En una decisión que unió excepcionalmente a demócratas y republicanos, el Senado estadounidense y la Cámara de Representantes aprobaron a principios de mes la llamada Ley de Justicia contra Promotores del Terrorismo, que permite denunciar a Arabia Saudita por su supuesto papel en los atentados del 11 de setiembre de 2001 en Nueva York. El presidente Obama tenía tiempo hasta el viernes pasado para ratificarla o no. Ese día, a última hora, el mandatario le devolvió el texto de la ley al Congreso con una nota en la que justificaba por qué decidía vetarla. El miércoles, las dos cámaras superaron cómodamente la mayoría de dos tercios que necesitaban para anular de forma definitiva el veto presidencial. Automáticamente, y sin la firma de Obama, la ley entró en vigor.
La iniciativa permite que, en los casos de terrorismo, los jueces de Estados Unidos puedan pasar por alto el principio de “inmunidad soberana”, que exonera a un país de responder a demandas presentadas en tribunales extranjeros. Esto supone que las víctimas de terrorismo, de ahora en más, podrán denunciar en tribunales estadounidenses a estados extranjeros, a sus gobernantes o a funcionarios por posibles vínculos con atentados, una potestad que hasta el momento sólo tenía el gobierno.
De los 19 terroristas implicados en los atentados de 2001, 14 eran ciudadanos sauditas. En julio, Estados Unidos desclasificó un informe que establecía posibles lazos entre los extremistas y las personas que podrían estar vinculadas al gobierno de Arabia Saudita. Quienes impulsaron la ley y los familiares de las víctimas creen que la nueva normativa podría ayudar a que se investigue esta situación.
Obama había vetado la ley basándose en tres razones. En primer lugar, argumentó que la normativa les quita a los profesionales de seguridad y política exterior del gobierno la capacidad para luchar contra el terrorismo y la traslada a “un enjambre” de abogados y tribunales que podrían alcanzar decisiones contradictorias sobre los vínculos de otros países con el terrorismo. De acuerdo con el mandatario, además, la ley tira abajo los principios de la inmunidad internacional, lo que podría poner en peligro a representantes militares y diplomáticos de Estados Unidos en otros países. Finalmente, Obama opinó que la ley “amenaza con crear complicaciones en las relaciones [de Estados Unidos] con sus socios más cercanos”, incluido Arabia Saudita.
Ayer, el presidente estadounidense dijo a la cadena CNN que la decisión del Congreso “fue un error” y que sienta “un peligroso precedente”, ya que, sin “la noción de inmunidad soberana”, los ciudadanos de su país “alrededor del mundo” podrían “verse sujetos a leyes recíprocas”. Y aclaró: “La preocupación que tengo no tiene nada que ver con Arabia Saudita en concreto o mi compasión por las familias [de las víctimas] del 11 de setiembre. Tiene que ver con que no quiero una situación en la que de manera súbita nos veamos expuestos a responsabilidades por el trabajo que hacemos en todo el mundo”. A la vez, dijo no estar sorprendido de que el Congreso haya anulado su veto, “porque es difícil votar contra las familias de las víctimas del 11 de setiembre, sobre todo justo antes de unas elecciones”, aunque aseguró que “hubiera sido lo correcto”.
El portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, dijo sentirse “decepcionado” por la revalidación de una ley que, según explicó, “podría tener consecuencias muy serias para Estados Unidos en el mundo”. En contrapartida, el senador demócrata Chuck Schumer, uno de los impulsores de la ley, dijo que “era importante” permitir a las víctimas de terrorismo “buscar justicia”, incluso si eso “causa algunas incomodidades diplomáticas”.