“Estoy estableciendo nuevas medidas de veto para mantener a los terroristas islamistas fuera de Estados Unidos. No los queremos aquí”, dijo Trump al anunciar una orden ejecutiva que materializa otra de sus polémicas promesas de campaña. Por medio de este decreto, el presidente pretende cerrar la puerta a todos los refugiados y a inmigrantes de siete países que su gobierno considera “propensos al terrorismo” -Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen-, para evitar atentados yihadistas en suelo estadounidense.
En el caso de Siria, el texto especifica que quienes escapen del conflicto en ese país tienen prohibida la entrada a Estados Unidos, excepto las “minorías religiosas”. Trump explicó en una entrevista que ese matiz se introdujo para ayudar a los sirios cristianos que están siendo perseguidos.
El documento, que fue firmado el viernes pero la Casa Blanca publicó el sábado al mediodía, ordena la suspensión de la llegada de refugiados durante 120 días, período en el que se examinarán los mecanismos de aceptación de solicitantes de asilo. Además, suspende por 90 días la emisión de visas a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana hasta que se adopten procesos de “escrutinio extremo”.
Un dato a saber es que los atentados de musulmanes en Estados Unidos en el pasado reciente fueron realizados por personas que no procedían de ninguno de esos siete países. Sólo por elegir algunos ejemplos, la mayoría de los responsables del ataque del 11 de setiembre de 2001 procedían de Arabia Saudita, dos eran de Emiratos Árabes, uno era libanés y uno egipcio. El extremista que explotó un coche bomba en el centro de Nueva York en 2010 era paquistaní, y quienes pusieron la bomba en una maratón de Boston en 2013 nacieron en Rusia y Kirguistán. Los medios estadounidenses recuerdan que, de hecho, la mayoría de los atentados recientes fueron cometidos por personas nacidas en Estados Unidos.
Aunque todas las medidas del decreto son temporales, los críticos del presidente creen que muchas de ellas terminarán convirtiéndose en definitivas y supondrán en la práctica un veto a la inmigración de musulmanes.
El Departamento de Seguridad Nacional intentó restarle importancia al asunto y aclaró ayer en un comunicado que el decreto “afecta a una pequeña porción de los viajeros internacionales y es un primer paso hacia el restablecimiento del control sobre las fronteras de Estados Unidos y la seguridad nacional”.
Más tarde, en declaraciones a la prensa, el propio Trump defendió la orden ejecutiva y aseguró que “no es una prohibición contra los musulmanes”. Después agregó en Twitter: “Nuestro país necesita fronteras sólidas y un escrutinio extremo, ahora mismo. Miren lo que está sucediendo en Europa y, ciertamente, en el mundo: ¡un lío terrible!”.
Su jefe de gabinete, Reince Priebus, confirmó, por su parte, que el veto temporal a la entrada de ciudadanos de los siete países no afectará a los residentes permanentes que tienen la llamada green card, aunque estarán sujetos “a un mayor escrutinio”.
Un funcionario de la Casa Blanca dijo el sábado que las personas originarias de estos países que residan en Estados Unidos y actualmente se encuentren fuera del país deberán obtener una exención para poder volver. Una vez que lleguen, las autoridades decidirán “caso por caso”, agregó. El fin de semana, estos detalles todavía no estaban del todo claros, lo que causó confusión en muchos viajeros.
Efecto inmediato
Una vez que Trump firmó los papeles el viernes, el decreto entró en vigencia automáticamente, lo que desató enojo y desconcierto entre quienes viajaban a Estados Unidos con pasaportes de los siete países afectados.
El sábado se dieron a conocer casos de personas a las que no se les permitió volar rumbo a Estados Unidos desde lugares como Egipto, Turquía u Holanda, y de otros que fueron bloqueados a su llegada al país, informó la agencia de noticias Efe.
En Nueva York, más de una decena de personas fueron retenidas en el aeropuerto internacional John F Kennedy (JFK), incluidos dos ciudadanos iraquíes que tenían visas especiales para trasladarse a Estados Unidos. En nombre de ellos dos, abogados pertenecientes a la Unión para las Libertades Civiles en América presentaron el sábado una demanda ante un tribunal federal para exigir la liberación de todos los detenidos y buscar que no se impida la entrada en el país a nadie bajo la orden decretada por Trump. El recurso dio sus frutos porque, unas horas después, la jueza Ann Donnelly bloqueó parte de la orden ejecutiva alegando que deportar a esas personas podría causar un “daño irreparable”. Ayer, en un comunicado conjunto, fiscales generales de 16 estados condenaron “la orden ejecutiva inconstitucional, antiestadounidense e ilegal del presidente Trump”.
En las puertas del aeropuerto JFK se concentraron el sábado cientos de personas para protestar contra la medida de Trump y mostrar solidaridad con los inmigrantes. Sus carteles exponían frases como “Todos los refugiados son bienvenidos” o “No al veto”. Las mismas consignas se repitieron en los aeropuertos de Boston, Chicago, Denver, Florida, San Francisco, Seattle y Washington.
Sin mucho apoyo
La nueva política migratoria anunciada por Trump fue rechazada por gobiernos de países que la consideran divisiva, discriminatoria y antidemocrática.
El presidente francés, François Hollande, llamó el sábado a Trump por teléfono y le advirtió que la defensa de la democracia implica el respeto de los principios en los que se sustenta, y “en particular la acogida de los refugiados”, según informó un portavoz del Elíseo.
La canciller de Alemania, Angela Merkel, dijo ayer que estaba “convencida de que la guerra decidida contra el terrorismo no justifica que se coloque bajo sospecha generalizada a personas en función de una determinada procedencia o religión”.
En tanto, la primera ministra británica, Theresa May, reaccionó ayer después de haber recibido duras críticas por su negativa inicial a pronunciarse al respecto. May declaró finalmente que no estaba de acuerdo con el polémico decreto y ordenó a sus ministros de Relaciones Exteriores e Interior contactar a sus pares estadounidenses para aclarar la situación y evaluar el impacto de esas medidas en los musulmanes británicos que también tengan la nacionalidad de los países vetados. El canciller británico, Boris Johnson, consideró, por su parte, que “es divisorio y equivocado estigmatizar por la nacionalidad”. El alcalde de Londres, Sadiq Khan -primer musulmán en llegar a ese puesto-, calificó la medida de “vergonzosa” y “cruel”. Mientras, el líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, exigió cancelar la visita de Trump a Reino Unido hasta que se levante el decreto.
La mayoría de los países árabes guardó silencio, aunque algunos, como Irán, respondieron de manera directa. Teherán calificó la decisión de Trump de “insulto flagrante a los musulmanes del mundo”, que fomenta “la propagación de la violencia y el extremismo”, y anunció que, en represalia, no permitirá la entrada de estadounidenses al país “hasta que se solucionen todas las limitaciones insultantes de Estados Unidos contra los nacionales iraníes”.
La medida contra los inmigrantes también fue cuestionada por organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Mundial de la Migración pidieron el sábado a Estados Unidos que mantenga “su larga tradición” de proteger a los que huyen de conflictos y recalcaron que “los refugiados deberían recibir el mismo tratamiento sin tener en cuenta su religión, nacionalidad o raza”.