El malestar del subsecretario del Interior chileno, Mahmud Aleuy, surgió el viernes, cuando el gobierno pidió “recalificar” la causa que mantiene contra cuatro activistas mapuches acusados de terrorismo en la región de La Araucanía, caracterizada por las luchas de esa comunidad. Ese día, el ministro del Interior, Mario Fernández, pidió a la Corte de Apelaciones de Temuco que se cambiara la prisión preventiva de los cuatro mapuches por un régimen de arresto domiciliario, y que ya no sean juzgados por la ley antiterrorista, para intentar ponerle fin a una huelga de hambre que los activistas mantenían desde hacía más de 100 días.

Cuando Fernández anunció la decisión, Aleuy –que defendía una postura contraria– se encontraba en Argentina abordando detalles de la llamada “Operación Huracán”, un operativo que culminó con la detención preventiva de ocho dirigentes mapuches imputados por asociación ilícita. Fuentes del gobierno aseguraron al diario La Tercera que, a pesar de la distancia, Aleuy estuvo al tanto de las negociaciones que hacía el gobierno para terminar con la huelga de hambre. Pero desde el círculo cercano al subsecretario señalaron que, una vez que el gobierno le informó que evaluaba la decisión de recalificar la causa, Aleuy transmitió su desacuerdo con la estrategia.

El martes, ya de vuelta en Chile, Aleuy se reunió con Bachelet para notificar su renuncia, tras sentir que había quedado “sin piso político” para seguir adelante con sus funciones, según informaron a La Tercera las mismas fuentes cercanas al funcionario. Sin embargo, media hora después, la reunión terminó con un comunicado oficial de la Subsecretaría de Interior que anunciaba que Aleuy haría uso de 18 días de licencia reglamentaria y después retomaría su trabajo. La propia Bachelet dijo ayer que el subsecretario se tomaba “vacaciones” porque “necesita descansar”. A la vez, insistió en que el funcionario nunca le presentó la renuncia. “No hagamos de una no situación una situación, porque no hay una crisis en La Moneda. Aquí hay una situación en la que el subsecretario estuvo al tanto de todo lo que se hizo mientras estaba en Argentina”, explicó la mandataria a periodistas al salir de la sede presidencial.

Desde la oposición se preguntan si Aleuy efectivamente regresará después de la licencia, ya que consideran que el episodio debilitó su figura y puso en cuestión su influencia política en el gobierno.

El malestar de Aleuy también mostró las divisiones internas del gobierno alrededor del conflicto mapuche, una comunidad que desde hace décadas reclama tierras ancestrales en el sur de Chile, región que en los últimos años ha vivido episodios de violencia en los que han muerto mapuches y funcionarios policiales. Al mismo tiempo, muchos mapuches han sido procesados y condenados por diversos delitos –principalmente ataques a propiedades agrícolas, bosques, iglesias, escuelas, maquinarias y camiones– y para juzgarlos se les ha aplicado la ley antiterrorista.

Justamente, los cuatro mapuches juzgados en Temuco hacían la huelga de hambre por haber sido juzgados como terroristas. Los hermanos Ariel, Pablo y Benito Trangol Galindo, y Alfredo Tralcal Coche, están en prisión preventiva desde junio de 2016, imputados como autores del incendio de una iglesia evangélica, que fue atacada durante una ceremonia de culto en las afueras de Temuco.

El martes, la Corte de Apelaciones finalmente rechazó el recurso del gobierno, por lo que continuarán en prisión preventiva. El tribunal argumentó que la libertad de los imputados es un peligro para la sociedad y para los testigos protegidos de la causa. El fin de semana, tres de los activistas pusieron fin a la huelga de hambre, que actualmente mantiene solamente Ariel Trangol. Los cuatro se enfrentan a penas de cárcel de hasta 20 años, de acuerdo con la Fiscalía chilena.

Una encuesta de la consultora Plaza Pública Cadem reveló el lunes que 54% de los chilenos considera que se debe aplicar la ley común a los mapuches involucrados en hechos delictivos, frente a 39% que apoya la aplicación de la ley antiterrorista. Además, según el sondeo, 60% de los encuestados están en desacuerdo con una intervención del Ejército en La Araucanía, frente a 35% que la apoya.

Ante lo sucedido con Aleuy, la vocera del gobierno, Paula Narváez, insistió ayer en que “no hay ninguna contradicción” y aclaró que desde La Moneda siempre han invocado la ley antiterrorista frente a lo que entienden que son “acciones de carácter terrorista”. Matizó: “Lo que no nos parece atendible es que en Chile existe terrorismo generalizado, porque eso no es verdad”. Y concluyó: “Nosotros frente a la violencia tenemos una actitud de rechazo frontal y total, pero esa violencia se aborda por los canales institucionales que existen. No podemos establecer generalizaciones, ni en el territorio de La Araucanía ni en el resto del territorio nacional”.