El presidente de Brasil, Michel Temer, presentó ayer su defensa ante las acusaciones de corrupción que formuló en su contra la Fiscalía General. En esta investigación, que para prosperar en el Supremo Tribunal Federal necesita el aval del Parlamento, el presidente está acusado de obstrucción de la acción de la Justicia y de asociación ilícita, a partir de testimonios de los dueños de la empresa cárnica JBS, quienes dijeron que sobornaron a Temer desde 2010.

Los primeros pasos de Temer como presidente de Brasil incluyeron esfuerzos discursivos y diplomáticos para contrarrestar a quienes leyeron su llegada al poder como el efecto de un golpe contra su antecesora, Dilma Rousseff. Por eso llama la atención que ahora Eduardo Carnelós, abogado de Temer, recurra a la palabra “golpe” para defenderlo. El abogado consideró que esta denuncia contra el presidente es una “tentativa de golpe” y celebró que ya no esté en su cargo quien la promovió, Rodrigo Janot, cuyo mandato como fiscal general de Brasil finalizó en setiembre. “Menos mal que ahora no está más al frente del Ministerio Público Federal alguien que esté dispuesto a deponer al presidente de la República contra la norma constitucional, contra el ordenamiento jurídico”, dijo el abogado, según citaron los diarios O Estado de São Paulo y Folha de São Paulo. No aclaró Carnelós en qué lugar deja esa afirmación a la actual fiscal general, Raquel Dodge.

El abogado, que poco antes había presentado un documento de casi 90 páginas en el que niega que Temer haya cometido los delitos que se le atribuyen, dijo que la denuncia fue “absolutamente armada, basada en pruebas forjadas, hecha con el objetivo claro y hasta indisimulado de deponer al presidente de la República, constituyendo, por tanto, una tentativa de golpe en Brasil”. Se permitió también un comentario político: dijo que la acusación se lanza justo cuando “la economía nacional comenzaba a mostrar señales de recuperación, sufriendo los efectos de la crisis fabricada por los dos mandatarios anteriores”.

La defensa de Temer presentó sus alegatos ante la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados, que tiene el caso a consideración. Uno de los argumentos en favor del presidente apunta a que cayó el acuerdo establecido entre la Fiscalía y los dueños del grupo JBS, quienes lo acusaron de recibir sobornos. Por ese convenio, los directivos de esta empresa dedicada a la industria cárnica debían brindar información a cambio de beneficios en su propia situación judicial. Cuando la Fiscalía concluyó que habían ocultado datos relevantes, anunció la caída del convenio, pero aclaró que la información que habían aportado seguía teniendo valor para ser utilizada como prueba. La defensa de Temer alega lo contrario. Considera que las irregularidades que se encontraron ponen los testimonios en cuestión.

Ahora la Comisión de Constitución y Justicia tiene un máximo de cinco sesiones para elaborar un informe sobre el caso para remitirlo al plenario de la Cámara de Diputados, donde se necesita una mayoría calificada de dos tercios para que se autorice al Supremo Tribunal Federal a tratar la acusación contra el presidente. Si esta corte decidiera abrir un proceso penal, Temer sería suspendido de su cargo por seis meses, y en ese plazo se llevaría adelante el proceso. Si el presidente fuera declarado culpable, sería destituido.

Temer ya pasó por una instancia similar en julio. También entonces fue acusado de corrupción por la Fiscalía General, pero el caso no prosperó en la Cámara de Diputados, que lo trató en agosto. Se especula acerca de qué tanto cambiaron las circunstancias políticas y si el presidente todavía cuenta con el respaldo de entonces, cuando 227 diputados votaron a favor de que fuera juzgado y 263 se opusieron. Según informó la agencia de noticias Efe, es posible que en los principales aliados de Temer –su Partido del Movimiento Democrático Brasileño y el de la Social Democracia Brasileña– haya dirigentes dispuestos a votar con la oposición y a evitar poner en riesgo su reelección en las legislativas de 2018, cuando también se elegirá un nuevo presidente. En todo caso, el martes Temer se dedicó a conversar con 42 legisladores del oficialismo y de sus partidos aliados.

A los diputados también se dirigió la defensa de Temer en su alegato, en el que dijo que “al contrario que el ex fiscal general, el presidente sabe que el Congreso no está formado por bandoleros, sino por hombres y mujeres” que “tienen conciencia de la inconveniencia de permitir una crisis política y jurídica de ruidosas consecuencias”.