El Parlamento catalán aprobó el viernes la independencia de Cataluña y, una hora después, el Senado español dio luz verde al gobierno del presidente Mariano Rajoy para aplicar el artículo 155 de la Constitución que lo autoriza a intervenir la autonomía de la región. Como consecuencia, todos los miembros de la Generalitat fueron cesados, incluido su titular, Carles Puigdemont, quien no reconoció su destitución e instó a los catalanes a “resistir”.

“En una sociedad democrática, son los parlamentos los que nombran a los presidentes”, dijo Puigdemont el sábado, un día después de haber sido separado de su cargo como presidente de Cataluña. Bajo ese argumento, dejó claro que no reconocía su destitución y llamó a los catalanes a mantener una “oposición democrática” a la aplicación del artículo 155, si bien no dio detalles sobre cómo hacerlo.

En una declaración institucional de tres minutos que fue emitida por el canal público catalán TV3, Puigdemont pidió a la ciudadanía que mantenga “la única actitud” con la que se puede “ganar” y que, a su entender, es el pacifismo y el civismo. “Sin violencia, sin insultos, de manera inclusiva, respetando personas y símbolos, y también respetando las protestas de los catalanes que no están de acuerdo con lo que ha decidido la mayoría parlamentaria”, dijo. A la vez, aseguró que la “voluntad” de su gobierno es “continuar trabajando para cumplir con los mandatos democráticos” y, al mismo tiempo, “buscar la máxima estabilidad y tranquilidad”.

El otro que no reconoció la intervención de Rajoy en la autonomía de Cataluña fue Oriol Junqueras, quien hasta la aplicación del artículo constitucional era el vicepresidente de la Generalitat. El presidente de Cataluña “es y seguirá siendo Carles Puigdemont”, afirmó Junqueras de manera contundente en una columna publicada ayer en el periódico El Punt Avui. “No podemos reconocer el golpe de Estado contra Cataluña, ni ninguna de las decisiones antidemocráticas que está adoptando el Partido Popular [PP] con control remoto desde Madrid”, agregó.

La escalada de tensión entre las autoridades españolas y las catalanas, que venía in crescendo desde el referéndum del 1º de octubre, estalló el viernes cuando, casi en simultáneo, las dos partes tomaron medidas diametralmente opuestas.

El Parlamento catalán fue el primero en reaccionar, al aprobar una resolución que declaró “la república catalana como Estado independiente y soberano, de derecho democrático y social” y llamó a iniciar luego un proceso constituyente. La votación fue secreta –70 diputados votaron a favor, diez en contra y dos se abstuvieron– y se llevó adelante sin la presencia de los 52 representantes que suman el gobernante PP, el Partido de los Socialistas de Cataluña y Ciudadanos.

La declaración del Parlamento catalán fue presentada como una “propuesta de resolución”, por lo que tiene valor político pero no jurídico, un factor que servirá a los independentistas a la hora de enfrentarse en los tribunales con la Fiscalía de España, que podría presentar hoy mismo una denuncia en su contra por rebelión, delito que es castigado con hasta 25 años de cárcel. La resolución de independencia tampoco fue publicada en el diario oficial.

En contrapartida

Tan sólo una hora después, en Madrid, el Senado español aprobó la activación del artículo 155, con el cual el gobierno disolvió el Parlamento catalán y cesó a Puigdemont, a Junqueras y a los ministros de la Generalitat. La medida también forzó la destitución del director de la Policía catalana, los Mossos d’Esquadra, Pere Soler, y del secretario general del ministerio del Interior regional, Cèsar Puig. También clausuró el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña y las nueve representaciones diplomáticas catalanas en el exterior. En total, fueron despedidos 141 funcionarios, informó La Moncloa. Todos los ceses de cargos se validaron formalmente el sábado, después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

En una declaración posterior a la sesión del Senado, Rajoy manifestó que las medidas adoptadas tienen como objetivo “recuperar la legalidad” y “restituir un autogobierno liquidado por una cadena de decisiones ilegales, arbitrarias y excluyentes”.

El presidente español anunció además la convocatoria a elecciones autonómicas anticipadas para el 21 de diciembre porque, dijo, “es urgente devolver la voz a los ciudadanos catalanes, a todos, y en las condiciones democráticas para que ellos decidan su futuro”.

Hasta ese día, las funciones y competencias del presidente de la Generalitat estarán en manos de la vicepresidenta de España, Soraya Sáenz de Santamaría, por decisión del propio Rajoy. La número dos de La Moncloa también asume, debido a su cargo, las potestades del vicepresidente catalán. Que la convocatoria a elecciones sea exitosa dependerá, en gran parte, de cómo Sáenz de Santamaría maneje la situación en los próximos dos meses.

Todavía no se sabe si las coaliciones catalanas que impulsaron la declaración de la independencia –Junts pel Sí y Candidatura de Unidad Popular (CUP)– se presentarán a las elecciones anticipadas. La CUP dijo ayer que “no descarta” la opción, ya que “no descarta nada”, pero aseguró que es un debate que tiene que hacer la militancia. Tampoco se conoce aún qué decisión tomará el Partido Demócrata Europeo Catalán de Puigdemont o Esquerra Republicana de Catalunya, el partido de Junqueras.

La activación del artículo 155 fue respaldada en el Senado por Ciudadanos y el Partido Socialista Obrero Español.

El secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, no se refirió específicamente al recurso constitucional, pero el viernes mostró su “profundo rechazo” a la declaración de independencia del Parlamento catalán, consideró que “el estado de derecho ni puede ni va a tolerar” la secesión y aseguró que “Cataluña seguirá siendo España”. A la vez, acusó a Puigdemont y a Junqueras de ser “los principales responsables de la fractura y el desgarro”.

En tanto, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, dijo el sábado que se sentía “orgulloso” de que su partido haya marcado el camino para frenar a los independentistas “aplicando la Constitución” y celebrando unas elecciones “libres, limpias y legales”. Ciudadanos había reclamado al gobierno español la aplicación del artículo 155. Ya con la cabeza en la campaña, agregó: “Ahora vamos a salir a ganarles. Porque la inmensa mayoría del pueblo español va a estar detrás de nuestra candidata, Inés Arrimadas”.

Rivera fue uno de los políticos que con más entusiasmo apoyaron la convocatoria a la manifestación que tuvo lugar ayer en Barcelona por la unidad de España y en rechazo al “ataque sin precedentes en la historia de la democracia” que supone la declaración de independencia catalana. La marcha, que fue convocada por la organización antiindependentista Sociedad Civil Catalana, reunió a más de un millón de personas, de acuerdo con los organizadores, una cifra que la Guardia Civil redujo a 300.000. El lema elegido esta vez fue: “Todos somos Cataluña. Por la convivencia, ¡cordura!”.

El propio Rajoy publicó en Twitter imágenes de la movilización y pidió “concordia, convivencia y cordura, democracia y diálogo en la ley”, en un mensaje que acompañó con el hashtag #TodosSomosCataluña.

Mientras tanto, los Mossos d’Esquadra recibían órdenes para retirar las fotos oficiales de Puigdemont y de otros miembros de su gobierno de todas las comisarías.