Organizaciones civiles colombianas denunciaron ante la CIDH la persecución sistemática contra líderes sociales

Una decena de organizaciones civiles manifestaron que la “violencia sistemática y generalizada” contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia no disminuyó después de los acuerdos de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Lo denunciaron en una de las audiencias públicas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desarrolla desde ayer en Montevideo. En una segunda audiencia, representantes de la sociedad civil acusaron al Estado colombiano de “inacción” frente a cuestiones establecidas en esos acuerdos, como el desmantelamiento del paramilitarismo.

De un lado de la sala, exponían los representantes de la sociedad civil, que convocaron la audiencia. Del otro, los del Estado colombiano. Las mesas de una y otra parte estaban enfrentadas, pero la oposición pretendía ser sólo física: el objetivo era llegar a un entendimiento, a una lista de soluciones, a algo más que promesas. Los primeros en hablar fueron los delegados de las diez organizaciones convocantes, que en líneas generales describieron la “crisis” que atraviesan los defensores de derechos humanos en Colombia, especialmente en las regiones más golpeadas por el conflicto armado.

Los delegados aseguraron que los líderes sociales colombianos viven una violencia “sistemática y generalizada” desde nueve años o más, aunque en esta ocasión se concentraron en el período 2016-2017. Las organizaciones consideran que las agresiones son “sistemáticas” porque se producen de manera reiterada y metódica contra personas “con características particulares” y que suceden “en un mismo período y espacio geográfico”. Según datos de la Fiscalía, 116 líderes sociales fueron asesinados en 2016 y otros 126 han muerto en lo que va de 2017. El último fue asesinado hace apenas dos días. Cerca de 20% son mujeres.

La mayoría de los homicidios tuvo lugar en zonas rurales y altamente militarizadas, lo que pone en evidencia las fallas en la estrategia del Estado para proteger a esta población más vulnerable, de acuerdo con la sociedad civil. También se caracterizan por ser territorios en los que se combatían las FARC y donde hay “cultivos ilícitos”.

Por otro lado, los expositores detallaron que quienes más sufren esta violencia son los campesinos, los afrodescendientes, los ambientalistas, los líderes comunales, los que se oponen a megaproyectos mineros y los que reclaman por la restitución de las tierras. Enumeró como ejemplo una redada que el domingo terminó con cuatro campesinos heridos, y en donde el “principal culpable” fue la Policía Nacional.

Otros factores que prueban que se trata de una persecución contra un colectivo específico, y no de hechos aislados, tienen que ver con que la mayoría de los asesinatos se produjo con armas de fuego y cerca de los domicilios de las víctimas. Además, en casi todos los casos “precede un seguimiento a las víctimas” y en muchos otros “preceden las amenazas”.

Los representantes denunciaron que estos asesinatos permanecen “en absoluta impunidad” frente a la “responsabilidad material e intelectual” de los responsables. Agregaron que una tercera parte de los hechos son cometidos por al menos 15 “organizaciones sucesoras del paramilitarismo”, como las Autodefensas Gaitanas de Colombia. La semana pasada, este grupo amenazó de muerte al partido de izquierda Unión Patriótica, para que no se postulen a las elecciones generales de 2018. Otra parte menor de estos crímenes es atribuida a la Policía y al Ejército, “como producto del uso desmedido de la fuerza en el marco de la protesta social”.

Las organizaciones ubican esta violencia “en el contexto de la administración del miedo, propia de la etapa de posacuerdo” y de implementación de la paz, y en momentos en que también avanza el diálogo entre el gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional.

Después de exponer los hechos, los representantes de la sociedad civil apuntaron directamente al Estado, al que acusaron de “no aceptar la situación”, a pesar del “grave contexto”, y de, por el contrario, contribuir con la “impunidad”. Entre otras cosas, denunciaron que la mayoría de los casos no se judicializan y que muchos suelen atribuirse a cuestiones personales, ignorando que forman parte de un plan sistemático. Además, señalaron que no hay respuesta inmediata por parte del Estado a los pedidos de protección por parte de quienes reciben amenazas, y muchos quedan en la nada.

Por estas razones, las organizaciones expresaron que “frente a la violencia sistemática contra los defensores y las defensoras de los derechos humanos, existe improvisación y falta de acción ante los ataques cometidos”, que se traduce en una importante “asimetría y desamparo” respecto del Estado, que no ofrece garantías ni de protección ni de no repetición de la violencia.

En otro apartado, los convocantes se refirieron especialmente a la situación que se vive en las zonas veredales, donde los ex combatientes de las FARC transitan su paso de las armas a la vida civil, y a las que ingresaron en el último tiempo “organizaciones criminales herederas del paramilitarismo” y narcotraficantes. Según denunciaron, los ex guerrilleros y sus familias viven situaciones de riesgo similares a las de los líderes sociales, y tampoco cuentan con la protección del Estado. De hecho, informaron que desde abril se registraron 26 asesinatos, en algunos casos con previa tortura. Por todo esto exigieron a las autoridades una implementación de los Acuerdos de Paz “con enfoque territorial”.

Finalmente, los delegados aclararon que la sociedad civil entiende que existen espacios de intercambio y participación con el Estado, pero considera que en la gran mayoría “no se logran respuestas” ni soluciones. Una de las representantes agregó: “Tanto es así, que esta audiencia nos parece repetitiva”.

Batería de recursos

La respuesta de los representantes del Estado colombiano fue, al menos, esperable. “Reconocemos la labor de los líderes sociales en la construcción de la paz en Colombia y por eso condenamos los homicidios”, dijo el primer expositor, al tiempo que prometió que el gobierno “no ahorrará esfuerzo alguno al tomar las medidas” para castigar a los responsables.

A continuación, una representante del Ministerio del Interior se refirió a los distintos mecanismos que implementa su cartera para dar una respuesta “efectiva y articulada” a la situación de los defensores de los derechos humanos. Mencionó, por ejemplo, las “misiones de verificación y monitoreo” ubicadas en las zonas más afectadas por el conflicto armado, los llamados “informes de riesgo” elaborados por la Defensoría del Pueblo para detectar los sectores de la población que corren peligro, la creación de la Comisión Intersectorial de Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, y la constitución de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que se formó a partir de los acuerdos. También la Fiscalía hizo su aporte e instó en las últimas semanas a no estigmatizar el trabajo de los líderes sociales y no obstaculizar las investigaciones, manifestó la funcionaria.

Por su parte, el director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa dijo que las fuerzas de seguridad públicas “contribuyen” a la “construcción de la paz” y enumeró algunos de los nuevos “planes de estabilización”, como la creación de un cuerpo de elite de la Policía encargado del “desmantelamiento” de las “bandas criminales”. A la vez, aseguró que cerca de 8.000 funcionarios policiales fueron desplegados en las zonas donde se concentran los ex miembros de las FARC y en “municipios priorizados”.

En tanto, la delegada de la Fiscalía dijo que la estrategia contra las agresiones a los líderes sociales tuvo “resultados sin precedentes”, puesto que 50% de los casos fueron esclarecidos. Esta información fue echada a tierra unos minutos después, cuando las organizaciones tuvieron su derecho a réplica.

Finalmente, uno de los integrantes de la Unidad Nacional de Protección –dependencia del Ministerio del Interior– pidió a las organizaciones sociales “más comunicación”, ya que, según dijo, en el último año “más de 60% de los agredidos” no había reportado amenazas.

Las organizaciones entienden que, en parte, la falla del gobierno en proteger a los líderes sociales radica en que la Fiscalía presenta constantemente “estrategias”, pero no tiene una “política integral” para encarar el problema.

La audiencia terminó con la intervención del comisionado de la CIDH Paulo Vannuchi, quien dijo que, a pesar de que “nada es perfecto”, los acuerdos de paz de Colombia son para el mundo “un ejemplo de solución que no permite la impunidad”.