El título de la audiencia era “Situación de los derechos laborales y sindicales en Argentina” y, según la información preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en esa instancia se enfrentarían el Estado argentino y más de 20 organizaciones sociales que se presentaron para denunciar las políticas del gobierno de Mauricio Macri sobre este tema. En la sesión de la CIDH se denunció que el gobierno argentino promueve un debilitamiento de los mecanismos que garantizan los derechos de los trabajadores o permiten defenderlos, en particular, los sindicatos y la Justicia laboral.

En Argentina hay un “cuadro de hostigamiento y criminalización de dirigentes sindicales” y una “persecución de jueces laborales”, dijo Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Agregó que los dos fenómenos son propiciados por el Poder Ejecutivo, que también impulsa una “reforma regresiva” en cuanto a los derechos laborales y la seguridad social que se da “en un contexto regional específico, signado por las reformas legislativas en Brasil”, agregó.

Tanto Morales como otros representantes de la sociedad civil plantearon que a estos cambios legislativos y judiciales se suma la represión de las movilizaciones laborales en las calles, así como ataques verbales del gobierno contra sindicalistas y protestas. Como ejemplo, recordaron que durante una de las jornadas de paro convocadas por los sindicatos Macri se reunió con empresarios y dijo: “Acá sí se trabaja”, como si los sindicalistas no lo hicieran.

El gobierno no sólo busca afectar a los sindicatos con ese discurso, sino también mediante la Justicia, denunciaron. El representante de la Central de Trabajadores de la Argentina-Autónoma, y también secretario general de la Federación Judicial Argentina, Hugo Blasco, informó que siete sindicatos fueron intervenidos en los últimos meses de forma directa o indirecta por el gobierno, que ha recurrido a “mecanismos ilegales”, ya que las normas argentinas establecen que sólo la Justicia laboral puede disponer ese tipo de intervenciones. El dirigente dijo que un ejemplo de estas prácticas del gobierno es postergar las votaciones para elegir la directiva de un sindicato y luego acusar a la directiva en funciones de que está actuando fuera del período de su mandato, para justificar así una intervención.

Blasco agregó que ante fallos adversos de la Justicia laboral el gobierno adopta evasivas e insiste con la intervención. Esto permite, entre otras cosas, que las patronales evadan las instancias de negociación colectiva argumentando que el representante de los trabajadores está invalidado, la violación de convenios colectivos, y la falta de reconocimiento y la criminalización de las autoridades sindicales. “Estamos ante una práctica sistemática de injerencia del Estado en organizaciones de trabajadores con la finalidad de impedir su accionar”, concluyó.

Por su parte, Roberto Baradel, secretario de relaciones internacionales de la Central de Trabajadores de la Argentina-Trabajadores, recordó su propio caso en el conflicto docente con el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Este dirigente también es secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación en la provincia y fue una de las caras más visibles de los trabajadores agremiados durante el conflicto que surgió a comienzos de año por la negativa del gobierno a convocar negociaciones colectivas en el área. Entre otras cosas, Baradel recordó que había sido amenazado y que el gobierno manifestó que él no precisaba que nadie lo protegiera. También recordó que en los primeros meses de gobierno fueron despedidos 20.000 funcionarios, que “el Estado estigmatizó a los trabajadores calificándolos de ñoquis” y que en el marco del conflicto docente se reprimió la instalación de una escuela pública itinerante en la que los sindicalistas querían dar a conocer sus reclamos. En este sentido, agregó que “otro elemento preocupante es la creciente presencia de fuerzas de seguridad” en las movilizaciones vinculadas con reclamos laborales o derechos humanos.

En la misma línea, la secretaria de Acción Social del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Carla Gaudensi, apuntó a la represión policial de las protestas de trabajadores. Recordó el caso de las denuncias de abusos por parte de la Gendarmería y la Policía bonaerense en el desalojo “brutal” de la planta de Pepsico, que había sido ocupada por sus trabajadores después de que se anunciara su cierre. También se refirió a lo sucedido durante el operativo policial en la movilización que reclamaba la aparición con vida de Santiago Maldonado el 1º de setiembre, a un mes de su desaparición, cuando siete trabajadores de la prensa fueron detenidos y estuvieron incomunicados por más de 48 horas. Gaudensi dijo que este último procedimiento en particular fue en contra “del libre ejercicio” del desarrollo profesional de los trabajadores de la prensa.

Lo político y lo jurídico

Otros representantes de la sociedad civil denunciaron que el gobierno de Macri busca debilitar a la Justicia laboral condicionando el trabajo independiente de los jueces. Una de las representantes que expuso sobre este tema fue Lucía Aseff, vicepresidenta primera de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo, organización que se conformó este año. “La asociación quiere manifestar su gran preocupación por la práctica del Poder Ejecutivo de denunciar a jueces laborales en virtud del contenido de sus sentencias, tratándose de un hecho de gravedad institucional”, denunció, y agregó que esta práctica “condiciona el ejercicio independiente de los magistrados” y constituye “un avance indebido” del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. La dirigente se refirió a los juicios políticos iniciados por el Consejo de la Magistratura, órgano regulador de los jueces argentinos, a instancias del Ministerio de Trabajo, contra magistrados que han emitido fallos favorables a los sindicatos. Es el caso de al menos cinco jueces: Diana Cañal, Luis Raffaghelli (presidente de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo), Dora Temis, Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, estos dos últimos integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Aseff aseguró que los procedimientos son “por el mero desacuerdo” del Ejecutivo “con el contenido de las sentencias” emitidas por estos magistrados.

El presidente de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, denunció lo mismo, y criticó el discurso del gobierno, y en particular de Macri, acerca de que la “mafia” de jueces y abogados laboralistas y la “industria del juicio laboral” perjudican a las empresas argentinas e incluso provocan el cierre de pequeñas y medianas empresas. “El presidente ha llamado a enfrentar a la ‘mafia’ de la Justicia laboral y el propio ministro de Trabajo ha denunciado a la ‘industria del juicio laboral’”, dijo Cremonte, antes de asegurar que el gobierno está elaborando “listas negras” con jueces que suelen fallar a favor de los sindicatos y abogados que prestan sus servicios a trabajadores.

El pedido

El abogado laboralista Álvaro Ruiz, en representación de la central sindical Confederación General del Trabajo, estuvo a cargo de la lectura del petitorio presentado por las más de 20 organizaciones civiles que recurrieron a la CIDH para reclamar el respeto a los derechos de los trabajadores. En el texto se pide al Estado que “garantice la no regresividad en materia de derechos laborales y de seguridad social”, así como la autonomía sindical y la negociación colectiva. También se reclama al gobierno de Macri que “cese el ataque a los abogados laboralistas, que constituye un agravio y afecta a los trabajadores su derecho fundamental de acceso a la Justicia” y que “retire el pedido de juicio político contra magistrados de la Justicia laboral”. A la comisión, las organizaciones le piden que se informe “sobre la situación de debilitamiento de los mecanismos de protección de los trabajadores en toda la región” y que adopte medidas para evitarlo.

Por su parte, Aseff subrayó: “Hay que respetar la división de poderes. El Poder Ejecutivo tiene todo el derecho de promover las reformas que considere necesarias si no está de acuerdo con la legislación laboral, pero es absolutamente impropio, agraviante y preocupante que el presidente de la República hable de malos jueces”.

La respuesta

En la mesa de los representantes del Estado se encontraba el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, pero quien tomó la palabra fue Sara Graciela Sosa, la directora de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo. En una firme defensa de la actuación del gobierno, Sosa aseguró que las declaraciones de jerarcas sobre la Justicia laboral “fueron vertidas con el objetivo de lograr transparencia en el debate” sobre este tema, y agregó: “Decir que el gobierno no puede opinar sobre tales cuestiones implica afectar el libre juego del debate democrático”. La funcionaria insistió en que “las expresiones políticas no implican ni pueden ser interpretadas como un intento de criminalizar, condicionar o estigmatizar la labor de abogados ni la de los jueces”, y aseguró que “no existe hostigamiento” contra estos profesionales, sino “un conflicto de intereses políticos que se da en cualquier sistema democrático”.

Además, negó que exista “una relación causal entre los dichos gubernamentales y las denuncias presentadas ante el Consejo de la Magistratura”, pese a que las declaraciones fueron del presidente y del ministro de Trabajo, y a que fue este último el que presentó las denuncias contra los magistrados laborales. Sosa incluso utilizó el aumento del número de denuncias presentadas en la Justicia laboral (fueron 115.000 en 2016 y 142.000 en lo que va de este año) para asegurar que “no existe restricción alguna para el pleno acceso de los trabajadores a las instancias judiciales”.

Por su parte, los comisionados presentes en la audiencia mostraron su preocupación por las denuncias presentadas por los representantes de la sociedad civil. Pidieron detalles acerca de los procedimientos iniciados contra jueces laborales y sobre las medidas adoptadas por el gobierno para garantizar la libertad sindical. Dos de los comisionados se refirieron a las declaraciones públicas de Macri y el ministro de Trabajo acerca de los jueces y los abogados laborales: Luis Ernesto Vargas dijo que le “impactó profundamente” el uso de la expresión “mafia de los juicios laborales”, mientras que Soledad García Muñoz hizo un llamado “a extremar el cuidado de nuestras manifestaciones” cuando se hace referencia a determinados temas.