Las organizaciones civiles extranjeras que trabajan en China pasaron a depender desde el domingo de la Policía, que deberá aprobar sus proyectos, controlará sus cuentas, decidirá la legalidad de sus actividades y, en última instancia, evaluará si pueden seguir trabajando en el país. La norma, que fue aprobada en abril pero entró en vigor el primer día de enero, afecta a más de 7.000 organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro como fundaciones, grupos sociales y centros de estudios, según establece el texto oficial.

La ley dispone que estas entidades extranjeras deben obtener primero la aprobación de una agencia gubernamental relacionada con su área de trabajo y después pedir, antes de 30 días, un certificado de la Policía que compruebe su legalidad. Esa legalidad va a depender, básicamente, de cuánto se ajustan las organizaciones a las leyes chinas. La entrada en vigencia de esta norma volvió a despertar las críticas de los grupos involucrados, que la consideran ambigua, vaga y creada para restringir todavía más su margen de actuación en la sociedad civil, ya bastante limitado desde que llegó al poder el presidente Xi Jinping. Un investigador de Amnistía Internacional para China, Patrick Poon, denunció que los grupos que “pretenden tener cierta incidencia política en China podrían ser aún más vulnerables bajo estas disposiciones, ya que podrían ser acusados de ‘poner en peligro la seguridad nacional’ si critican al gobierno”. Estados Unidos y la Unión Europea también expresaron su preocupación ante la posibilidad de que esta regulación otorgue a las autoridades un “poder ilimitado” para vigilar e interferir en los asuntos de las organizaciones.

Pero el gobierno de China asegura que las organizaciones extranjeras siguen siendo bienvenidas en el país y defiende un texto que, en su opinión, simplemente aumenta la transparencia de un sector “ampliamente desregularizado”.

En la lista de actividades que la Policía tiene permitido intervenir no aparece la categoría de derechos humanos -que incluye a grandes organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, que trabajan desde Hong Kong-, pero sí hay campos que llegaron a ser reprimidos por las autoridades, como la defensa de las minorías étnicas, la igualdad de género y los servicios legales.