La ex presidenta y senadora electa argentina Cristina Fernández se presentó ayer a declarar en calidad de indagada en la causa dirigida por el juez Claudio Bonadio, en la que está acusada de “traición a la patria”. La acusación proviene de una denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman por la firma, en 2013, del Memorando de Entendimiento con Irán, en el que se establecía un mecanismo para que brindaran testimonio los iraníes acusados de estar involucrados en la causa de la AMIA. Antes de morir, Nisman acusó a Fernández y a varios ex jerarcas de haber suscrito ese acuerdo con el objetivo de encubrir a los sospechosos del ataque, que dejó 85 muertos y sigue impune.

Tal como ha hecho en sus últimas comparecencias ante la Justicia, Fernández optó por no responder preguntas y presentó un escrito en su defensa. A la salida del tribunal de Comodoro Py, donde la esperaba un grupo de militantes, dio breves declaraciones ante los medios de comunicación. Allí, la ex presidenta aseguró que “traición a la patria” es la “utilización del Poder Judicial para perseguir a los opositores” políticos. Manifestó que detrás de las acusaciones judiciales está el gobierno de Mauricio Macri, que pretende “atemorizar a los dirigentes de la oposición”, porque quiere “un Parlamento sumiso, en el que los legisladores voten lo que ellos quieren”.

En el escrito presentado ante el juez Bonadio, la ex presidenta niega “expresa y taxativamente haber cometido una conducta ilegal” con la firma del Memorando de Entendimiento con Irán. Subrayó que alcanzó ese acuerdo en cumplimiento de sus tareas ejecutivas y que este fue ratificado por el Congreso, por lo que “no puede ser objeto de revisión judicial, sobre todo cuando nunca entró en vigencia y, por lo tanto, nunca tuvo efectos jurídicos”. En esta línea, Fernández también dijo que tanto ella como su ex canciller, Héctor Timerman, que compareció ante la Justicia la semana pasada, son “víctimas de difamaciones y hostigamiento”.

Acerca del acuerdo en sí, la senadora electa asegura que fue suscrito con el único fin de resolver “el diferendo” existente con Irán por “la reiterada renuencia” de ese país a aceptar la extradición de los ciudadanos iraníes que la Justicia argentina consideraba sospechosos de haber participado en el atentado de la AMIA. “Las negociaciones con la República de Irán tuvieron un solo objeto: permitir la toma de las declaraciones indagatorias a los imputados iraníes por el atentado a la AMIA para que la causa avanzara”, agrega el texto, donde se considera que el acuerdo era “la única forma de que la investigación en curso saliera del punto muerto en que se encuentra”.

En una segunda parte del escrito, Fernández se dedica a cuestionar al juez de la causa, a quien le recuerda que fue imputado “por ser parte del encubrimiento al atentado a la AMIA” y que se lo apartó de la investigación judicial. “Usted paralizó esa investigación durante casi cinco años”, agregó. Fernández se refería a una decisión adoptada por la Justicia en 2005, por la cual se alejó a Bonadio de la investigación del caso AMIA al considerar que había perdido imparcialidad y que había mantenido el doble papel de magistrado y sospechoso. Por ese motivo, en ese entonces se solicitó al Consejo de la Magistratura que se sancionara a Bonadio, algo que no sucedió.

Al cierre del documento, Fernández asegura: “Doctor Bonadio, de usted no espero Justicia. Pero confío plenamente en que cuando en la Argentina se restituya el Estado de Derecho, tan dramáticamente afectado hoy por la espuria y desvergonzada relación entre el Poder Político y el Poder Judicial, la Justicia que reclamo finalmente se proveerá”.

Otra causa vinculada al caso AMIA avanzó ayer en la Justicia: comenzó el juicio oral y público contra el ex presidente Carlos Menem y una decena de imputados, acusados de haber intentado desviar la investigación del atentado.