La primera entre los integrantes del gobierno de Macri en pedir una baja de la edad de imputabilidad fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el 31 de diciembre. “El año próximo deberá tratarse una reforma del Régimen Penal Juvenil, porque es una deuda que tiene la Argentina. Es una deuda que tenemos que encarar, porque es muy importante que aquellas personas menores, de entre 14 y 16 años, tengan una sanción cuando cometen este tipo de delitos”, dijo a Radio Mitre.

Días antes había muerto Brian Aguinaco, un adolescente de 14 años. Viajaba en un auto con su abuelo cuando fue baleado en la cara por dos ladrones que se escapaban en moto después de robarle la cartera a una mujer. Uno de los sospechosos de su asesinato es un hombre de 26 años y el otro, un adolescente de 15.

Mientras Brian estaba internado en un hospital, se podían leer en los diarios argentinos una carta conmovedora del padre de Brian, desesperado por que su hijo viviera, otra del médico que trató de salvarle la vida y el testimonio del abuelo, que afirma que el más joven de los sospechosos fue el que disparó la bala, y no el otro, como creía la fiscalía. También se podía leer que el adolescente acusado había dejado el país. Fue detenido en Chile.

Los vecinos del barrio de Flores, donde vivió y fue baleado Brian, organizaron marchas, ocuparon la comisaría 38, hicieron destrozos y fueron desalojados con gases lacrimógenos. El abuelo de Brian pidió que se tomaran medidas porque Flores “es un barrio en guerra”.

Fue en ese ambiente de indignación que Bullrich lanzó esta propuesta, reafirmada ayer por Garavano. “El año pasado hicimos debates con cientos de participantes, y eventos públicos, trabajos con UNICEF. Hicimos lo que se denomina recolección de materiales y opiniones de expertos. Terminada esta etapa, empezamos con la generación de una comisión para que trabaje en la reforma de la ley penal juvenil, que es de la dictadura militar y es un régimen básicamente paternalista”, dijo ayer el ministro al diario La Nación.

Explicó que el Poder Ejecutivo se propone, este mismo mes, convocar una comisión “plural” integrada por expertos para que elabore un proyecto de reforma del régimen penal juvenil, que sería enviado al Congreso en 2018.

“Dentro de ese debate, uno de los temas tiene que ver con la edad de la imputabilidad, pero el trabajo está orientado al abordaje de los jóvenes y su tratamiento”, agregó Garavano. “Hoy la posición del gobierno es que hay una situación en esa franja de 15 años que debe ser abordada por la ley, pero en base a consensos con UNICEF y todo el arco político”, afirmó en otra entrevista, con la radio Nacional.

“La situación del chico que comete un delito es distinta de la de un adulto, porque ese chico está creciendo y madurando, y el rol de la pena debe ser preventivo, para que le permita luego integrarse a la sociedad y desarrollarse”, aclaró el ministro.

Cuando La Nación le preguntó si el gobierno tiene la intención de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, Garavano respondió: “Se va a discutir en el marco de la comisión. Hay actores, como UNICEF, que se oponen. Tenemos información empírica detallada de la relación de los jóvenes de 14 y 15 años con el delito”. En su opinión, “lo importante es que se discuta y se cambie el régimen penal juvenil” y se fijen “reglas claras, que hoy no existen”.

“Un clásico”

El rechazo a esta iniciativa se hizo oír ayer mismo. “Es una aberración humanitaria y jurídica”, dijo al diario Página 12 el titular del Servicio Paz y Justicia y premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Por su parte, la líder de Generación para un Encuentro Nacional, Margarita Stolbizer, opinó que “la baja de la imputabilidad para que un pibe de 14 años vaya preso [...] es una medida populista y demagógica”, y que “la mejor política frente al delito [...] es tratar de evitarlo”. La diputada se preguntó en Twitter: “¿Y si prueban con educación igualitaria y de calidad en lugar de seguir con las cárceles que son la academia del delito?”.

También el juez en lo contencioso administrativo Luis Federico Arias rechazó el plan del gobierno: “Estas ideas son un clásico de la demagogia punitiva cada vez que se acerca una elección. Los políticos empiezan a hablar de estos temas para conseguir la adhesión de la gente que necesita una respuesta para la inseguridad; e intentan demostrar que se están ocupando del problema cuando en realidad no es así. Si se ocuparan, lo que harían sería prevenir”.

Con él coincidió la titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, María del Carmen Verdú: “Este tipo de debate es recurrente y reaparece cuando se dan dos circunstancias: cuando un chico menor está involucrado en un delito grave y cuando es un año electoral”.

UNICEF manifestó ayer que es necesario rediscutir el sistema penal actual, pero que bajar la edad de imputabilidad significaría dar “un paso atrás” en cuanto a la protección de los derechos de niños y adolescentes, informó la agencia estatal Télam, que consultó a la responsable del organismo para el área, María Ángeles Misuraca. La funcionaria dijo que UNICEF propone, en cambio, que “se trabaje en la ampliación de medidas alternativas a la privación de la libertad”. Agregó que “el eje de la justicia penal infantil debe ser la prevención, y alejada de la ley penal”.

Según un informe de UNICEF, en Argentina hay 1.305 personas que todavía no cumplieron 18 años y están privadas de su libertad en centros cerrados.