El alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, pidió ayer una investigación imparcial sobre la represión policial del domingo en Cataluña, que dejó cerca de 900 heridos para impedir que se votara en el referéndum independentista. “Estoy muy perturbado por la violencia que se produjo en Cataluña el domingo. Con cientos de personas heridas, urjo a las autoridades españolas a que aseguren una investigación rigurosa, independiente e imparcial sobre todos los actos de violencia”, dijo el funcionario en un comunicado, en el que llamó al diálogo político.

Antes, la Comisión Europea manifestó que “la violencia no puede ser un instrumento en política”. De todos modos, Jean-Claude Juncker, el presidente de esa institución, que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), expresó que en ese ámbito se sigue desconociendo el referéndum y que una Cataluña independiente quedaría fuera del bloque. Juncker también llamó al diálogo político y manifestó su confianza en que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, gestionará esta situación “en base a la Constitución y a los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Pese a esas declaraciones, que parecieron dejar la crisis en manos de España, el presidente catalán, Carles Puigdemont, volvió a reclamar la mediación de la UE en un diálogo entre el gobierno español y el catalán. Dijo que este es “un asunto europeo, no doméstico”, y que “la UE no puede mirar para otro lado”. Por otra parte, Puigdemont exigió que se retiren las fuerzas policiales que el gobierno de España desplegó en Cataluña y el fin de la intervención de las cuentas de la Generalitat.

Por su parte, Rajoy se reunió ayer con Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español, y con Albert Rivera, de Ciudadanos. Según informó la prensa española, Sánchez le reclamó a Rajoy una negociación inmediata con la Generalitat y manifestó su rechazo a la represión policial. A su vez, Rivera le transmitió a Rajoy que el gobierno debería aplicar el artículo 155 de la Constitución para asumir las competencias del gobierno de Cataluña y convocar allí elecciones autonómicas. El presidente español manifestó su disposición a escuchar a esos dirigentes, pero no dijo cuáles serán sus próximos pasos.