el gobierno de Funes y las maras permitió que estas compraran armas, incrementaran su control territorial y aumentaran los ataques contra policías. También está en curso una investigación por algunas de las contrataciones realizadas durante la gestión de Funes y pagadas con fondos públicos. Principalmente, se busca determinar si se cometió delito al contratar a empresas con poca trayectoria lideradas por personas cercanas al ex presidente.
Funes dijo ayer en Twitter que el 31 de agosto decidió pedir asilo, “después de constatar la persecución política” en su contra, pero sus críticas suelen estar dirigidas a la Justicia salvadoreña y no al gobierno, que es liderado por su ex vicepresidente, Salvador Sánchez.
Mediante las redes sociales el ex mandatario criticó las investigaciones de las que es objeto y aseguró que la Fiscalía sigue “instrucciones de la derecha” y de Estados Unidos para desprestigiarlo. “No tengo inmuebles ni cuentas. No tengo nada que ver con inversiones de Mecafé. Esto no pasa de ser un show de la Fiscalía”, que no cuenta con pruebas para demostrar sus acusaciones, aseguró. También dijo que buscan condenarlo “a como dé lugar”.
Después de que ayer se conociera que Nicaragua había otorgado asilo a Funes por considerarlo un perseguido político, el portavoz de la presidencia salvadoreña, Eugenio Chicas, dio una conferencia de prensa. “Él debe tener los fundamentos para sentirse perseguido, no por este gobierno sino por otros actores”, dijo. Por su parte, los sectores más a la izquierda del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) han denunciado una persecución contra Funes por parte de la Fiscalía General y de Estados Unidos. “Se está creando una anarquía institucional a través del fiscal [general Meléndez] […] Huele a golpe de Estado”, dijo en Twitter el diputado del FMLN Guillermo Mata.