El presidente de Brasil, Michel Temer, reconoció ayer que la situación en las cárceles es un “problema nacional” y prometió un mayor control del Estado en el sistema penitenciario, después de la muerte de 56 personas en una prisión de Manaos, en el estado de Amazonas. Como respuesta a la crisis, Temer aseguró que el gobierno trabaja en un plan de seguridad nacional que también contemplará medidas contra el narcotráfico.

Temer habló ayer sobre la masacre en el complejo penitenciario Anísio Jobim, y se solidarizó con los familiares de las víctimas. La tragedia activó las alarmas del gobierno y llevó a Temer a reunir a su gabinete para analizar la crisis carcelaria.

“Se trata de un problema nacional y se está perfilando un plan de seguridad pública para resolverlo”, aseguró Temer. Agregó que el documento será presentado a finales de este mes y adelantó que uno de los puntos principales será la separación de los presos más peligrosos de aquellos que fueron condenados por delitos menores.

Después de la reunión del gabinete, el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, dijo que el plan que se está elaborando se centrará en tres puntos fundamentales: la reducción del número de homicidios, el combate al tráfico de drogas y armas, y la modernización de las cárceles. Según el ministro, se trabajará contra el crimen organizado tanto fuera como dentro de las prisiones, para frenar las disputas entre bandas rivales que han causado matanzas en las cárceles y la muerte de un preso por día en Brasil. En cuanto a la modernización del sistema penitenciario, afirmó que el gobierno construirá cinco nuevas cárceles federales de máxima seguridad para los presos más peligrosos, que se sumarán a las cuatro ya existentes.

El gobernador de Amazonas, José Melo, coincidió en que el sistema carcelario del país está colapsado “debido al narcotráfico”, y culpó al Estado de la lamentable situación, que a su entender se debe atender con la participación de militares. El gobernador propuso crear un fondo nacional para financiar la reubicación de 10% de las Fuerzas Armadas hacia la frontera para detener el ingreso de cocaína a Brasil.

Mientras tanto, la investigación sobre lo ocurrido el domingo en Manaos continúa a pasos lentos. Temer dijo ayer que como la gestión del complejo estaba en manos de una empresa privada, “no hay una responsabilidad muy clara, objetiva y definida de los agentes estatales”. Pero tanto el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, como organizaciones civiles responsabilizan al gobierno de Temer, a pesar de que la gestión de las cárceles está a cargo de los gobiernos estatales.

El alto comisionado consideró en un comunicado que los hechos ocurridos en Manaos no son “incidentes aislados”, sino que reflejan “una situación crónica de los centros de detención en el país”. Human Rights Watch, por su parte, instó a Brasil a retomar el control de su sistema penitenciario, el cual, apuntó, está en manos de las facciones criminales como la que incentivó la masacre de esta semana. Además, recordó que en octubre del año pasado otras 22 personas fallecieron en prisiones de los estados de Rondônia, Roraima y Acre, también ubicados en la región norte del país.

El ministro De Moraes, en tanto, restó importancia al papel de las bandas y responsabilizó a la administración del penal por permitir la entrada de armas, celulares y bebidas al centro penitenciario. También dijo que la Secretaría de Seguridad de Amazonas sabía de la fuga masiva de presos que tuvo lugar el mismo día y que, sin embargo, “el gobierno federal no fue informado y no hubo pedido de ayuda”. En total, se fugaron 184 personas de distintas cárceles de Manaos. Las autoridades estatales informaron que, por el momento, sólo 65 fueron recapturadas.