El presidente de España, Mariano Rajoy, dio un plazo de cinco días para que el líder catalán, Carles Puigdemont, confirme si el martes “declaró o no la independencia”. En caso de haberlo hecho, Rajoy le da plazo hasta el jueves de la semana que viene para rectificarse. Si no lo hace, activará el artículo 155 de la Constitución, que lo autoriza a eliminar de manera forzada la autonomía de una región.

El Consejo de Ministros español decidió ayer de mañana, en una sesión extraordinaria, enviar al presidente de la Generalitat un requerimiento formal para que confirme si declaró o no la independencia de Cataluña durante la comparecencia del martes ante el Parlamento catalán. En esa instancia, Puigdemont generó confusión al anunciar que asumía el resultado del referéndum del 1º de octubre, a favor de la independencia de Cataluña, pero suspendía sus efectos temporalmente para iniciar una etapa de diálogo.

El requerimiento enviado ayer, y firmado por Rajoy, constituye la primera fase de la aplicación del artículo 155, en la que el gobierno central “avisa” a la comunidad autónoma que puede aplicar la norma y le da una oportunidad para que esta pueda revertir la situación. En el documento, el gobierno español afirma que la Generalitat cometió un “ataque al marco de convivencia establecido en la Constitución” al pretender “imponer” una independencia unilateral “mediante la utilización de las potestades públicas” sin “ningún control democrático”. El plazo para que el gobierno catalán se rectifique termina el jueves 19, según señala el texto.

Al salir del Consejo de Ministros, Rajoy explicó que se trata del “requerimiento previo a las medidas que el gobierno puede adaptar al amparo del artículo 155”, y que pretende “ofrecer a los ciudadanos la claridad y seguridad que requiere una decisión tan importante”.

Más tarde, el presidente español compareció ante el Parlamento para informar sobre la situación catalana. Allí, el mandatario urgió a Puigdemont a que acate el requerimiento y “certifique que no ha declarado la independencia” para poder iniciar un proceso de “diálogo” en el marco de la ley. “Si Puigdemont vuelve a la legalidad, se pondrá fin a esta época de incertidumbre y volverá el sosiego”, agregó Rajoy.

También aclaró que la decisión que tomó el Consejo de Ministros podría ser el paso previo a la aplicación del artículo 155, pero que no quiere llegar a ese punto y que prefiere, antes que eso, actuar “con prudencia” e intentar que Puigdemont dé marcha atrás.

Después de Rajoy, comparecieron ante el Parlamento los representantes de las distintas bancadas. Una vez más, la postura más conciliadora fue la de la coalición izquierdista Unidos Podemos, que pidió a la Generalitat que no declare la independencia de forma unilateral y al gobierno español que no aplique el artículo 155. Tanto el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, como el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, pidieron a Rajoy que responda al gobierno catalán y abra la puerta al diálogo.

En su intervención, Iglesias fue especialmente crítico con Rajoy, a quien le exigió que “deje de romper España”. Por su parte, Garzón insistió en que la cuestión catalana “es un problema de naturaleza política” y pidió hacer una revisión de la Constitución y aceptar que “España es plurinacional”.

En tanto, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, rechazó de manera tajante cualquier posibilidad de mediación con el independentismo, al que calificó de “el peor riesgo para Europa”. El líder de derecha se preguntó: “¿Cómo podemos dialogar con los que pretenden liquidar la ley?”. Y agregó que sería “imprudente” confiar “a un mediador internacional” un asunto que tiene que resolver el Parlamento de España. A diferencia de Garzón, Rivera opinó que la situación en Cataluña es un “problema económico y de convivencia”.

En una línea similar a la de Rajoy se manifestó la portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el Parlamento, Margarita Robles, quien respaldó el pedido del gobierno para que la Generalitat “vuelva al marco constitucional” y pidió a todos los partidos, incluidos los independentistas, que apuesten por la comisión de reforma de la Constitución que su grupo impulsó y a la que el gobernante Partido Popular accedió ayer a participar –a cambio del apoyo socialista a una eventual aplicación del artículo 155–.

Respecto de esto último habló más tarde el propio líder del PSOE, Pedro Sánchez, quien anunció que su partido “acompaña” al gobierno en el requerimiento a Puigdemont. Afirmó que es necesario clarificar “el pantano” en el que ese dirigente metió a la política catalana y matizó que el documento enviado ayer sólo inicia la posibilidad de la aplicación del artículo 155, pero no asegura directamente su aplicación. Finalmente, adelantó que “una vez evaluada la situación política catalana”, y “en un plazo no superior a seis meses”, el PSOE abrirá el debate de la reforma constitucional.