Estados Unidos dio ayer un plazo de siete días a 15 funcionarios de la embajada cubana en Washington para que salgan del país. La medida, según argumentó el Departamento de Estado, fue adoptada con un criterio de reciprocidad, debido a que varios funcionarios estadounidenses debieron irse de Cuba por haber sido víctimas de supuestos “ataques” acústicos.
Según una nueva cifra divulgada ayer por Estados Unidos, fueron 22 las personas vinculadas con su embajada en La Habana que durante su estadía allí experimentaron diversos síntomas, entre ellos “problemas en el oído y pérdida de audición, mareos, dolores de cabeza, fatiga, problemas cognitivos y dificultad para dormir”.
Si bien el gobierno estadounidense no acusó directamente a Cuba y coopera con La Habana en una investigación abierta sobre esos incidentes, ayer tomó esta medida de expulsar a 15 funcionarios. “No es un castigo”, agregó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, y aclaró que no puede serlo porque Washington no sabe “qué o quién” es responsable de lo ocurrido a sus funcionarios. Pero agregó: “Nuestro personal está en riesgo. Cuba tiene la responsabilidad de ayudar ante eso y obviamente no lo está haciendo”. Antes, el viernes, el Departamento de Estado ordenó que todo el personal no esencial de su embajada en La Habana regresara a Estados Unidos.
Para el canciller cubano, Bruno Rodríguez, la decisión que tomó ayer el Departamento de Estado es “inaceptable”, “infundada” y de “carácter eminentemente político”.