“El Senado tomó una decisión que entra a la historia de las grandes injusticias. Los senadores que votaron por el impeachment eligieron rasgar la Constitución. Decidieron interrumpir el mandato de una presidenta que no cometió ningún delito de responsabilidad. Condenaron a una inocente y consumaron un golpe parlamentario”, dijo ayer Dilma Rousseff después de la votación en la que el Senado la destituyó. “Es el segundo golpe de Estado que enfrento en mi vida”, dijo. La ahora ex presidenta agregó que “61 senadores sustituyeron la voluntad expresada por 54,5 millones de votos”.

Sin embargo, Rousseff se mostró esperanzada y dijo: “El descreimiento y la amargura que nos afectan en momentos como este son pésimos consejeros. No desistan de la lucha”. La ex mandataria agregó: “Piensan que nos vencieron, pero están engañados. Sé que todos vamos a luchar. Habrá contra ellos la más firme, incansable y enérgica oposición que un gobierno golpista puede sufrir”. Dijo que sale de la presidencia como entró, “con la misma voluntad de seguir luchando por Brasil”, y se declaró segura de que “la interrupción de este proceso por el golpe de Estado no es definitiva”. Afirmó: “Volveremos”. En el cierre de su discurso, Rousseff se despidió: “En este momento no les voy a decir adiós, tengo la certeza de que puedo decirles hasta pronto”.

Dijo esas palabras a periodistas reunidos en la puerta del Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial, rodeada por sus aliados políticos y aplaudida por algunos de sus seguidores. Lo hizo poco después de que el Senado decidiera, con 61 votos a favor y 20 en contra, condenarla en el juicio político a perder el mandato por “delitos de responsabilidad”. Después del cierre de su discurso, Rousseff recibió una carta de apoyo del Frente Brasil Popular -integrado por partidos de izquierda, agrupaciones sindicales y organizaciones civiles-. Ese frente denuncia que la agenda del gobierno de Temer contiene “medidas contra el pueblo” y se compromete a llevar adelante una lucha “implacable” contra “la coalición antidemocrática que rompió con el Estado de derecho”.

Si bien el Senado votó la destitución de Rousseff, no fue penalizada con la inhabilitación por ocho años para ejercer cargos públicos que está prevista en la ley que regula el proceso de juicio político. Antes de la votación, el Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece la ex presidenta, propuso en el Senado que se hicieran dos votaciones para definir estos aspectos por separado, y quien dirigió el proceso, el presidente del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, aceptó el pedido. Lo que sorprendió es que varios de los senadores que votaron la destitución de Rousseff en la primera votación no apoyaron la inhabilitación en la segunda: los resultados fueron 61 a 20 y 42 a 36, con tres abstenciones. Ocho de los 19 senadores que votaron en contra de Rousseff en la primera votación pero a favor en la segunda son del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al que pertenece Temer. Según algunos diarios brasileños, el propio presidente del Senado, Renan Calheiros, del PMDB, instó a los senadores a no votar la inhabilitación de la ex presidenta.

Esa diferencia en las dos votaciones fue señalada, entre otros, por el presidente del PT, Rui Falcão, quien dijo en Twitter que la primera fue “la votación de la vergüenza” y en la segunda surgió “lo que quedaba de conciencia” en los senadores. En principio, el PT no hará un pronunciamiento oficial acerca del resultado del juicio político, aunque no se descarta que el tema sea tratado en la reunión de la dirección del partido prevista para mañana.

La diferencia en las votaciones generó roces entre los partidos que respaldan el gobierno de Temer, sobre todo entre el PMDB y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). El presidente de este partido, el ex candidato presidencial Aécio Neves, dijo que sus integrantes están “preocupados” por “la posición de algunos sectores del PMDB” que decidieron respaldar a Rousseff para que no perdiera sus derechos políticos. “De aquí en más, Brasil no admite más ambigüedades”, dijo Neves, antes de señalar que la fragmentación del PMDB que se vio ayer le generó desconfianza. Otros senadores, entre ellos el jefe de la bancada del PSDB, Cássio Cunha Lima, amenazaron con abandonar al gobierno en las próximas votaciones.

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Menos de dos horas después de haber sido el escenario en el que se destituyó a la presidenta, el Senado se convirtió en el lugar en el que asumía el nuevo gobernante, ahora de forma definitiva hasta que surja otro presidente de las elecciones de 2018. Después de su asunción y de haber dejado grabado un mensaje que se transmitiría en cadena nacional en el cual reivindicaría la misma línea de gobierno que llevó adelante hasta ahora, Temer partiría rumbo a China para participar en reuniones previas al encuentro del Grupo de los 20.

También Rousseff tiene previsto hacer un viaje, pero en su caso se trata de una gira por países de Europa y América Latina para denunciar que su destitución fue un golpe parlamentario. Además, la defensa de la ex presidenta anunció que apelará el juicio político ante el Supremo Tribunal Federal y que, si es necesario, recurrirá a los tribunales internacionales.

La iniciativa de Rousseff de recorrer la región se enfrentará a los intentos de Temer de desinstalar la interpretación de que Brasil sufrió un golpe de Estado. “A quienes les digan golpistas, respondan: ‘Golpistas son ustedes, que están en contra de la Constitución’”, porque el juicio político se llevó adelante “dentro del más estricto marco constitucional”, dijo Temer a sus ministros en su primera reunión de gabinete desde que asumió como presidente. Un lugar fundamental en esta respuesta será el que ocupe el canciller, José Serra, quien ya ha cruzado declaraciones duras con gobiernos de la región y con la Organización de Estados Americanos ante los pedidos de explicaciones sobre este proceso.

Ayer se reiteraron las denuncias de golpe por parte de algunos gobiernos de la región y de organismos internacionales. El Ejecutivo del venezolano Nicolás Maduro optó por “retirar definitivamente” a su embajador en Brasil y congelar “las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno surgido de este golpe parlamentario”. Bolivia y Ecuador convocaron a consultas a sus más altos cargos diplomáticos en Brasilia, el embajador y el encargado de negocios, respectivamente, y condenaron el “golpe de Estado parlamentario”, así como Cuba y Nicaragua. Por su parte, el Ejecutivo de Mauricio Macri dijo en un comunicado que “respeta el proceso institucional” de Brasil y manifestó su voluntad de “continuar” trabajando con el gobierno de ese país. La ex presidenta Cristina Fernández dijo en redes sociales que “se consumó en Brasil el golpe institucional: nueva forma de violentar la soberanía popular”.