A partir de un fallo judicial, las cámaras del Congreso de Brasil podrán decidir si aplican o no las suspensiones de sus integrantes dictadas por la Justicia. El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil definió ayer, en una votación muy ajustada, que será el Congreso el que tenga la última palabra en lo que respecta al mandato de sus integrantes y que podrá, incluso, decidir no aplicar un dictamen judicial cuando este implique la suspensión de un senador o diputado. De esta forma, un diputado o senador no podrá ser suspendido en su cargo si la mayoría de su cámara no está de acuerdo.

Esta decisión llega en un momento en el que decenas de diputados y senadores están siendo investigados por el STF por su presunto involucramiento en el esquema de corrupción de Petrobras y, en varios casos, por supuestos intentos de obstaculizar las investigaciones judiciales. El fallo cierra un período que comenzó hace un año y medio, cuando el STF separó de su cargo al diputado Eduardo Cunha, disparando críticas de los integrantes del Congreso, que acusaron al Poder Judicial de interferir en los demás poderes.

La votación de ayer generó choques entre los diez magistrados del STF, cuya votación terminó en un empate, por lo que la presidenta del órgano, Cármen Lúcia, tuvo que desempatar.

La decisión incide directamente en la situación de Aécio Neves, acusado de corrupción y obstrucción de la Justicia, quien a fines de setiembre fue suspendido en su cargo de senador por el STF, que también le prohibió que salga de su casa por las noches y le exigió que entregue su pasaporte. Desde ese entonces la formación de la que fue candidato presidencial en 2014, el Partido de la Social Democracia Brasileña, buscaba los caminos para someter a votación del pleno del Senado la decisión del STF.