La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, fue enviada nuevamente a una cárcel de mujeres después de que el régimen de la prisión domiciliaria en el que se encontraba fuera revocado por el mismo juez que se lo otorgó. Sala estuvo durante 45 días en detención domiciliaria en una casona que no era el domicilio en el que vivía antes de ser detenida.

La decisión de que Sala regresara al penal de Alto Comedero fue tomada después de que el viernes la dirigente se negara a ser trasladada a un hospital de Jujuy para hacerse exámenes médicos. La defensa de Sala asegura que se había acordado con el juez una manera de hacer esas revisiones distinta de la que se pretendió aplicar el viernes, y por eso la líder social no accedió a practicárselas. El vocero del Poder Judicial de Jujuy, Pablo Ponce, dijo que la prisión domiciliaria tenía como principal objetivo “el cumplimiento de todas las indicaciones médicas para el cuidado de su salud y el resguardo de su integridad física”, y que el beneficio se otorgó “bajo advertencia de revocar la medida si se incumplía con esta decisión del juez” y con los controles médicos dispuestos.

En el mismo sentido que Ponce se pronunciaron integrantes del equipo del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, enemigo político de Sala, así como el ministro de Justicia de Mauricio Macri, Germán Garavano. Tanto Garavano como Morales se refirieron a este tema en medios periodísticos y aseguraron que la Justicia es independiente.

La que se aplicó el sábado no es la primera decisión dirigida a revocar la prisión domiciliaria que se había concedido a la dirigente. El 29 de setiembre la Cámara de Apelaciones de Jujuy revocó el beneficio brindado a Sala y dispuso su regreso al penal de Alto Comedero. Sin embargo, esa decisión no fue aplicada porque los abogados de Sala la recurrieron ante la Justicia y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sigue de cerca el caso.

“Esto es un retroceso”, opinó en una entrevista con la radio FM La Patriada el presidente de la CIDH, el peruano Francisco Eguiguren. El organismo manifestó en Twitter que el traslado de Sala a la cárcel “caracteriza un incumplimiento de una medida cautelar vigente”, pero no agregó más detalles. La CIDH tiene prevista una reunión para dar seguimiento a este caso en el marco de las sesiones agendadas entre el 23 y el 27 de octubre. Por su parte, Amnistía Internacional manifestó en Twitter su “profunda preocupación” por el regreso de Sala a prisión y advirtió “que esta decisión incumple lo establecido por la CIDH”.

Una polémica aparte generó el operativo policial que se llevó a cabo para conducir a Sala nuevamente a prisión: a las 7.00 del sábado un grupo de policías de Jujuy que llevaban la cara cubierta con pasamontañas irrumpió en la casa para detener a la líder social, que fue retirada del domicilio descalza y en pijama. La defensa de Sala denunció que ella fue golpeada, así como su esposo, Raúl Noro, y que ambos tienen moretones en los hombros y los brazos. “Una vez más atropellaron mi dignidad y violaron mis derechos”, denunció Sala en una carta abierta publicada después de su detención.

Además de reclamar por los golpes recibidos por Sala y su esposo, la abogada de la líder social, Elizabeth Gómez Alcorta, denunció que ella no había sido notificada del operativo y que el gobierno de Macri y el de Morales “no sólo la quieren acallar, poner de rodillas y silenciar, sino que también la quieren muerta”.