El gobierno de Michel Temer publicó en el diario oficial de Brasil una actualización de las normas que definen qué es el trabajo esclavo y cómo se controla, así como las reglas para la difusión de los nombres de las empresas que recurren a este tipo de prácticas. Esta decisión fue interpretada como un gesto del gobierno hacia la bancada ruralista, cuyo peso es clave en la Cámara de Diputados, donde esta semana empezará a votarse si se acepta la segunda y última denuncia contra Temer presentada por la Procuraduría General de la República.

En primer lugar, dispone que para que efectivamente exista un caso de trabajo esclavo, debe haber privación de la libertad de movimiento, una condición prevista por la Organización Internacional del Trabajo pero que no se exigía en Brasil hasta ahora. “Asociar todas las condiciones de trabajo esclavo con el ir y venir es totalmente despegado de la realidad que vive Brasil. El bien material protegido por el Estado en el combate al trabajo esclavo no es sólo la libertad, sino también la dignidad. Es un grave retroceso”, dijo al diario Folha de São Paulo el presidente del Sindicato Nacional de Auditores Fiscales de Trabajo.

Además, se establece que los inspectores deberán concurrir a hacer los controles acompañados por policías y deberán encontrar y documentar un caso de trabajo esclavo antes de denunciarlo.

Las nuevas normas también establecen que la “lista sucia”, en la que se publican los nombres de las empresas que utilizan trabajo esclavo, ya no será difundida abiertamente, sino que será incluida en la página web del Ministerio de Trabajo sólo en caso de que el ministro dé el visto bueno.

Las nuevas normas han sido criticadas por la oposición como un nuevo atropello del gobierno de Temer a los derechos de los trabajadores, después de una reforma laboral que todavía genera polémica.