Se trata de las dos primeras medidas que toma el comando antigolpe, que empezó a funcionar el martes bajo la conducción del vicepresidente de Venezuela, Tarek el Aissami. El miércoles de noche, El Aissami informó sobre la detención de Caro, activista y diputado suplente del partido Voluntad Popular, y dijo que fue interceptado en una carretera del estado de Carabobo con explosivos, un fusil de asalto, dinero en efectivo y otros documentos que demuestran intenciones de “desestabilizar” al país. La detención ocurrió de mañana y los allegados a Caro no supieron sobre el paradero del dirigente opositor hasta escuchar la declaración televisada de El Aissami.

“Se trata de una persona con características violentas”, dijo el vicepresidente, quien recordó que el diputado, de 42 años, ya fue “privado de libertad por varios delitos, como homicidio”. Caro estuvo preso durante diez años, hasta 2004, por un asesinato en el que asegura que lo incriminaron y por narcotráfico.

El número dos del gobierno venezolano también acusó a Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, de estar planificando actos violentos en el marco de nuevas movilizaciones que organiza la oposición para fines de enero. Al respecto, aseguró que Caro llevaba documentos que mostraban los planes para asesinar a varios dirigentes de la oposición con el objetivo de “sembrar la inseguridad en el país”. En el mismo sentido se manifestó ayer el diputado chavista Diosdado Cabello, quien acusó a Voluntad Popular de planear una “masacre” durante una concentración contra el gobierno para “encubrir” la fuga de López de la prisión militar de Ramo Verde, donde está recluido desde 2014. “Por eso la necesidad del comando antigolpe [...] No vamos a esperar que la derecha perversa actúe, no, nosotros vamos a actuar preventivamente”, agregó.

Del otro lado, líderes de la oposición denunciaron que el arresto de Caro es inconstitucional, ya que goza de inmunidad por su rol como parlamentario suplente desde 2016, y exigieron su inmediata liberación. Voluntad Popular dijo en un comunicado que el activista fue detenido en un peaje para poder “sembrarle” las armas y los explosivos.

“Inaceptable detención del diputado Gilber Caro por parte del Sebin. El artículo 200 de la Constitución es claro: ¡La inmunidad se respeta!”, dijo el presidente del Parlamento, Julio Borges, en su cuenta en Twitter. Ese artículo establece que los diputados del Parlamento tienen inmunidad en el ejercicio de sus funciones “desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia”.

El mismo día, Primero Justicia denunció que el concejal Jorge Luis González fue detenido por funcionarios del Sebin en la ciudad de Maracaibo, “sin razón alguna”, y exigió su liberación. “Con estas acciones hoy más que nunca queda claro que pensar distinto y promover un cambio de gobierno y de sistema en el país es motivo para el acoso que mantiene el oficialismo a dirigentes políticos de la alternativa democrática”, dijo el partido de Capriles en un comunicado. El diputado opositor Tomás Guanipa aseguró en Twitter que el Sebin mantiene al concejal incomunicado.

Más tarde, en una conferencia de prensa, el ministro del Interior, Néstor Reverol, informó que González y otro concejal de Maracaibo por Primero Justicia, Romer Rubio Flores, fueron detenidos. “Se ha desvelado un plan desestabilizador en el estado Zulia, en Maracaibo. El día de ayer nuestros órganos de inteligencia nacional practicaron la detención del ciudadano Jorge Luis González Villasmil”, informó.

Reverol dijo que González tenía un explosivo “tipo granada de mano”, maderas con clavos de acero, pólvora, “20 cartuchos de armas de fuego” y panfletos con llamados a la “rebelión civil” en protesta por el aumento de las tarifas de la electricidad.

Agregó que el concejal “estaba planificando” causar “conmoción” y “causar muerte” a quienes participaran ayer en una manifestación liderada por el ex gobernador de Zulia Manuel Rosales, y que pretendía culpar de eso al gobierno.

Acerca de Rubio, Reverol dijo que se lo detuvo porque se encontraron “importantes pruebas de interés criminalístico” en su contra.