“En los últimos dos años, las comunidades mapuches hemos padecido la violación de nuestros derechos de manera aun más fuerte que antes por parte del Estado, con una impunidad más descarada”, dijo ayer Fernando Jones Huala, integrante de la comunidad Pu Lof en la Patagonia argentina, en una conferencia de prensa que dio en Montevideo junto a la activista mapuche Soraya Maicoño y uno de los abogados de la comunidad, Carlos González Quintana. Allí se informó que para hoy a las 20.00 está prevista una audiencia, que no será pública, en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la desaparición de Santiago Maldonado en territorio mapuche. En esa instancia participarán la familia de Maldonado y el Estado argentino, representado por autoridades del Ministerio de Seguridad.

Las comunidades mapuches piden que se aplique una serie de medidas cautelares para proteger a la familia de Maldonado y a los mapuches involucrados en la causa, en particular a un testigo del caso.

González dijo que hay más de 150 mapuches desaparecidos desde el regreso de la democracia en Argentina, y responsabilizó por eso a las fuerzas de seguridad. En la conferencia, Jones Huala y Maicoño denunciaron la violencia que sufre la comunidad y la invisibilidad a la que estaban sometidos hasta la desaparición de Maldonado. Además, criticaron la estigmatización de los mapuches por parte de algunos medios de comunicación, y denunciaron que son perseguidos, tanto en Argentina como en Chile.

Jones Huala indicó que si bien hay temor en la comunidad, “no es tanto el miedo del oprimido como el del opresor a que crezca la conciencia del oprimido”, y dijo que están muy agradecidos por la reacción que ha generado en la sociedad el caso Maldonado. Por su parte, Maicoño criticó lo que consideró intentos del gobierno y de los medios de comunicación de “desviar la investigación y generar más miedo en quienes quieran dar testimonio”, y agregó que en la comunidad a la que pertenece no creen “en ningún juez” ni en la Justicia argentina. “La solución no es judicial, es política”, concluyó.